Las paritarias de la casta

O Milei vive en una burbuja desinformada, o sabía de la maniobra senatorial y optó por no desbaratarla. Propenso a la comunicación instantánea por redes sociales, al Presidente le hubiese bastado un tuit para voltear todo.

Las paritarias de la casta
El Senado votó subirse las dietas y hasta se pusieron un aguinaldo que hasta ahora no cobraban. Foto: Federico Lopez Claro

Cuesta creer que el presidente Javier Milei desconociera la maniobra consumada en el Congreso Nacional para aprobar un aumento que duplicó las dietas de los senadores. Por su propia naturaleza, críptico hasta el colmo de la hipocresía, el procedimiento utilizado para garantizar la unanimidad de los votos sólo podía ejecutarse si estaba acordado. Con la participación de todos los bloques partidarios -incluido el oficialismo- y la anuencia explícita de la Vicepresidenta de la Nación.

El tiempo para construir esa relojería fue inversamente proporcional a la velocidad final de la operación. O Milei vive en una burbuja desinformada, o sabía de la maniobra y optó por no desbaratarla. Propenso a la comunicación instantánea por redes sociales, al Presidente le hubiese bastado un tuit para voltear todo: cuando se enteró de que uno de los suyos firmó el trámite inicial para el aumento de dietas; cuando los bloques acordaron el temario de la sesión; cuando apareció en las bancas el proyecto encriptado que requería dos tercios para su tratamiento sobre tablas; cuando Victoria Villarruel se aprestaba a someterlo a votación ocultando su contenido.

Milei se expresó después, con los hechos consumados. La Casa Rosada recurrió de nuevo a la idea de que el aumento de dietas revela la condición impopular de los parlamentarios. En sus horas como congresista, Milei rifaba sus ingresos con un propósito similar. El Senado se defiende señalando los sueldos del Poder Ejecutivo, donde eliminan ministerios, pero remuneran nuevos ministros. Mutuas imposturas, pura hojarasca. La médula a discernir es qué obtuvieron los contendientes en la paritaria.

Para internarse en ese mapa difuso conviene atender dos antecedentes. El Ejecutivo viene de cuatro meses sin obtener una ley en el Congreso; los legisladores vienen de un fracaso similar: el rechazo social agitado por Milei les impidió otorgarse un aumento en marzo. Protagonistas experimentados en los laberintos del Congreso se preguntaban en estas horas, tan suspicaces: ¿por qué conociendo aquel precedente de marzo, esta vez Milei se demoró al desenfundar?

En la misma sesión de la unanimidad salarial a mano alzada, el Ejecutivo consiguió del Senado el acuerdo para embajadores clave: Gerardo Werthein (Estados Unidos), Axel Wahnish (Israel), Ian Selecki (Francia), Sonia Cavallo (Organización de los Estados Americanos), el siempre fungible Guillermo Nielsen (Paraguay) y Mariano Caucino (India).

Pero ese canje presunto no alcanzaría a explicar por qué el oficialismo desarticuló antes un aumento del 30% en las dietas y convino ahora uno más de cinco veces mayor (que muy probablemente se extenderá a Diputados). Esa brecha porcentual sólo sería razonable si el acuerdo se proyecta generosamente sobre lo que está por venir: el tratamiento de la ley ómnibus en las dos cámaras; el sueño de los justos para el DNU 70; y la apertura del tratamiento del pliego que propone al juez Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Los acuerdos políticos suelen ser presuntos, pero no inverificables: hay que atender a sus consecuencias.

Lo ocurrido con las dietas del Senado vendría a ratificar otros criterios pragmáticos que está adoptando el Gobierno para cerrar las paritarias de la casta. La cartelización de los senadores emuló de manera más exitosa otro acuerdo oligopólico que lo precedió, también en un mercado de competencia imperfecta: el de las empresas prepagas del sistema de salud. También allí el Gobierno sembró pour la gallerie su cada vez más fumífera retórica libertaria. Pero tuvo que recurrir a la razón de Estado para frenar otra paritaria descontrolada. Con experiencia en esas negociaciones, hechas de amenazas vociferadas y pactos silenciosos, Hugo Moyano cerró la suya consiguiendo del Estado fondos frescos para su obra social propia, antes de desatar un paro de camioneros.

Recursos expeditivos

Es más que probable que la diligente unanimidad salarial del Senado haya sido inducida por los diálogos entre los gobernadores y el ministro del Interior, Guillermo Francos, en la paritaria que entre todos ellos negocian para aprobar las facultades delegadas y el paquete fiscal de la ley de ómnibus. También es diálogo de fulleros. Milei y los gobernadores fueron socios en la irresponsabilidad cuando eliminaron el impuesto a las Ganancias que hoy se disponen a restablecer. ¿Más la moratoria y blanqueo habitual para cualquier mandato que se inicia?

Milei piropeó empresarios en Bariloche elogiando en lenguaje libertario la fuga de capitales. Pero se apresta a reclamar como jefe de Estado el regreso de esos fondos para financiar la “organización criminal que recauda impuestos de manera coactiva”. Porque ahora la conduce. Si no lo hace, el objetivo del equilibrio fiscal corre riesgo y con él, el vértice central que ordena toda la pirámide de negociaciones paritarias con la casta: la caída de la inflación.

En torno a ese vértice orbita otra paritaria que para el Gobierno es central: la de Luis Caputo con el FMI. Las advertencias de un rezago cambiario vienen apareciendo por varios lados. El Gobierno quiere inducir para este mes una inflación de un dígito, pero el esquema de precios relativos heredados tenía y tiene tan altos grados de distorsión que parece un campo minado. Hay actualizaciones tarifarias que Caputo resolvió pausar y cualquier retoque del dólar oficial influiría de peor modo en los precios.

Mientras subsista el cepo cambiario, el plan económico siempre será de contingencia, no de estabilización. Milei y Caputo le piden al FMI y el Departamento del Tesoro norteamericano dólares frescos para diseñar una salida del cepo. El economista Claudio Loser describió la respuesta. A Caputo le dicen lo mismo que Milei en la Argentina: “No hay plata”. Ese horizonte refuerza en el Gobierno la urgencia de contar con herramientas normativas de emergencia. No sólo las facultades que pide al Congreso, también una mayoría en el Poder Judicial que convalide decretos de necesidad y urgencia.

Tal vez por eso, Patricia Bullrich sorprendió con su apoyo público al cuestionado juez Lijo. “Es muy expeditivo”, elogió la ministra. Curiosa doctrina ética. Mal, pero rápido, también funcionaba el fallecido Norberto Oyarbide; que Dios tenga en su santa gloria.

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