La valla de Gildo y los números que explican Formosa

“Desde este momento queda constituido un gobierno de concentración nacional formado por técnicos expertos y expertas de todos los campos. Dada la gravedad de las circunstancias, se declara el estado de excepción y la monarquía parlamentaria, por el momento, queda suspendida. No quiero engañarles: esta transición requerirá cambios radicales en nuestro modo de vida. Pero es el único camino y debemos hacerlo juntos. Se los pido desde el convencimiento de que todos compartimos un mismo objetivo: sobrevivir”.

El que habla es el nuevo presidente de España y mientras su mensaje es televisado, en las calles se escuchan ráfagas de tiros y gritos. Es el año 2020, acaba de concluir la Tercera Guerra Mundial y por la cantidad de muertos han aparecido nuevos virus que nadie sabe controlar. Además, escasea todo: comida, agua y energía eléctrica. Ese mundo distópico es el que plantea La Valla, una serie que Netflix estrenó en setiembre pasado.

Después de aquel discurso presidencial, la historia da un salto de 25 años y muestra un Madrid aún arrasado, con las calles militarizadas, toques de queda y una valla que marca el fin de ese mundo y el comienzo de otro: una suerte de barrio privado, con jardines bien regados, casas fastuosas, donde no se corta la luz cada día al caer el sol ni falta el agua.

De ese lado, viven las élites políticas y empresarias. El precio de pertenecer es ser leal, y útil, al régimen: el presidente es el mismo de aquel discurso inicial. Claro que también hay miedo, sobre todo a ese mal que del otro lado mata a los pobres: el “noravirus”. Por eso los empleados de esas casas, cuando cada día cruzan la valla con sus salvoconductos, son rociados con un líquido para desinfectar su ropa y los que presentan síntomas son confinados en centros de aislamiento.

Mucho de lo que cuenta la serie parece extraído de nuestra nueva normalidad, pero lo paradójico es que fue filmada en el primer semestre de 2019, cuando nadie podía intuir la pandemia. Tampoco podían imaginar sus creadores que muy lejos de esa España de ficción, en nombre del virus, se iban a instalar vallas en los ingresos a una provincia y centros de aislamiento compulsivos, con argumentos similares a los usados en la serie.

Lo que ocurre en la Formosa de Gildo Insfrán es tristemente real. Hubo casi 9.000 formoseños del otro lado de las fronteras de la provincia que no pudieron ingresar hasta que lo ordenó la Corte Suprema nacional. Hay cientos de confinados en centros de aislamiento por tiempo indefinido, sin que sepan los resultados de los test o aun habiéndoles dado negativo.

La mejor justificación tal vez la haya dado José Mayans, jefe del bloque de senadores nacionales kirchnerista, formoseño y por supuesto subordinado político de Insfrán: “El derecho vos lo tenés, pero no en pandemia”. Traducido: el Estado puede disponer lo que sea porque atravesamos un estado de excepción donde las libertades individuales quedan supeditadas a la emergencia.

Días antes, el Partido Justicialista había defendido al gobernador también con un argumento insostenible: la “política sanitaria” de Insfrán es un éxito porque Formosa es la provincia donde menos contagios y muertos ha habido por Covid-19. “La principal obligación de todo gobierno es defender la salud y la vida de su comunidad”, decía el comunicado.

Ahora bien, es extraño entonces por qué, si es tan exitoso lo de Formosa, no hacen lo mismo los otros 19 gobernadores que el peronismo tiene en el país e incluso el presidente Fernández. ¿O acaso lo están pensando? En este contexto, la minimización cómplice del Gobierno nacional alarma. Seguramente no harían lo mismo si ocurriera en las opositoras Jujuy, Ciudad de Buenos Aires o Mendoza.

Pero ya no es sólo la oposición la que denuncia. Amnistía Internacional exigió al Gobierno que intervenga: “Por su naturaleza involuntaria y los mecanismos a través de los cuales se ha implementado, la cuarentena compulsiva e indiscriminada ha constituido una privación de la libertad de facto”, dice la carta enviada a la Secretaría de Derechos Humanos.

Según aquel comunicado del PJ, Insfrán es “un gobernador que puede mostrar una gran gestión”. Los datos no están de su lado. Claro, todo es mucho más fácil cuando, aun sin hacer nada, los fondos nacionales (coparticipación y otros de liquidación automática) pagan casi la totalidad de sus gastos corrientes: con sólo 600 mil habitantes, en 2019 Formosa recibió $ 49 mil millones (casi lo mismo que Mendoza) y el gasto fue de 50 mil millones.

Ese mismo año, recaudó apenas $3.000 millones por Ingresos Brutos y todos los impuestos provinciales sumaron $3.600 millones. La economía provincial es ínfima y el Estado lo es todo, también en el empleo: cada 100 empleados del sector privado, hay 167 estatales. Y cuando se miran las exportaciones, es lejos la peor en el ránking nacional: apenas 80 millones de dólares en 2019.

Desde lo social, el supuesto éxito es aún más difuso. Según los datos del Indec, en el primer semestre de 2020, el 42,4% de los formoseños vivían en la pobreza, dos puntos por encima del promedio nacional.

Como el presidente de la serie española, Insfrán lleva 25 años como gobernador. Antes fue ocho años vicegobernador. Y antes, cuatro años diputado provincial. Desde 1983 no usa su título de veterinario. Aún le quedan casi tres años de mandato y nada indica que piense en el retiro, pese a sus 70 años. Es cierto que una y otra vez lo reeligieron, pero eternizaciones como la de él no son consecuencia de los éxitos de gestión. Las razones son más complejas y menos claras.

En el primer capítulo de La Valla, una de las protagonistas explica por qué en ese Madrid distópico de 2045 están como están: “La gente tenía miedo y quería gobiernos muy fuertes, y en nombre de esa seguridad nos quitaron lo más importante que tenemos las personas, la libertad”.