Nuestra capacidad para preservar las libertades se pone a prueba en estos tiempos de pandemia. Atravesamos una coyuntura en la que la cooperación y los consensos necesarios para afrontar el desafío presuponen información adecuada y compartida. Por lo tanto, la tarea de difundirla, como la de chequearla, contextualizarla, jerarquizarla, interpretarla y discutirla, redoblan su valor estratégico. También se redoblan las dificultades para llevar a cabo ese trabajo. Los medios y los periodistas deben reflejar y analizar la crisis del Covid-19 mientras la sufren.
El respeto por el trabajo periodístico, reconociendo los derechos que implica y preservando las condiciones necesarias para su desenvolvimiento, es una premisa ineludible para resguardar el vigor y la amplitud del debate que nutre a toda democracia. Las muestras de intolerancia contra la prensa y la crítica encienden las primeras señales de alarma para el mantenimiento de los acuerdos básicos que sostienen nuestra convivencia. Es preocupante, entonces, el enrarecimiento del clima en el debate público en nuestro país. Amenazas, declaraciones destempladas y señalamientos estigmatizantes estimulan el conflicto y la autocensura.
En los últimos meses, el periodista Luis Majul denunció ataques de sectores políticos y sindicales, que incluyen una extensa campaña de descalificación y una arbitraria vinculación de su nombre en causas de espionaje de las que el periodista señaló que es ajeno. Vinculadas a este último ámbito, se hicieron públicas operaciones de seguimiento ilegal en 2018, atribuidas a la anterior gestión de la AFI, contra los periodistas Rodis Recalt y Hugo Alconada Mon. Los amedrentamientos anónimos, en muchos casos muy graves como los destinados al periodista Diego Brancatelli, se incrementaron.
En junio, la vicepresidenta de la Nación publicó un video en el que aparecían imágenes de periodistas superpuestas a un discurso que condenaba la “cobertura de los medios hegemónicos” y denunciaba una “complicidad” con el gobierno anterior.
Eugenio Raúl Zaffaroni, exjuez de la Corte Suprema de la Nación y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que “los medios de comunicación son un partido único, con el equivalente al partido de Hitler”. Concepto aberrante que repudiamos enfáticamente.
La abortada cláusula contra la prensa, impulsada por el senador Oscar Parrilli en el debate sobre la reforma judicial, representó un riesgo para la libertad que requiere el periodismo. Fue una disposición ambigua, que actuaba como una amenaza indefinida para la labor periodística, cuya justificación implícita se apoyaba en la teoría del Lawfare, que plantea una supuesta connivencia entre sectores de la política, la Justicia y los medios.
Las agresiones verbales contra periodistas y medios por parte de funcionarios públicos y referentes de la política, además de los escraches e insultos que se multiplican en las redes, elevan el riesgo de que se produzcan ataques físicos como los que se registraron contra un móvil y cronistas del canal C5N en el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires, en una manifestación el pasado 9 de julio.
En distintos puntos del país, hubo abusos contra la labor periodística en la implementación de protocolos sanitarios o excesos en el intento de resguardar la salud pública con improcedentes medidas de ciberpatrullaje o el impulso de normas contra la desinformación que atropellan la libertad de expresión. En junio, el periodista chaqueño Gustavo Romero sufrió un allanamiento de Gendarmería con el propósito de verificar si era de su autoría una publicación sobre casos de coronavirus en su provincia. En julio, efectivos de la Policía de Santiago del Estero retuvieron sin causa al periodista cordobés Gabriel Varela y luego lo escoltaron hasta el límite de la provincia, bajo el pretexto del estricto cumplimiento de los protocolos de emergencia por el Covid- 19.
En agosto, entró en vigencia en Tucumán una ley sancionada por la Legislatura provincial que pena con multa o arresto de hasta 10 días a quien difunda “por redes sociales noticias que resulten total o parcialmente falsas”. Esta ley resulta incompatible con normas constitucionales y con estándares internacionales que protegen a la libertad de expresión en el sistema constitucional argentino. En una línea similar, se aprobó en Pichanal, Salta, una ordenanza en la que se apoyó el intendente local para multar al periodista Sebastián Domínguez por difundir “información falsa”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que la aplicación de cualquier medida penal a la difusión de informaciones u opiniones debe hacerse con carácter excepcional, ponderando la extrema gravedad de la conducta desplegada por el emisor, la existencia de intención y la magnitud del daño. La desinformación debe combatirse, fundamentalmente, con estrategias preventivas y con la promoción de contenidos periodísticos, que constituyen el mejor antídoto contra esta distorsión.
Las confusiones intelectuales en este terreno se replican, de manera análoga, en nuestro debate público en relación con la regulación de las plataformas. Países como Australia o los que integran la UE han sancionado directivas, leyes y reglamentaciones que protegen los derechos de autor en el mundo digital. Grandes empresas tecnológicas han aceptado la necesidad de regulaciones en ciertos ámbitos y en algunos casos avanzan con acuerdos con medios para remunerarlos por sus contenidos.
Las regulaciones no deben cercenar la libertad de expresión ni, en particular, inmiscuirse con los contenidos. Esto es algo que ocurre con lo dispuesto por el reciente decreto de necesidad y urgencia del Ejecutivo nacional, que declara servicios públicos, entre otras cosas, a la televisión por cable, una norma que no registra antecedentes en el mundo libre. Los avances legislativos en distintos países, el reconocimiento de los derechos de la industria periodística y la profundidad que adquiere la discusión pública sobre estas cuestiones abren un horizonte indispensable para la sustentabilidad del periodismo.
Esa sustentabilidad no es posible sin un sólido andamiaje institucional y económico, que ha sido afectado por la pandemia a nivel global. En la Argentina, fragilidades preexistentes y decisiones recientes socavan aún más las bases en las que se apoya una prensa libre y dinámica. Como sostenía Gregorio Badeni, sin independencia de poderes y un ámbito propicio para el desarrollo empresarial, la libertad de prensa es un concepto abstracto. Más aún, la autonomía de la prensa y la independencia de la Justicia son indicadores de la propia salud de la República.
Vivimos tiempos complejos que requieren cuidados especiales. Las tensiones, urgencias y expectativas se multiplican en nuestra sociedad. También crece el riesgo de deteriorar severamente el clima que requiere la discusión pública para afrontar sus retos y resolver sus problemas. Existe una responsabilidad primaria de los gobiernos, a nivel nacional y local, en la preservación de ese clima. Pero el resto de los sectores de cada comunidad deben contribuir al intercambio de ideas y la búsqueda de consensos, evitando que los argumentos sean reemplazados por descalificaciones o las razones por violencia.
* Informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de ADEPA
