Alberto Fernández es quien toma las decisiones. Fue él quien decidió hacer lo que, a los gritos, le ordenó la vicepresidenta. Podría haber resistido. Incluso pudo haber respondido a las humillaciones que le propinaron. Pero el presidente hizo uso de sus atributos y decidió obedecer.
Lo doblegó el piquete de ministros cristinistas y el bombardeo de insultos y denigraciones.
Fue un ataque de alta precisión. Además de llamarlo “enfermo” y “ocupa”, la diputada Fernanda Vallejo dijo que Alberto Fernández es un “mequetrefe que no sirve para nada”.
Quienes fueron al diccionario por la palabra que, junto a “tunante” y “badulaque”, usaba el coronel Cañones contra su sobrino Isidoro en la historieta de Dante Quinterno, encontraron que “mequetrefe” describe a un impostor bueno para nada, un arrogante inservible, según la raíz etimológica: el término árabe “muhatrif”.
Eso que se “arroga” el presidente, según la vicepresidenta y la diputada cristinista, es nada menos que la autoridad, o sea la potestad de decidir las acciones del gobierno que preside.
El acribillamiento tuvo tanta saña que dañó la trinchera propia. Buscando destruir cualquier mérito del presidente, atacó la gestión de la pandemia. Reveló que “más allá de lo que dijimos de la boca hacia afuera” la dirigencia K sabe que “fue pésima”, que la cuarentena estuvo mal gestionada y que la cantidad de muertos por millón de habitantes es igual a la de los países cuyos gobiernos minimizaron la pandemia. Una bomba sobre millones de militantes y adherentes que, en las redes y en los grupos de whatsapp, “militaron” las medidas implementadas como si fuese una gesta sanitaria.
En el oficialismo chocaron la concepción del poder político como fuente que legitima la autoridad, contra la concepción que legitima a la autoridad emanada de la Constitución. O sea, la visión que coloca la autoridad en el poder político y la visión que coloca el poder en la autoridad institucional.
A la batalla la inició la líder que tiene poder político, contra el hombre que tiene la autoridad institucional.
Según esa institucionalidad, el presidente es mandatario de la ciudadanía. Pero según Cristina, la mandante es ella, por haberle conferido la candidatura que lo convirtió en mandatario. Se lo disparó Vallejo a quemarropa y lo gatilló la vicepresidenta en su carta pública, como tiro de gracia.
Rousseau sostuvo que la única decisión soberana del ciudadano de la democracia representativa, es votar a su representante, porque cuando éste asume, esa soberanía desaparece. En el caso de Alberto Fernández, su última decisión soberana fue cumplir el ultimátum de la vicepresidenta.
Pudo decidir lo contrario. Le bastaba con aceptar las renuncias ofrecidas o decir a los dimitentes que, si no estaban dispuestos a acatar su autoridad, convirtiesen su ofrecimiento en renuncia indeclinable. No estaba obligado a romper con Cristina, sino a preservar los atributos que le confiere la Constitución. Pero decidió no hacerlo.
Desde entonces, la autoridad real no coincide con la autoridad institucional.
La batalla estalló porque el resultado de las PASO enfrentó intereses contrapuestos. La prioridad de la vice son estos dos meses y la del presidente los siguientes dos años. Cristina quiere revertir en noviembre, a como sea, la derrota en las PASO. Para ella es crucial una mayoría parlamentaria que le permita reforma judicial y poderío político para conjurar los procesos que la acorralan.
Necesita que las urnas le den armas institucionales y políticas para resistir el avance de esas causas. Pero Alberto no estaba dispuesto a revertir “a como sea” el resultado de las PASO, porque su prioridad no está en éstos dos meses, sino en los siguientes dos años.
El presidente no quería hipotecar la segunda mitad del mandato por no quedar en minoría. Es normal que los gobiernos pierdan elecciones legislativas y él es habilidoso en escenarios transversales, como demostró al comienzo de la pandemia. Le sería más fácil transitar los siguientes dos años buscando acuerdos puntuales en Congreso, que cumpliendo las órdenes de su vicepresidenta.
Los enfrentamientos entre presidentes y vicepresidentes son una constante histórica. En México no hay vicepresidente porque el congreso constituyente de Querétaro abolió ese cargo en 1917, argumentando que los vices son “aves negras” de las instituciones”.
En Paraguay el vicepresidente Luis Argaña enfrentó al presidente Raúl Cubas hasta que lo acribillaron a balazos. Después, el vicepresidente Federico Franco enfrentó a Fernando Lugo hasta que logró reemplazarlo.
En Honduras, Elvin Santos estuvo en la vereda de la conspiración que derribó a Manuel Zelaya; Michel Temer allanó el paso al impeachment contra Dilma Rousseff en Brasil y en Ecuador Lenin Moreno y Jorge Glas confrontaron al todo o nada.
La diferencia con el caso argentino, es que la vicepresidenta no quiere quitarle al presidente el cargo, sino los atributos del cargo. Y de momento, lo está logrando.
