Mendoza parece destinada a volver siempre al inicio. A ese lugar donde nada se resuelve y todo es espera. Una espera que es expectativa y a la vez frustración. Pero nunca resolución. Así vivimos hace décadas. Nada se hace en los plazos lógicos. Todo lleva décadas. Primero de debate, luego de decisión y al final de ejecución. Todo es cuesta arriba, como si siempre camináramos hacia la cordillera y no hacia el valle.
El caso Portezuelo del Viento es un ejemplo. El más reciente, pero no el único. ¿Acaso cuánto demoró el paso Pehuenche? ¿Cuántos años se soñó el dique Potrerillos? ¿Y el ambicioso proyecto hidroeléctrico Los Blancos? Hasta se firmaron el financiamiento nacional y la adjudicación en una visita de Cristina Kirchner en junio de 2015. Pura campaña.
Aquella foto del gobernador, Rodolfo Suárez, haciendo cola el 21 de diciembre en la Casa Rosada fue la primera escena del último capítulo de este drama provincial. Llevaba en sus manos, como un ciudadano más, un pedido para que el presidente, Alberto Fernández, definiera de una vez si había que hacer o no un nuevo estudio de impacto ambiental .
Después de eso, el Gobierno comenzó el operativo comunicacional para darle un nuevo destino a esos 1.023 millones de dólares que la Nación está pagando en cuotas.
La seguridad de que la decisión sería contraria a Mendoza, en el mejor de los casos, o que no habría directamente respuesta, sumando incertidumbre, llevaron a preparar el terreno. El dinero se usaría en otras obras urgentes para mejorar el uso del agua.
Como siempre, hubo dos reacciones. Una de apoyo. Los que hace rato dicen que ya no conviene hacer Portezuelo. Otra de rechazo. Los que esperan la obra para ganar dinero o tener algún beneficio.
Entonces, cuando la cuenta regresiva estaba llegando a su fin, apareció el peronismo, que se había mantenido en un sospechoso silencio.
Todos los dirigentes que se manifestaron en los últimos días dijeron apoyar la represa, aunque durante los ocho años de Celso Jaque y Francisco Pérez el acuerdo se guardó en un cajón y se apostó todo a Los Blancos. Así como el radicalismo archivó la obra en el Valle de Uco y volvió a impulsar la de Malargüe.
Unos y otros eligieron volver al inicio con ambiciones refundacionales.
Releídas después de consumados los hechos, las palabras de Anabel Fernández Sagasti en Twitter fueron premonitorias. Está claro que juega con las cartas marcadas cuando se trata de decisiones nacionales.
La respuesta del ministro del Interior, Wado de Pedro, fue inesperada y demoledora para la estrategia oficial. El argumento es que el gobierno de Suárez nunca completó el trámite para solicitar el laudo.
Todo quedó, según la interpretación del ministro, en un pedido verbal. El Gobierno provincial se aferra al acta de aquella reunión de junio de 2020 y dice que bastaba ese planteo allí plasmado para ejecutar el laudo.
Dimes y diretes que llevan a ningún lado.
Pero está claro que la decisión nacional obligó a recalcular los pasos. Suárez anunció que va a insistir y dejó de lado por ahora el plan para reorientar esos 1.023 millones de dólares que había admitido e impulsado públicamente el último día de 2021.
Las presiones externas e internas y la lejana posibilidad de ver a los malargüinos tomando las calles parecen haberlo convencido, aunque la respuesta nacional pueda tardar otros seis meses. Así, el tiempo pasa y el mandato de Suárez se consume.
Políticas de Estado
Las ínfulas refundacionales que guiaron a peronistas y radicales en una decisión tan necesaria y la vez tan técnica como qué dique conviene hacer tal vez sean la mejor explicación de nuestro estancamiento. Muy lejos de las políticas de Estado que siempre se proclaman imprescindibles en las campañas.
José Octavio Bordón, el hombre que fundó el ciclo más exitoso del peronismo en Mendoza y jugó en las primeras ligas nacionales en serio, apuntó a esa falta de políticas de Estado en una entrevista publicada por Los Andes el domingo pasado.
Allí remarcó dos ejemplos que él protagonizó al continuar gestiones iniciadas por su antecesor, el radical Felipe Llaver: la Escuela de Medicina Nuclear y el traspaso de los Nihuiles de la Nación a la Provincia. Hoy sería imposible. La grieta manda.
Bordón también dejó un consejo en sus respuestas: “Si uno no se prepara, después se hace muy difícil gobernar”. Su proyecto nació tras la derrota de 1983, cuando impulsó la renovación peronista, y su lanzamiento fue tras otra derrota, la de 1985.
Cuando faltan menos de dos años para las elecciones, en Mendoza no hay candidatos lanzados. En el oficialismo porque Suárez obturó cualquier postulación para demorar la pelea por la sucesión y la consecuente debacle de su poder. En el peronismo, porque nadie quiere agarrar la brasa ardiente.
Esto no significa que nadie esté trabajando ya con el objetivo de ser candidato. No hacerlo, lo dejó en claro Bordón, sería casi una irresponsabilidad. Pero condicionados por las situaciones partidarias, prefieren no hablar de candidaturas ni de planes.
El próximo gobernador recibirá una provincia que produce lo mismo que hace una década con 200 mil habitantes más. Un Estado que en 2021, después de 13 años, volvió a tener superávit primario, pero sólo porque hubo una alta subejecución de la obra pública. A la vez, deberá cancelar durante sus cuatro años de mandato 315 millones de dólares de capital de la deuda.
Omar de Marchi, líder del Pro mendocino, es quien más ha explicitado su intención de ir nuevamente por la candidatura a gobernador. A priori, corre de atrás. Pero ya tiene en mente las ideas que aplicaría.
La primera es una transformación del sistema educativo, en particular en el proceso de transmisión del conocimiento, a través de la tecnología. Otra pata clave para su proyecto es la vivienda, con fondos que buscaría en el mercado de capitales.
La tercera es adaptar la matriz productiva a los tiempos que vienen, fundamentalmente a partir de la gestión del agua, eficientizando su uso y aplicando la tecnología disponible.
En el radicalismo, hay varios nombres que circulan, ya se sabe. Todos son intendentes: Ulpiano Suárez (Capital), Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz), Daniel Orozco (Las Heras) y, más por otros que por él, Marcelino Iglesias (Guaymallén).
El hecho de ser parte del oficialismo hace que muchos digan que sus planes son los del proyecto político que integran. Pero entre ellos, García Zalazar tiene su agenda propia, según cuentan en su entorno.
Potenciar aún más el turismo aprovechando la capacidad instalada es la opción más rápida. La economía del conocimiento es otra apuesta explican en su equipo por el alto valor agregado y las exportaciones, además de las inversiones que puede atraer.
Las energías limpias son un punto clave en el plan. Ya ha experimentado esa vía en su municipio y la idea es desarrollarlas en la provincia con financiamiento internacional. Una pista de la política educativa que puede proponer la aporta el programa piloto que, junto a la DGE, se aplicará este año en 10 escuelas de Godoy Cruz con aulas tecnológicas y conectividad full.
En el peronismo se hacen los distraídos. Como ironizó un dirigente hace un tiempo, sobran los candidatos a diputado nacional para 2023.
La senadora Fernández Sagasti pareció correrse de otra postulación luego de perder las legislativas en noviembre. Aseguró que ella va a ser una más dentro del PJ, pero no dijo que no va a ser. En su equipo cuentan que el programa de gobierno de 2019 ha ido evolucionando por si el peronismo lo necesita.
Hoy contempla aplicar un plan integral turismo, con el blanqueo del empleo; potenciar las escuelas técnicas, con conocimientos que puedan aplicarse al agro y la metalmecánica, y apostar a la industria del conocimiento, no sólo en software sino también en biotecnología.
Todos los planes giran sobre los mismos temas en definitiva: la educación y la tecnología como ejes del desarrollo. Aunque con variaciones, nada que no se haya escuchado antes. Tal vez la coincidencia de uno y otro lado sirva para que de una vez por todas se acuerden políticas que trasciendan a un proyecto político.
