Hace dos años se aprobó en el Congreso de la Nación la Ley de Plan de Pago de Deuda Previsional, proyecto elaborado y trabajado, estudiando profundamente las aristas necesarias que requiere una ley que genera garantía de acceso al derecho a una jubilación y también un impacto presupuestario importante.
Siempre que comenzamos a discutir nuestro Sistema Previsional, salen a discusión diferentes puntos, como el financiamiento, la cantidad de jubilados por trabajadores activos aportantes, quienes aportaron y quienes no para jubilarse, etc... Lo principal para poder abordar una discusión seria, es entender rápidamente como funciona nuestro sistema previsional público, solidario y de reparto asistido. Público porque lo administra el estado, solidario porque aportan quienes están en actividad para que cobren quienes ya están jubilados, aportan quienes están en condiciones de salud para quienes no lo están, etc... y por último, de reparto asistido, significa que el financiamiento actual no solo se genera a partir de aportes y contribuciones de los trabajadores en actividad, sino también de recursos tributarios como el IVA, impuestos a los combustibles, Impuesto País, etc.
Esta Ley, que pretende ser derogada por la denominada “Ley Bases”, prevé en primer término, el acceso a la jubilación de quienes tenían la edad jubilatoria pero no los 30 años de aporte que exige la ley 24.241, y en segundo término, que quienes estén a 10 años de alcanzar la edad jubilatoria, y ya saben que no llegarán a dicha edad con los 30 años de aportes, puedan comenzar a pagarlos previamente. Esta medida, permitió no solo que miles de trabajadores puedan jubilarse, sino también que muchos puedan comenzar a cancelar sus aportes previamente y de esa manera tener previsibilidad con respecto a su futuro, no tan lejano, pero sí preocupante en estos casos.
En ambos puntos, esta ley, tiene un importante esfuerzo por reforzar el principio de contributividad de nuestro sistema, por lo tanto, del financiamiento del sistema, argumento por el que siempre intentan recortar derechos sustanciales como el acceso a la seguridad social. En el primer punto del párrafo anterior promueve la contributividad, porque quien accede a la jubilación realiza un plan de pago por los años trabajados pero no aportados, punto que merece un análisis histórico y actual de la informalidad laboral que lleva a millones de trabajadores a no contar con los aportes correspondientes. Por otro lado, esta ley, a diferencia de las moratorias, prevé un aporte de cada cuota con un valor equivalente al 29% de la remuneración mínima imponible, o sea, el 29% del salario registrado a partir del cual se realizan aportes y contribuciones. En el segundo punto, quienes aún trabajan y saben que no llegarán con los 30 años aportados a la edad jubilatoria, comienzan a realizar el mismo aporte en forma anticipada, generado ingresos extra al sistema dándole sustentabilidad.
Lo riesgoso de la derogación, no sólo es que 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones podrán jubilarse, sino que también la prestación a la que pueden acceder tanto varones como mujeres a los 65 años es la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Esta pensión, atenta contra la contributividad del sistema, ya que una persona en actividad que difícilmente pueda completar los 30 años una vez alcanzada la edad jubilatoria, haga el esfuerzo por contribuir ya que, no importa si tiene 1 o 29 años aportados, igualmente accederá al 80% de la jubilación mínima que es el monto de esa PUAM.
El impacto económico será clave en el futuro ya que el desfinanciamiento del sistema en una etapa de crisis como la que atravesamos sólo generará más estancamiento. Según el último informe de ANSES al que tengo acceso por el cargo que tuve la responsabilidad de asumir, en Mendoza en septiembre de 2023 ANSES invirtió $73.930 millones que, por las propias características económicas de los beneficiarios, se volcaron al consumo y al comercio local. Por la renovación del sistema previsional, personas jubiladas que fallecen y personas que cumplen la edad jubilatoria cada día, cada mes y cada año, de no permitir el acceso de nuevos beneficiarios al sistema, tendremos una importante caída en la inversión local y por lo tanto, también en el consumo y la recaudación. El desfinanciamiento de la Seguridad Social, a la inversa de lo que sucedió después de la crisis del 30′ en Estados Unidos, generará un impacto social y económico que será muy difícil de revertir.
Es imprescindible que rediscutamos nuestro Sistema de Seguridad Social, que por definición atiende la contingencia de la vida de las personas, y dentro de él, el Sistema Previsional, instrumento que permite que las personas mayores afronten la contingencia de la vejez con seguridad de ingresos. Lo que está claro, es que el ajuste no lo pueden soportar más los trabajadores y jubilados, como también está claro que la rediscusión del sistema debe ser sin romper las políticas que generan bienestar en nuestro pueblo, principalmente en nuestros mayores y que están planificadas para que el sistema sea sustentable.
