Durante los últimos gobiernos, sobretodo 2015/19 y 2019/23, se ha ido produciendo una sutil (o no tanto) estatización de la economía provincial. Esta estatización es muy similar a la que se reprocha al gobierno nacional, de signo político distinto.
Decir y hacer
Algunos ejemplos son significativos, el 2015 cuando ganó el gobierno de A. Cornejo, el Ministro de Economía nominado, en una reunión con socios de Bodegas de Argentina dijo que había que terminar con el Acuerdo Mendoza San Juan por el mosto, con el Fondo Vitivinícola, la COVIAR, etc. Esto fue días antes de asumir el cargo, pero ya designado no sólo no hizo nada de eso, sino que siguió todo igual y el ministro reformador terminó como Director de YPF mientras era el titular de Economía y luego director del Banco de la Nación, obviamente ejemplos de empresas privadas.
En el 2019, la fórmula gubernamental radical era una expresión de la vocación estatista en la economía. El candidato a vicegobernador prometía un bodega estatal, al ejemplo de lo que había hecho como intendente de Junín, destinando los fondos públicos a comprar una obsoleta y fallida bodega privada.
El candidato a gobernador prometía recrear (proyecto de Julio Cobos) el Banco de Mendoza, para promover el desarrollo de la provincia, como presuntamente lo había hecho el quebrado banco anterior.
Bodega estatal no hay hasta ahora, pero hay un oscuro banco de vinos, que presuntamente “ayudará” a los “pequeños viñateros” a que no sea explotados por “los grandes bodegueros”. Es decir han juntado la bodega estatal y el banco, claro está siempre solventada con fondos públicos.
Potasio e IMPSA
El gobierno estatizó, manipulando números, el ruinoso negocio de potasio de Río Colorado, prometido por años como el “vellocino de oro” de la provincia.
Nadie sabe qué hará con él cuando se terminen los dólares que dejaron los ex dueños con tal de sacarse el “clavo” de encima. Al parecer “el proyecto” (por ahora) es una especie de base logística para empresas de servicios petroleros, dependientes del Estado y manejada por funcionarios que fungen como ejecutivos (Directores, Gerentes, etc.).
Desde luego no se puede ignorar el cuasi “epopéyico” rescate de una presunta empresa insignia de Mendoza, IMPSA. Epopeya que al costo de varios millones de dólares (que pagarán los contribuyentes) ha garantizado empleos bien remunerados del personal remanente de la empereza, que no habían podido emigrar antes de largo naufragio.
Por cierto hay cargos de Directores, Síndicos et altri que, seguramente, dado el “generoso desprendimiento y altruismo” de los funcionarios políticos serán “ad honoren”. Ad honoren de honorarios que de alguna forma se van a oblar.
En resumen, el Estado se hizo cargo de negocios de riesgo que en el sector privado nadie quiso hacerse cargo, durante años. Pero seguramente quienes vienen del comité serán más ingeniosos e inteligentes y los convertirán en exitosos, al menos para ellos.
Una empresa aeronáutica
La antigua y cuestionada lucha antigranizo con aviones, dio lugar a muchos conflictos con el personal, su situación jurídica, remuneraciones, se trataba de una dependencia estatal. Para solucionar el conflicto el gobierno constituyó una empresa Aeronáutica Mendoza SA (AEMSA), obviamente propiedad del Estado provincial. El personal se encuadra ahora, posiblemente, en algunos de los tantos gremios verdaderos dueños de Aerolíneas por caso.
El gobierno ha firmado con contrato con AEMSA por $ 340 millones de pesos para la próxima temporada. También se ha autorizado a la empresa a alquilar los aviones para vuelos sanitarios. Claro está que siempre pagan los flacos bolsillos de los contribuyentes.
Empresa Provincial de Energía (EMESA)
Este es otro de los “agujeros negros” que han ido construyendo los gobiernos de Mendoza. Queda para otra nota ampliar el tema. Digamos que es una empresa creada para cobrar peajes en obras eléctricas y de energía en general, y que el gobierno está convirtiendo en una especie de holding de la cual dependen las otras empresas del Estado.
En este caso se está a las puertas no sólo de un conflicto de intereses, sino de un enredo no fácil de desentrañar. EMESA tiene a cargo el fideicomiso de Portezuelo del Viento, es socia de CEOSA uno de los socios del consorcio que se postula para la construcción y a su vez EMESA supervisa a IMPSA. En definitiva todas son parte del Estado y se contratan entre sí.
Casino, restaurantes y otras yerbas
Para promover el “desarrollo sustentable”, el gobierno el gobierno repropone abrir un supercasino en la zona Este, para “beneficio” de San Martín, Junín y Rivadavia.
También pretende construir un restaurante en el Cerro de La Gloria, otro en El Parque y abierto uno en la Casa Stoppel. Curiosamente estos emprendimientos esta vinculados a una familia gastronómica que, en la época del “que se vayan todos”, prohibió a los políticos en ingreso a sus establecimientos.
Final para la reflexión
Las empresas del Estado están fuera del presupuesto provincial y del control de los organismos creados por la Constitución para tal fin.
