A comienzos del presente año, el Superintendente de Irrigación creó la Dirección de Gestión Ambiental, renovando su gestión bajo una visión de carácter más ambiental.
No obstante, en la actualidad el tema aluvional no recae con exclusividad dentro de la estructura del Departamento General de Irrigación (DGI). No se desconoce que en ciertos momentos del pasado esta función constituyó parte de la agenda del organismo estatal. A continuación damos cuenta de ello.
En 1932 gobernaba la provincia Ricardo Videla, inaugurando once años de dirigencia demócrata. La legitimidad electoral de la que carecían estos políticos la consiguieron a través de concreción de obras públicas (Lacoste, 1997; Raffa, 2018, 2020).
Videla asumió en un contexto complejo. Los efectos de la crisis económica internacional de 1929 hacían mella en el país. No había margen para ensayar soluciones económicas ortodoxas, por lo que el rol del Estado consistió en diseñar e incluso dirigir estrategias para enfrentar la crisis.
Una de las herramientas utilizadas fue la obra pública. Asumir dicha empresa implicó profesionalizar el aparato estatal y acondicionar agencias para cumplir con las nuevas funciones demandadas (Bohoslavsky y Soprano, 2010; Rodríguez-Vázquez y Raffa, 2018).
Diseñar y dirigir supuso también centralizar las decisiones en torno a ejecutivos fuertes, decididos y expeditivos para sortear inconvenientes y alcanzar los resultados propuestos.
En Mendoza, por ejemplo, se rediseñó el Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego que centralizó todo lo atinente a la planificación y ejecución de la obra pública.
En este contexto se produjo el aluvión de enero de 1934. Existen evidencias que demuestran que durante los años 20´ del siglo pasado, distintos técnicos, entre ellos el reconocido ingeniero Galileo Vitali, expresaron su preocupación sobre las posibles consecuencias de eventos hídricos en el piedemonte, perjudiciales para la población y para los cultivos colindante a la Ciudad. No obstante, poco fue lo que se avanzó por aquéllos años.
Los hechos de 1934 respecto del aluvión han sido ampliamente seguidos con particular interés por la prensa y la sociedad de la época.
La rotura de un dique natural en uno de los efluentes del río Mendoza provocó una gran avenida de agua, llegando la misma hasta la localidad de Palmira (departamento de Gral. San Martín). La potencia de la destrucción dejó inutilizada la estación ferroviaria de montaña Zanjón Amarillo y ocasionó graves daños en la Central Hidroeléctrica de Cacheuta, en el Hotel Termas de la misma localidad, y también provocó la pérdida de vidas humanas (Vich, Pedrani, Grunwalst et al., 1994; Ponte, 2017).
Pero el impacto de esta crecida no solo se circunscribió a los daños tangibles. Sus efectos, cual onda expansiva, retumbaron en los cimientos mismos del ente encargado de todos los asuntos concernientes al riego, y por ende del agua, el DGI.
Lo primero que realizaron las autoridades fue crear una Comisión de Estudios de Desagües y Obras Hidráulicas (1932), la que respondía al Poder Legislativo.
Ricardo Videla además encomendó a Jacinto Anzorena la realización de estudios, fundamentalmente de la zona servida por el Canal Zanjón (actual Guaymallén). El técnico recomendó una serie de obras de defensa de corto y largo plazo pero por inconvenientes en la financiación solo se llevó a cabo parte de lo planificado.
Concomitantemente, el Congreso Nacional sancionó dos importantes leyes que preveían la trasferencia de fondos para la provincia para obras de defensa contra los aluviones, y para los desagües, otro inconveniente derivado de las avenidas de agua, pero de origen distinto (Ortega, 2020).
Al mismo tiempo se discutía localmente cuál debía ser el rol a desempeñar por el DGI. Las opciones eran que el mismo se enfocara eficazmente en su tradicional función de distribuidor de agua y árbitro de conflictos ó asumir también una función relacionada a las anteriores pero más ambiciosa, concerniente tanto a la defensa de la Ciudad y departamentos como a la construcción de los desagües con la finalidad de expandir los oasis.
El carácter autónomo y autárquico del DGI hacía que su desempeño quedara por fuera del control del ejecutivo.
Por eso para tener injerencia directa en la gestión de la obras hidráulicas, el Gobernador creó la Dirección de Desagües y Obras Hidráulicas (1939), bajo la dependencia del Ministerio de Economía (Ortega, 2020).
No obstante lo realizado, muchas de las construcciones fueron defectuosas, y motivo de repercusión pública; denotando la complejidad que abarca el quehacer estatal, y la superposición de funciones. Esto último, junto con la merma de fondos nacionales y los efectos económicos provocados por la Segunda Guerra Mundial, aceleró la decisión de traspasar las funciones relacionadas a desagües y aluviones al DGI, en 1941.
Posteriormente el peronismo imitó el recorrido de los demócratas, con igual suerte.
En 1961 se creó definitivamente la Dirección de Hidráulica bajo la órbita del ejecutivo, como en el presente.
A partir de estos antecedentes, vale reflexionar si el tema aluvional no debería recaer otra vez en el DGI, de forma de poder brindar un tratamiento más integral a las cuestiones hídricas que Mendoza precisa, integrando la problemática del piedemonte y sus servicios ambientales.
