Revisar el régimen de coparticipación es fundamental. Ordenar el régimen federal es inaplazable. La teoría económica equipara la correspondencia fiscal a un mecanismo que favorece la buena administración pública. En otras palabras, que el nivel de gobierno que ejecuta un gasto sea también el que se encargue de cobrar los impuestos. Así, se podría poner más atención en el buen uso de lo recaudado. Si la correspondencia fiscal se licúa, también se licúan los incentivos a moderar el gasto y administrar bien.
Ahora si deseáramos evaluar con cuantos impuestos nacionales contribuyen los habitantes de cada provincia y cuantos recursos vuelven a través de transferencias automáticas (coparticipación) y gasto y transferencias discrecionales de la Nación a las provincias, vemos que, en 2022, La Rioja aportó unos u$s780 millones y recibió aproximadamente unos u$s2.024 millones. Catamarca aportó u$s838 millones y recibió u$s2.194 millones y Formosa aportó u$s850 millones y recibió u$s2.647 millones. En sí, algunas provincias recogen mucho más del doble de los recursos que tributan sus ciudadanos pagando impuestos nacionales. En sí, esto implica un muy bajo nivel de correspondencia fiscal. La consecuencia es la falta de incentivos a las buenas prácticas de gestión pública.
De la mala organización del régimen federal deriva una estructura de incentivos errónea. La Nación extrae recursos de las provincias más prósperas, empobreciéndolas (Buenos Aires, por ejemplo). Parte de estos recursos son trasladados desde el nivel central hacia las provincias más atrasadas para ahondar su empobrecimiento. La coparticipación y las transferencias discrecionales de la Nación constituyen uno de los principales factores que explican y sostienen el retroceso. La construcción de correspondencia fiscal exige una reforma integral del sistema impositivo y asignación de roles. Y es por la vía de unificar los tributos nacionales, provinciales y municipales, eliminar la coparticipación para que cada provincia se financie con los impuestos que genera y contemplar, para las provincias más rezagadas, un Fondo de Convergencia que promueva su desarrollo.
La viabilidad política es compleja. Aunque alcanza con un acuerdo de coordinación tributaria y funcional firmado por la mayoría de las provincias. Dicho acuerdo requiere una ley del Congreso, la adhesión de las provincias y regular el tratamiento especial que se aplicará a las provincias que no adhieran.
*Federico Pablo Vacalebre es profesor de la Universidad del CEMA
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