La Corte de Apelaciones de New York extendió el plazo hasta el 22 de febrero, para que la Argentina presente los fundamentos de la apelación contra la condena dictada por la Jueza Loretta Preska contra el país, y posiblemente contra YPF, por la suma de 16.000.000.000 millones de dólares.
Así como ocurre con la inflación, la pobreza, el endeudamiento, las exangües reservas del Banco Central, los índices de corrupción, entre otras calamidades, con este caso nuestro país ha batido tristemente un nuevo récord mundial, con la mayor sentencia de condena emitida por los tribunales de los Estados Unidos.
Como toda historia de fraudes y corrupción, la desinformación es la clave del éxito para la impunidad y, a tal fin, los perpetradores del ilícito y los desprevenidos con buenas intenciones, vociferan al unísono que la millonaria condena contra nuestro país y posiblemente contra YPF, es producto de la mera impericia de Kicillof y Zannini, y que los funcionarios de Cambiemos, responsables del caso YPF entre 2016 y 2019, nada tenían para hacer, porque era un “juicio perdido”.
Pero no fue impericia. Fue un fraude diseñado hasta el mínimo detalle, a partir de abril de 2012, por el máximo cerebro de la gestión kirchnerista, Carlos Zannini.
Lo cierto es que la gestión de Cambiemos a cargo del heredado caso YPF, hubiera podido hacer mucho para evitar la condena contra el país, empezando por no encubrir a los responsables del saqueo. Y, claro está, defender honestamente a la Argentina y a YPF, en los estrados judiciales de New York, como así también impulsar las denuncias penales promovidas por la Dra. Elisa Carrió, por la Unidad de Información Financiera (UIF) -a cargo de los doctores Mariano Federici y María Eugenia Talerico, entre otros- como así también las demandas comerciales instauradas en los tribunales de nuestro país por accionistas minoritarios.
Pero todo lo contrario: tales funcionarios responsables del caso YPF, quisieron borrar sus huellas, cuando, poco tiempo después de la derrota en las PASO del 2019, y previendo la vuelta de Zannini al nuevo gobierno, presentaron -tarde, y como quien no quiere la cosa, un escrito denunciando que tal juicio sería un “posible” fraude, y solicitando un discovery (apertura a prueba) a sabiendas de que, meses después, el Dr. Zannini lo desactivaría, tal como sucedió.
No contentos con esta intentona, también dejaron sus huellas en la causa penal, con la complicidad del Juez Ariel Lijo, y en las demandas que se tramitan en el fuero comercial, defendiendo sin pudor los intereses de los saqueadores.
Es cierto que el Estado argentino e YPF incumplieron con lo estipulado en el estatuto de la empresa. Como es sabido, las empresas del Grupo Petersen de los Eskenazi y los funcionarios cómplices de la gestión kirchnerista, saquearon, depredaron y vaciaron YPF, dejándola en ruinas, batiendo así otro lamentable récord, al registrar YPF una pérdida de su valor bursátil en la bolsa de valores americana (NYSE) de más de 15.000 millones de dólares, constituyéndose de esta manera en el cuarto fraude bursátil más grande de la historia de los Estados Unidos, detrás de Enron (US$.55 billones), Maddof, (US$ 44 billones) y MF Global (US$ 36 billones).
Nótese la tremenda ironía de que la cifra del desfalco en YPF es similar al monto de la condena en la Corte de New York, es decir que los argentinos de a pie perdemos por partida doble.
Cabe destacar que a los conocidos saqueadores que diseñaron y ejecutaron este billonario y mal habido negocio contra las arcas del país y de YPF, se sumaron una turba de inescrupulosos que son los que le habrían comprado al fondo buitre Burford - especializado en litigar en el mundo con títulos de deuda- participaciones en las ganancias de la futura condena contra el país e YPF.
Como denunció el periodista Marcelo Bonelli de Clarín, esa carroñera compra realizada en 2017 les permitió adquirir el 10 por ciento de los beneficios de la condena, al irrisorio precio de 60 millones de dólares, cuando la valoración bursátil daba cuenta de que deberían haber abonado 600 millones de dólares.
Es dable presumir – porque nunca se aclaró- que tal irrisorio precio pudo implicar la promesa de “beneficios extras” por no defender correctamente al Estado argentino y a YPF en la Corte americana, lo que finalmente dio sus frutos con el fallo adverso de la jueza Preska, así como repeler cualquier intento de reclamo en los tribunales argentinos.
Encima, así como se presentan las cosas hasta el momento, estos servicios “non sanctos” les reportarán a los ideólogos de la maniobra, además, la friolera de 1600 millones de dólares de manera directa por la condena total de 16.000.
En efecto, el fondo Burford acordó con las quiebras del Grupo Petersen de los Eskenazi, en trámite en los tribunales de Madrid, que el 30 por ciento de la condena en los tribunales de New York, es decir la suma de 4.800 millones de dólares, deberán ser depositados en dicho proceso falencial, para cancelar a los acreedores que verificaron sus créditos.
El total de los créditos verificados en las quiebras del Grupo Petersen ascienden a la suma de 2.000 millones de dólares.
Una simple cuenta matemática arroja que sobrarían unos 2.800 millones de dólares, cuyo destino, conforme a ley española, sría la casa matriz del Grupo Petersen, radicada en Australia, cuya titularidad accionaria, con acciones al portador, es de los Eskenazi y, según numerosos mal pensantes, de Cristina Fernández de Kirchner, que habría recibido como contraprestación por el regalo del 25 por ciento de las acciones de YPF. Lo que significa que luego de este “regalo” y de su probado mal comportamiento al frente de YPF, los Eskenazi recibirán otro regalo adicional de unos 2.800 millones de dólares.
Para contentar a todos y que nadie se sienta excluido del festival depredador contra la arcas del Estado, la astucia del malhechor previó una compensación o yapa adicional para Repsol, por un total de 1.000 millones de dólares, ya que la empresa española se presentó en la quiebra del Grupo Petersen en Madrid, a reclamar sus créditos, aún cuando, bajo los términos del turbio acuerdo por el pago de la expropiación a Repsol en el 2014, ésta desistió de cobrar un dólar más al Estado argentino y/o a YPF, luego de que este le pagara la suma de 10.000 millones de dólares por la expropiación.
Hoy tristemente vemos que quienes por acción u omisión fueron compinches de los saqueadores durante el gobierno de Cambiemos, en vez de apostar a que se reabran las denuncias y demandas ya presentadas en los tribunales argentinos, además de enjuiciar al Dr. Lijo, revisar la actuación del directorio de YPF durante el periodo 2016 - 2019, y promover una denuncia penal en la Corte americana, por el contrario soplan al oído del presidente Milei diciendo que hay que cumplir con el pago de la condena para revertir la imagen que se tiene del país, como incumplidor serial.
Esperemos que el Presidente Milei desoiga al coro de pillos con buenos modales, y entienda lo que implicaría entrar de lleno en el peor eslabón del fraude, como es “pagar lo que no es debido, a sabiendas de ello”.
El presidente Milei está informado, ahora depende de él impedir que el país dilapide, en beneficio de esta siniestra casta, la friolera de 16.000 millones de dólares, mientras los argentinos de a pie, nos debatimos en la supervivencia cotidiana.
Impulsar una Comisión Investigadora con esta nueva conformación del Congreso echaría luz sobre los ilícitos de este lamentable proceso que ha derivado en un vergonzante fallo condenatorio para la Argentina.
