La política argentina no logra ponerse de acuerdo en nada. Miento. Los políticos argentinos, mejor dicho, se ponen de acuerdo siempre para mantener sus privilegios.
En las últimas cuatro décadas pero, en especial, desde la crisis del 2001 no lograron alumbrar ni una sola política de Estado. A pesar del “que se vayan todos” no sólo no se fue casi nadie sino que no cambiaron ni una sola de las prácticas que consagran sus diferencias con el resto de la sociedad.
Aquel crack que arrasó con empresas, empleos, ahorros y sueños sólo profundizó la decadencia. La política, los políticos, no encontraron ninguna idea transversal para una educación acorde al siglo XXI, ningún plan común para desarrollar la economía, ningún rumbo para mejorar la calidad institucional.
En cambio, se multiplicó la pobreza, se consolidó la economía informal y se agigantó el Estado hasta hacerlo casi una bolsa de trabajo improductivo. Seis de cada diez argentinos lo prefieren como salida laboral, en busca de ingresos seguros, antes que exponerse a la intemperie de emprender un negocio propio o trabajar en una empresa privada.
Saben que ahí los espera una maraña de impuestos, las rigideces de la legislación laboral y regulaciones que llegan hasta imponer precios. Los datos sirven para explicar: mientras los asalariados del sector privado crecieron 9,9% desde 2007, el sector informal y de cuentapropistas lo hizo 15,4% y el sector público subió su planta 46,3%.
Nuestro país ostenta el récord de tener 163 tributos activos entre nacionales, provinciales y municipales, 16 de los cuales fueron “creados” por el actual Gobierno nacional en apenas dos años de gestión. Así, la presión fiscal respecto del PBI que llegó al récord de 31,5% en 2015 (fines de la gestión de Cristina Kirchner), se redujo a 28,7% en 2019 (administración de Mauricio Macri), cerró en 30,5% el 2020 (gobierno de Alberto Fernández) y apunta a terminar este año con una presión superior a la de 2015.
La política, nuestros políticos, se ponen de acuerdo para este tipo de asuntos. Ahí no hay grieta. Es sencillo firmar un “consenso fiscal” en el que el ajuste lo hacen los que pagan impuestos. Además de los distorsivos gravámenes al consumo, a las ganancias (que insólitamente pagan asalariados y hasta jubilados), a los bienes personales y a las grandes fortunas, se le sumará el impuesto a la herencia, es decir, el tributo que cobrará el fisco a los deudos de los difuntos.
Ni una línea firmaron el Presidente y 23 gobernadores sobre un plan para bajar el déficit fiscal y los gastos del Estado (para muestra un botón: Aerolíneas Argentinas se lleva 1,8 millón de dólares por día de las arcas estatales). Ni un artículo que apunte a incentivar la inversión y la producción.
Hay experiencia. El fugaz acuerdo para bajar Ingresos Brutos firmado con Macri logró una módica reducción de 0,4 puntos porcentuales (de 5,3 a 4,9) de tributos provinciales que, apenas asumido y con la excusa de la pandemia, Fernández borró de un plumazo. El conjunto de gobernadores ya a principios de 2021 había producido un aumento de 0,2 pp.
Los políticos, nuestra política, se distrae borrando con el codo lo que escribió con la mano. En apenas cinco horas, senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires habilitaron las reelecciones de intendentes. Con el argumento de subsanar una supuestamente defectuosa reglamentación de la ley que terminaba con las reelecciones indefinidas votaron sin distinción de color político, aunque con algunas excepciones.
Asi, triunfó la estrategia de una veintena de intendentes, en su gran mayoría del PJ, que habían pedido licencia para ir a otros cargos y, de ese modo, volver a presentarse en el 2023. Ahora, habrá casos que podrían completar cinco mandatos seguidos y una larga lista que llegaría a los cuatro ya que el límite se corrió cuatro años más.
La conclusión parece obvia: son todos los mismo. ¿Y por casa?
Suenan a excepciones. Desde la gestión de Alfredo Cornejo, en 2017, comenzó una progresiva rebaja de alícuotas e incluso tasa cero para Ingresos Brutos que ya alcanza a más de 200 actividades y se ampliaría a unas 70 más en 2022. El gobernador, Rodolfo Suárez, en tanto, pese a que firmó el “consenso” jura que no aumentará ni creará nuevos impuestos.
Respecto de las reelecciones, hasta ahora ninguno de los intendentes mendocinos alcanzado por el límite plebiscitado en 2009 que Cornejo impuso por decreto recién en 2018 parece dispuesto a resistir la restricción.
De ahí que intentaremos no ser tan lineales. Tomemos esta modesta columna como un grito para que despierten, para que cumplan con su palabra, para que de una vez por todas trabajen para la sociedad. Que para eso los votamos. Feliz 2022.
