Alberto Fernández está sufriendo la misma maldición que los equipos que desperdician goles una y otra vez en un partido: ahora los padece en su propio arco. Su mirada, delatora de estados de ánimo, refleja el mismo abatimiento de aquel futbolista que es goleado y aún tiene por delante más de media hora de juego.
El Presidente nunca aprovechó el impulso que le dio la pandemia, ni para ganar poder interno ni para acordar con el FMI. Tampoco supo usufructuar los precios récords de los granos que, salvo Néstor Kirchner y Cristina en sus primeros tiempos, ninguno de sus antecesores tuvo desde el ´83.
Ahora, hasta las jugadas que parecían a su favor se vuelven en contra. En eso se transformó, por ejemplo, el fallido encuentro con Joe Biden, ansiado durante un año y medio. Justo cuando estaba por concretarse, el presidente de EEUU dio positivo de coronavirus y fue suspendido hasta nuevo aviso.
Nada garantiza, viendo el derrotero de Fernández, que de ese cara a cara en la Casa Blanca hubiese surgido una noticia positiva para la Argentina. Más teniendo en cuenta el mal presente político de Biden. Pero había muchas esperanzas puestas allí, incluso por el kirchnerismo duro, aunque nunca lo admitirían en público.
El presidente argentino iba a usar esa reunión para mendigar dólares. Ya no miles, sino algunos cientos de millones. El acuerdo firmado con el FMI contemplaba que éste habilitara desembolsos de otros organismos multilaterales que nunca llegaron y hoy, con las reservas del Banco Central escuálidas, urgen como nunca.
“No podemos tener tanta mala suerte”, se lamenta una voz del peronismo al tanto de esos pesares.
Caído el plan A, la ministra de Economía, Silvina Batakis, viajará a EEUU para entrevistarse con Kristalina Georgieva con el mismo objetivo: conseguir los dólares que el Tesoro nacional ya no tiene.
La energía es la aspiradora de cuanto billete verde ingrese al país. En particular, la preocupación es por el gasoil que se importa. De pronto, el peronismo empezó a repetir una frase que hizo famosa Álvaro Alsogaray hace más de 60 años: “Hay que pasar el invierno”.
Sin dinero, el kirchnerismo está en un dilema. Ni siquiera puede usar la máquina de hacer billetes. “La emisión está cancelada no sólo por el acuerdo con el FMI, sino porque cada peso que imprimamos estimula la inflación y va a parar al dólar blue”, se sincera un dirigente de peso.
El 80% anual de alza en los precios, pronosticado por algunos consultores hace unos meses, hoy es el piso. Nadie precisa cuál es el techo. El miedo se expande como los precios. Y acrecienta la debilidad política de un gobierno que nunca cuajó.
Muchos se empeñan en comparar este momento con el 2001, sobre todo tras la profecía y a la vez amenaza de Juan Grabois. Pero esta crisis también tiene componentes que recuerdan al `89, cuando en aquellos meses finales de Raúl Alfonsín nada calmaba a los mercados, los precios volaban, el dólar no tenía techo y los ministros de Economía caían como hojas en el otoño. Nadie quería hacerse cargo de una gestión sin destino.
Una figura del PJ igual marca una diferencia con aquel momento: “Entonces el mercado ya sabía quién venía y qué haría. Ahora no pasa eso. ¿Quién viene después de esto? No está claro y la incertidumbre es mayor”.
Un radical le pone un calificativo preciso al gobierno de Alberto: “Enclenque”. Y suma: “Si no se cae es porque ni Cristina ni nosotros lo empujamos”. Pero no descarta que un estallido económico, con forma de corrida cambiaria o bancaria, haga lo que la política evita hacer.
El silencio en el que se ha refugiado Cristina Kirchner ha dado lugar a interpretaciones de todos los tipos. Desde Buenos Aires, lo definen como prudencia: “Cualquier cosa que haga o diga, incluso para apoyar, puede terminar siendo peor en este contexto”.
En el Gobierno de Mendoza hacen su análisis a la distancia. “Si fracasa Batakis, ¿a quién van a poner de ministro? No les va a agarrar nadie y falta muchísimo. La mejor salida que tienen es adelantar las elecciones”, dice un funcionario preocupado. Otra vez aquella semejanza con el `89.
Un miedo que se expande
La incertidumbre nacional rebota en la provincia en forma de reclamos y dudas. Rodolfo Suárez, cuentan a su lado, también se queja de su mala suerte. Ha tenido que convivir con un gobierno kirchnerista, gestionar la pandemia y ahora la que consideran una crisis económica terminal.
El temido estallido social por ahora ha tomado la forma de estallido sindical, atizado por la inflación y también por aquel acuerdo alcanzado con los anestesiólogos para destrabar las cirugías. El viernes se vivió en las calles, con ATE a la cabeza, pero también en la Casa de Gobierno, con Ampros apostado en los ingresos a la Gobernación y el Ministerio de Salud.
ATE, después de haber sido el primero en acordar los últimos años, se muestra más duro esta vez y el Ejecutivo clausuró el diálogo, al igual que con otros gremios más chicos. Con el SUTE y Ampros seguirá dialogando pese al rechazo a la primera oferta hecha en la reapertura de paritarias.
En los próximos días habrá otra tanda de charlas. “Vamos a mejorar la propuesta”, dicen en el Gobierno. Hay, sí, un límite autoimpuesto: “Nos manejamos sobre ofertas cumplibles, dentro de la razonabilidad. No vamos a hipotecar la Provincia ni aumentar impuestos para pagar sueldos”.
Hay un ejemplo concreto de lo que nunca firmarán. Una nueva cláusula gatillo. Esa es precisamente la mayor crítica que se le ha escuchado a Suárez sobre la herencia que recibió de Alfredo Cornejo y lo primero que desactivó en las negociaciones.
En 2020, pese a que no hubo aumentos, el Estado destinó a la partida de Personal 25% más que en 2019 sólo por la inercia de la indexación salarial. Pero ese dinero extra no se sintió en los bolsillos de los trabajadores y los gremios aún reclaman por aquel año sin cambios en sus sueldos.
Las acciones de los últimos días aumentaron los recelos entre los sindicalistas. Hubo discusiones en las reuniones y también acusaciones: dicen que Ampros logró una mejora sustancial, por el retoque de algunos ítems, tras su protesta del viernes.
Igual, los tres gremios harán huelga el martes y miércoles. El primero coordinado en muchos años, aunque se manifestarán divididos: ATE por un lado, y el SUTE y Ampros por otro. “Será un paro histórico”, vaticina un dirigente docente. De ser así, demostrará que el ítem Aula perdió efecto.
Esto también ha generado críticas dentro del mismo oficialismo, en particular del cornejismo, por no evitar la protesta conjunta. “Si quieren hacer paro, que lo hagan. No lo vamos a impedir y vamos a seguir negociando”, dicen muy cerca de Suárez.
Hay sí una preocupación que empieza a trascender. El alerta lo encendió un grupo que fue a pedir comida a un supermercado hace unos días. Pero el mayor temor es a una acción planificada. Desde los movimientos sociales dicen que no perciben clima de saqueos. Pero los dirigentes sólo hablan por su organización y no ponen las manos en el fuego por otras.
En el Gobierno, además, están atentos al clima beligerante generado por los reclamos gremiales. Es allí donde cree que pueden producirse incidentes que se vayan de las manos y no por los manifestantes locales.
La información que manejan en Casa de Gobierno es que hoy pueden llegar desde Buenos Aires militantes de la CTA y el Polo Obrero para ser parte de las marchas del martes. Por eso, han reforzado los controles en los ingresos a la provincia por las rutas 7 y 188. Justo en el momento de mayor afluencia turística.
“Mendoza es vista como una provincia ordenada y somos la más grande de las tres radicales. Por eso nos apuntan”, se queja un funcionario.
Todos recuerdan que, en 2001, los saqueos organizados empezaron en nuestra provincia y luego se extendieron al resto del país. Era entonces también la más grande de las gobernadas por la Alianza. Y en uno de los ataques a supermercados fueron detenidos dos punteros del PJ lasherino.
La versión de la posible llegada de militantes foráneos es confirmada por una fuente gremial con una frase preocupante: “Hay una bajada de línea desde Buenos Aires. Mendoza es la frutillita del postre”.
