El 21 de enero tuvo lugar en Lima la XXIV Reunión de Cancilleres de la CAF. La Corporación Andina de Fomento está constituida por cuatro países: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Es una subregión que está unida por geografía, factores étnicos e históricos. Por primera vez participaron los cuatro ministros que tienen la competencia de seguridad interior y defensa, dada la magnitud que ha alcanzado en esta región el crimen organizado, y en particular el narcotráfico, que se está constituyendo en narcoterrorismo. Se lanzó un sistema de coordinación entre las cuatro naciones para enfrentar y combatir este problema.
Cabe señalar que la integran dos países con gobiernos que pueden ser denominados de centroderecha, como Perú y Ecuador, y otros dos de centroizquierda o progresistas, Colombia y Bolivia. La coordinación entre ellos se hace imprescindible dado el incremento de la amenaza que pone en jaque la gobernabilidad y puede llevar a estos países a una situación de “estado fallido”.
Hasta el momento, la CAF destacaba por su estructura financiera, que funcionaba a través de un banco y que había alcanzado importancia extrarregional.
Pero las circunstancias han llevado a que los gobiernos revitalicen su faz política. Es posible que se inviten observadores y a otros países de la región, que en el futuro podrían compartir la iniciativa. Tal sería el caso de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, los cuatro integrantes del Mercosur. También lo sería Chile y más complejo es el caso de Venezuela.
El problema trasciende cada vez más el campo de la seguridad y compromete lo político, tanto en la gestión de gobierno como en los procesos electorales. Una manifestación de ello es la próxima elección presidencial de El Salvador, que tendrá lugar el domingo 3 de febrero. Los sondeos anticipan un triunfo aplastante del actual presidente, Nayib Bukele, con más del 80% de los votos. Ese alto consenso ha sido alcanzado ante todo por su política en materia de seguridad, difundida internacionalmente por fotografías de los penales con imágenes de los presos severamente tratados.
Este es un punto central, porque las cárceles se han ido transformando cada vez más en ámbitos controlados por los delincuentes apresados. Las manifestaciones más críticas de este fenómeno se dan en Ecuador, como se puso en evidencia en las últimas semanas, y antes de ello en Venezuela. Pero también las grandes cárceles brasileñas de las ciudades principales (San Pablo y Río de Janeiro) sufren el fenómeno de detenidos manteniendo el control interno en cárceles, o por lo menos en partes de ellas.
Recientemente, la información de inteligencia sobre la región de Amazonia da cuenta que el crimen organizado centrado en el narcotráfico y la minería ilegal está creciendo en dicha región. Ecuador quizás ha sido la manifestación más extrema, como se registró en los primeros días del gobierno del nuevo presidente, Daniel Noboa, donde fueron tomadas numerosas cárceles, secuestrados casi doscientos guardias y ocupado un canal de televisión.
Asimismo, fueron muertos funcionarios judiciales que llevaban causas contra narcotraficantes. El problema no ha cesado ni mucho menos. El 21 de enero, sesenta y ocho personas fueron detenidas cuando intentaban liberar al jefe de un cartel detenido en una cárcel. En el resto de la región, la amenaza también se siente en forma creciente y se ve el caso de Ecuador como anticipo de lo que puede generalizarse regionalmente.
Los países de la CAF aparecen en América del Sur como el área más amenazada. En Bolivia hay una larga historia de organizaciones de productores de coca y de grupos indigenistas que viven de ella, que han generado protestas violentas intermitentes. Estados Unidos había instalado en dicho país, hasta la llegada al poder de Evo Morales, delegaciones importantes de la DEA, que después fueron retiradas o reducidas.
En Perú, el narcotráfico ha tenido en las últimas décadas una presencia creciente, primero con vinculaciones con la guerrilla de izquierda y después con grupos del crimen organizado que buscan influir en legisladores.
El gobierno de Ecuador informó el 22 de enero que hay ochenta pasos ilegales utilizados para el tráfico de armas en la frontera peruano-ecuatoriana. El ex presidente Rafael Correa, durante su gobierno, hizo retirar una base militar antinarcóticos estadounidense ubicada en la región de Mantra.
Pero Ecuador es el caso crítico, que en el último lustro pasó de 6,8 homicidios cada cien mil habitantes a 45, de acuerdo a Naciones Unidas. Pero más allá de la situación muy difícil de los cuatro países de la CAF, el problema requiere hacer efectiva la cooperación en el ámbito de América del Sur. El narco más importante de Ecuador, cuya evasión provocó la reciente revuelta sangrienta en los penales de este país y sus consecuencias, “Fito” Macías, se había trasladado a Argentina. El fiscal ecuatoriano que lo detectó fue asesinado y Macías logró eludir la detención en Argentina y su paradero es hoy incierto.
El problema requiere también una política global. La experiencia ha demostrado que mientras el flujo de dinero del mercado consumidor que está en los países desarrollados -Estados Unidos y Europa- hacia América Latina, que es productor para ellos, no se detenga, el problema no podrá ser contenido. Actualmente los puertos de Holanda y Bélgica se han transformado en la entrada más relevante del narcotráfico, que desde América Latina se dirige a Europa.
Sin coordinación de los países consumidores, es difícil que la amenaza sea contenida con eficacia.
* El autor es Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
