Desde Cicerón aclarando que el fundamento de las Leyes está en “la naturaleza” y no en “la opinión”, hasta Tomás de Aquino aceptando que debe guiarlas “la razón” y orientarlas la búsqueda del “bien común”, está claro que la legislación debe tener un sentido lógico.
Tanto el proyecto para legalizar el aborto como el de gravamen extraordinario a las grandes fortunas tienen lógica. Pero el segundo ofrece áreas oscuras que restan razonabilidad.
Sobre la interrupción del embarazo, lo lógico es llevar el debate desde el campo religioso al terreno de la salud pública. La legalización del aborto no le impone a nadie actuar contra sus principios religiosos. Tampoco le prohíbe a las religiones transmitir a los fieles su visión al respecto. Lo inaceptable es que en lugar de actuar sobre la conciencia de los creyentes, las religiones intenten gravitar sobre las leyes para imponer sus visiones a toda la sociedad.
Al intentar el control del Estado y de sus leyes, las religiones actúan como estructuras de poder, olvidando que su legitimidad en una sociedad democrática y secular se reduce a la conciencia de sus fieles. Fuera de ese ámbito, constituyen una intromisión medieval y autoritaria.
El gravamen extraordinario tiene un sentido lógico porque la lógica es la progresividad en el sistema impositivo. Un punto que no debe perderse de vista. Desde una perspectiva democrática, los impuestos deben ser progresivos. Tienen que aportar más los que tienen más. Pero eso no implica que cualquier iniciativa al respecto sea buena.
El proyecto de ley de Máximo Kirchner tiene un defecto de origen que genera una cadena de defectos. Alejandro Katz señaló con lucidez ese defecto: está apuntado a “la emoción” de las bases, a la satisfacción ideológica de los militantes.
Si no hay renta extraordinaria, como la que produjeron los precios internacionales de la soja y otras materias primas durante los primeros gobiernos kirchneristas, queda a la vista la falta de ideas del kirchnerismo para generar riqueza. Y antes de que las bases empiecen a desencantarse, una iniciativa que suena a gesta contra los ricos satisface emociones ideológicas de la militancia.
Argentina necesita un sistema impositivo progresivo, pero lo que tiene es un adefesio regresivo. Eso no se soluciona con un impuesto extraordinario sacado de la galera. El mayor problema del proyecto de Máximo Kirchner no está en los defectos jurídicos que le señalan juristas respetables, como Roberto Gargarella. El mayor problema es que impone entregar dinero a un Estado inservible, manejado arbitrariamente por una dirigencia inepta y turbia.
Para imponer nuevos impuestos, el Estado debe tener autoridad moral. Y el Estado argentino no la tiene, porque es un gigantesco agujero negro que carcome la economía. También la dirigencia que pretende imponer nuevos impuestos debe tener autoridad moral para demandar esos aportes. Obviamente, no la tiene.
Para que semejante carencia no impida un aporte extraordinario de los que más tienen para enfrentar una adversidad también extraordinaria, la pandemia, el proyecto debería poner en otras manos (que sean menos torpes y más limpias) la recaudación y el uso de ese dinero.
Sería más razonable que pretender la aceptación de un aporte que será inexorablemente devorado por el agujero negro que absorbe las energías económicas. Resultaría más aceptable para quien paga que al dinero lo maneje una ONG o alguna entidad internacional de prestigio, y no una dirigencia que encubre corrupción y carece de inteligencia y capacitación para garantizar el buen uso de los fondos que se obtengan.
Por cierto, sería una modalidad excepcional de recaudación y asignación de fondos, pero también es excepcional la situación que la motiva.
Quienes bloquean la posibilidad de transformar una burocracia inútil en una estructura pública capaz de brindar salud, educación y seguridad de calidad, con anticuerpos que la inmunicen contra la corrupción y la colonización política, no pueden pretender que se los acepte como planificadores y recaudadores de un impuesto extraordinario.
El primer problema de la iniciativa de Maximo Kirchner es Máximo Kirchner. Pero la oposición tampoco tiene autoridad moral para oponerse como lo hace.
La oposición ataca una carga impositiva cuando apunta a las grandes fortunas, mientras hace muy poco contra los impuestos que se siguen agregando sobre la agobiada clase media, dañando negocios y empresas de pequeña y mediana envergadura.
Con las opacidades del oficialismo y la oposición, más razonable sería, por ejemplo, exigir a los empresarios acaudalados que inviertan en iniciativas que creen puestos de trabajo sumas equivalentes al “aporte solidario” reclamado.
Para los poseedores de grandes fortunas, una cosa sería realizar inversiones que, además de generar trabajo y dinamizar la economía, puedan reportarle ganancias, y otra cosa es poner dinero en un aparato inservible manejado por una dirigencia sin ideas y adicta a la arbitrariedad, la corrupción y el clientelismo.
*El autor es politólogo y escritor.
