Entre las normas que los políticos argentinos debieran demostrar conocer, se destacan, sin duda, tener conciencia del peso de las declaraciones públicas y del simbolismo que implica ocupar un cargo determinado.
No es lo mismo hablar desde el llano que hacerlo con una investidura institucional. Raúl Baglini, diputado radical mendocino, supo expresar las diferencias entre unos y otros de un modo categórico: quien está lejos del poder puede expresarse de manera irresponsable; quien ejerce el poder, debe ser sensato. En otras palabras, si el opositor puede echar leña al fuego, el gobernante tiene que saber apagar hasta la última brasa.
En el conflictivo presente, lo habitual es encontrarnos con políticos que se presentan como bomberos piromaníacos: les gusta avivar fuegos para mostrarse luego como los únicos capaces de apagarlos. Allí están, como ejemplo, las recientes declaraciones del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, estimulando una comparación entre las tomas de tierras y los barrios privados.
En una entrevista concedida a la agencia oficial de noticias Télam, Kicillof realizó un más que elogioso balance de su gestión que partía, implícitamente, del concepto clave de su campaña: María Eugenia Vidal y el gobierno de Cambiemos dejaron “tierra arrasada” y él se tuvo que hacer cargo de levantar la Provincia de Buenos Aires punto por punto.
Describió la situación que le dificultó el lanzamiento de un plan de tierra y vivienda: “No había un mapa de la disponibilidad de tierra pública y privada para la ampliación de oferta. Era la nada misma y, sobre ella, montados muchísimos negocios privados. La mayoría de los barrios privados y countries no están habilitados; entonces, no pagan impuestos. Son prácticamente ocupaciones de tierras. Hay que regularizarlo”.
Bien leído, el pasaje demuestra que el relato del gobernador (que además parte de algunos casos no regularizados para llegar a generalizaciones) no sostiene un eje; por el contrario, se extravía: parte de la falta de un instrumento –el mapa de la tierra disponible– para concluir en los defectos de la administración encargada de registrar las viviendas existentes (las edificaciones no habilitadas). Una cosa no se vincula con la otra. La vinculación, en realidad, se da por el uso de una falsa comparación: barrios privados y countries serían, para el gobernador, la forma que tienen los sectores medios y altos de tomar tierras.
Lo que nos lleva a un lugar común de cierta argumentación kirchnerista: igualar posiciones para relativizar la posibilidad de la transgresión de la ley como marca diferencial entre los actores políticos o sociales. Si todas las administraciones son corruptas, se invalida la asociación entre corrupción y kirchnerismo. Si las clases medias y altas también toman tierras, por qué sancionar a los sectores vulnerables que lo hacen. Con todo, lo más interesante de lo que dice Kicillof es lo que no ve: las ineficiencias del Estado, que no sabe cobrar impuestos ni garantizar la propiedad.
