A instancias del oficialismo, hoy formalmente se dio el primer paso en el impulso del juicio político a los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Hasta último momento se siguen acumulando denuncias, repetitivas y en muchos casos infundadas. La pretensión que parece emerger (toda vez que es extremadamente remota la posibilidad que 2/3 del cuerpo promueva la acusación), es desgastar al máximo tribunal, con la finalidad de facilitar el cuestionamiento de sus decisiones.
Se invoca la intención de mejorar la justicia, pero se actúa tratando de poner en tela de juicio las decisiones de un Tribunal, que con sus altos y bajos, ha demostrado a lo largo de estos últimos años que ha podido fallar a favor y en contra de los distintos Ejecutivos con los que le toco convivir. Lo más traumático es que para llevar adelante esa iniciativa, la denuncia principal incorpora para su valoración chats de origen desconocido (pero violatorios de la intimidad de las personas) y cuestionamientos a sentencias que, entre otras cosas, son el resultado de omisiones legislativas severas.
Se trata de dos claudicaciones éticas injustificables.
Avalar el contenido de los chats filtrados va justo en la dirección contraria de lo que el propio FdT sostiene, al generar incentivos para una actividad que puede terminar por disolver la posibilidad de una convivencia política de mayor calidad. No podemos naturalizar y mucho menos “blanquear” la existencia de actividades vejatorias de la intimidad.
Lo que tampoco podemos hacer es un señalamiento sobre el supuesto mal desempeño de la Corte en un asunto que debe definir el reparto de fondos federales, cuando la mora de 26 años en sancionar una nueva Ley de Coparticipación, que tome en cuenta la naturaleza autónoma de la CABA es responsabilidad del Congreso.
La institución del juicio político esta prevista en la Constitución, y por tanto no hay que temer al debate que este tipo de evaluaciones genera; pero creer que por ocupar circunstancialmente el rol acusador la Cámara de Diputados, o (en su caso) el rol juzgador el Senado, pueden soslayar sus obligaciones, es desde mi punto de vista un error severo.
La autoridad de este Congreso, y de la política en general, se reconstruye no buscando a quien responsabilizar o articulando un relato paranoico de poderes paralelos y conspiraciones ocultas, sino actuando con responsabilidad, estrictez y auto-exigencia. Levantamos el dedo con ligereza, mientras votamos leyes que no prevén adecuado financiamiento a sus iniciativas, o no toman en cuenta las capacidades estatales para materializar sus objetivos, discutimos sin referencias estadísticas (o con referencias de mala calidad), confundimos gritos con pasión y hemos renunciado a legislar con distancia critica de los afectados, y sentido proyectual de las normas.
Lamentablemente, hoy el enemigo señalado es la Corte, como en otro momento pudo haber sido el campo o los medios hegemónicos. Sin dudas, muchas categorías en Argentina han sido acosadas mediática y conceptualmente de modo tal de que su sola enunciación sintetice (sea verdad o no) una imagen de prácticas indeseadas o lugares de privilegio. No será un juicio de esta naturaleza lo que cambie esa circunstancia. La política no se ennoblece construyendo prejuicios.
Personalmente, me involucro en este debate con la intención de poner racionalidad y criterio frente a una iniciativa pobre técnicamente, difícil de concretarse y que no contribuye con los objetivos de paz, convivencia y certidumbre que la Constitución proclama y una mayoría social desea.
*El autor de la columna es Fabio José Quetglas, diputado nacional de Buenos Aires por la Unión Cívica Radical.
