En pleno centro de Madrid caminó hacia él, le disparó a la cabeza y corrió hacia una moto que conducía otro sujeto. La víctima se salvó por milímetros porque la bala le atravesó la mandíbula, pero no dañó el cerebro.
Mientras una ambulancia llevaba a Alejo Vidal-Quadras al Hospital Gregorio Marañón, entre las sospechas que danzaban en círculos policiales aparecía la República Islámica de Irán. Ocurre que el régimen de los ayatolas venía acusando a ese dirigente conservador de apoyar a grupos que “conspiran” para derrocar el sistema teocrático persa. Y eso hacía Vidal-Quadras: apoyar a las organizaciones del exilio iraní en España para que puedan seguir luchando contra el Estado fundamentalista.
Que hayan intentado asesinar al ex presidente del Partido Popular (PP) catalán y uno de los fundadores del partido ultraderechista Vox, debió ser portada de todos los diarios y la noticia con mayor espacio en todos los noticieros españoles. Sin embargo, se superpuso otra noticia de inmensa gravedad y relegó a un segundo plano el atentado contra Vidal-Quadras y el riesgo de que desemboque en una escalada de tensiones entre Europa y el régimen de los imanes chiitas.
El acontecimiento que generó un tembladeral político en España es el acuerdo que logró Pedro Sánchez paras continuar en el poder por cuatro años más, pagando con una amnistía a los separatistas catalanes que darán sus votos a la investidura.
Un atentado presuntamente ordenado por Irán en un país europeo es un suceso sísmico por lo que implica en el tablero internacional, además de su incidencia en España por ser la víctima un dirigente de peso en la vereda de la derecha española. Pero quedó relegado a un segundo plano porque, en el mismo puñado de horas, desde Bruselas llegaba la noticia de que el PSOE y Juntos per Cat, el partido independentista del fugado de la justicia española Carles Puigdemont, lograron un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno durante cuatro años más.
En la antesala de este pacto que completa los ya realizados con Esquerra Republicana, el otro partido independentista de Cataluña, Madrid y muchas ciudades españolas ya eran escenario de nutridas protestas contra lo que los manifestantes describen como una “traición” a España. Por cierto, esas protestas se incrementaron y en ellas hubo violencia y jóvenes haciendo el saludo fascista y cantando “Cara al sol”, el himno de la Falange española.
Las líneas rojas de Pedro Sánchez siempre han sido borrosas. Con tal de seguir ocupando el despacho principal en la Moncloa, el actual jefe de gobierno negocia hasta la vigencia plena de la Constitución.
Para llegar al cargo creó el primer gobierno de coalición, incorporando al partido anti-sistema Podemos, claramente enfrentado con el orden constitucional vigente. Y ahora, para seguir otros cuatro años en el gobierno, le da la amnistía al hombre que huyó de España para no ser juzgado y encarcelado por haberse apartado de la legalidad realizando en el 2017 el referéndum con el que intentó la secesión de Cataluña.
Oriol Junqueras y otros dirigentes de Esquerra Republicana pagaron con cárcel aquella rebelión. Pero Puigdemont y otros miembros del gobierno que encabezaba en Cataluña, huyeron de España.
La codicia de poder que deja los escrúpulos de lado a la hora de pactar, entre otros, con el partido separatista vasco Bildu, heredero del Herri Batasuna, que fue el brazo político de la ETA, opaca el discurso de Sánchez tratando de justificar, con la coartada del “gobierno progresista”, pactos que resultan revulsivos para una parte significativa de la sociedad y de su propia fuerza política.
Incluso muchos en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), empezando por Felipe González, su máxima figura por los roles históricos que cumplió y por sus exitosos gobiernos, sienten que Sánchez ha ido más allá de lo aceptable.
Felipe González encabezó gobiernos durante trece años consecutivos y en varias oportunidades con mayoría absoluta en el parlamento. Muchas veces acordó con el nacionalismo catalán que lideraba Jordi Pujol con el partido Convergencia i Unió (CIU), así como también con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la Coalición Canaria, pero las concesiones que otorgaba ampliaban autonomías y devolvían derechos culturales que habían sido conculcados por el régimen franquista. Jamás hizo acuerdos que pusieran en riesgo la unidad del reino.
Que Sánchez haya pagado esta investidura con una amnistía a quienes violaron la Constitución, podría resquebrajar el mapa español. Esos acuerdos podrían iniciar el trayecto hacia nuevos referéndums sobre la independencia de Cataluña.
Semejante entrega podría desatar una crisis que fortalecería a la derecha ultranacionalista que lidera Vox, el partido heredero del centralismo “castellanizante” que impuso a, sangre y fuego, la dictadura de Franco.
De hecho, desde que se anunció el acuerdo entre Sánchez y Puidgemont, el partido ultraderechista ocupó las calles y el centro del escenario político.
* El autor es politólogo y periodista.
