Noticias periodísticas informan que el presidente de la Nación ha dejado libradas a las provincias la suerte de sus finanzas, obligándolas a que deben hacerse cargo de los subsidios a los transportes. Más aún, se ha señalado por el ministro de Economía que el retiro de la “ley ómnibus” no afecta el equilibrio fiscal.
El objeto del presente trabajo es determinar que las provincias deben retomar sus facultades tributarias en materia de impuestos directos e indirectos, que desde el año 1934 (ley 12.147) la Nación prorrogó el entonces impuesto a los réditos en forma unilateral “centralizando” y “coparticipando” el producido de la recaudación impositiva.
Para no ahondar en el tiempo, en 1973, el decreto-ley 20221, luego reformado por el decreto 20413 y más tarde por ley 20.633 estableció una distribución de lo recaudado del 48,5% en forma automática a la Nación, otro tanto a las Provincias y 3% para el Fondo de Desarrollo Regional.
Sería en la administración del presidente Raúl Alfonsín, cuando las provincias alcanzaron el pico más alto en materia de distribución de coparticipación, con la sanción de la ley 23. 548.
En efecto, dicha norma estableció que, a partir de 1.988, el 54,66% (distribución primaria) le corresponde a las provincias y sólo le otorgaba un 42,34% a la Nación que contaba con todas las empresas y sociedades nacionales que luego con la administración Menem fueron todas privatizadas.
Sin embargo, esta gran conquista de las arcas provinciales fue distorsionada en la administración Menem a través de los Pactos Federales I y II que fueron “mutilando” la ley 23.548. También se entregó a las provincias la totalidad de los servicios educativos y de salud sin la reasignación de recursos.
Luego la reforma constitucional de 1994 en el art. 75 inc. 2 estableció, en su parte pertinente, “una ley convenio que tendrá como cámara de origen el Senado nacional, que deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, que no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias”.
Esta cláusula es una de las escasas reformas que aún no se ha implementado y es de dudosa sanción para los tiempos que vienen en razón de los requisitos que contiene.
Pues bien, mientras esta norma no se sancione, las provincias deben retomar su potestad tributaria que le otorga el propio art. 75 inc. 2 de la Carta Magna federal en materia de contribuciones directas (impuesto a las ganancias, IVA, capitales, al cheque, etc) y las contribuciones indirectas (impuestos al tabaco, yerba mate, etc) que deben ser recaudadas directamente por las provincias.
Así se sancionó en 1853/60 pues las provincias fueron las que constituyeron la Nación, tal como señala el Preámbulo y los arts. 121 y cc., de la Constitución de la Nación.
Por tanto, sólo basta desvincularse por intermedio de las Legislaturas provinciales que fueron invitadas a adherir al régimen de la ley 23548 como se dijo, sancionada en 1988. Esto lo afirmamos en el año 2.004 en nuestra obra “Estudios sobre Estado, Constitución y Política” de la Editorial Martín Fierro, de Mendoza.
De allí que el actual Gobierno nacional si tiene la vocación de no proporcionar ayuda alguna a las provincias, éstas deben retomar esta expoliación que han venido sufriendo desde 1934 por la Nación. Ignora además el Gobierno nacional que debe promover “la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias”, tal como señala el art. 75 inc. 18 y todas estas normas que fueron sancionadas por el presunto inspirador del actual presidente de la Nación a quién lo ha predicado, más no lo ha seguido, el ilustre tucumano Juan B. Alberdi.
Más aún, de inmediato las provincias deben demandar originariamente ante la Corte Suprema de la Nación al Gobierno nacional por las contribuciones directas e indirectas, por las regalías mal liquidadas y por todos aquellos rubros que, indebidamente, se ha apropiado el Gobierno de la Nación (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional), como hizo la Provincia de Mendoza por el perjuicio sufrido por la promoción industrial en la década del noventa o cuando el entonces gobernador Santiago F. Llaver obtuvo la tarifa preferencial eléctrica para Mendoza siendo el gobierno nacional de Alfonsin de su mismo signo partidario.
Precisamente, la actitud de Santiago F. Llaver indica a las claras la decisión federal que tuvo la U.C.R. en aquel tiempo. Se trataba de un partido con su propia individualidad partidaria, con su impronta en defensa del federalismo, de la democracia social y de las instituciones de la República. Esta actitud que tuvo la U.C.R., siguió hasta el gobierno de De la Rúa donde el radicalismo compartió la fórmula con el entonces Frepaso. Entiendo que allí se produjo un quiebre en la identidad partidaria que se profundizó con la denominada transversalidad producida en el año 2007. En efecto, allí la UCR se iba recomponiendo de los trágicos sucesos del año 2.000 y contaba con cinco gobernadores, más de quinientos intendentes y un bloque legislativo nacional importante. Sin embargo, el daño producido por la ida de numerosos gobernadores e intendentes permitió que la sociedad concibiese que la UCR se “doblara” por perseguir fines estrictamente personales en los dirigentes que se fueron. A pesar de ello, en la elección de 2011 la UCR aún con otro dirigente peronista obtuvo más de tres millones de votos.
Pero, a mi criterio, la debacle vino en Gualeguaychú en el año 2015 cuando la UCR se convirtió, lisa y llanamente en “furgón de cola” del gobierno de Macri. Aunque lo más grave, es que se desvirtuó el pensamiento radical con el embeleso de las mieles del poder que, a pesar de ello, no pudo gravitar con su pensamiento en materia social, en política internacional, en la educación, el federalismo, entre otros temas, por el empecinamiento en sostener un programa de derecha, ajeno al ideario de la UCR. Allí, entiendo, se produjo una grave conmoción en los propios cimientos de un partido de más de 130 años, por perseguir algunos dirigentes, proyectos personales inconducentes, muchos de los cuales han seguido una carrera política que parece no tener final. De allí que la prédica, sin duda interesada, pero eficaz de Milei prendió en una sociedad que se había acostumbrado a ver siempre las mismas caras de la política argentina. A ello debe agregarse el declamado kirchnerismo en defensa de los más humildes que terminó con un grave perjuicio a los intereses materiales y morales de la República.
¿Qué debe hacer la UCR frente a Milei? Entiendo que la Convención Nacional en abril de 2023 señaló que la alianza de Juntos con el Cambio finalizaba o en el gobierno o se extinguía. A ello debe agregarse que al irse Bullrich-Petri con Milei se apresuró aún más la disolución de la triste alianza que unía a la UCR con la derecha argentina. Al obtener JxC la tercera posición electoral, la alianza quedó sin efecto y la Convención Nacional deberá así declararlo, no sin antes, proceder a la reafiliación en todo el país, para saber quiénes son los auténticos/as radicales y comenzar la tarea de la búsqueda de consensos como señalaba con acierto Raúl Alfonsín con partidos que comulguen las mismas banderas que jamás la UCR debió abandonar. Balbín señalaba que la UCR es una “permanencia”, no una “circunstancia” en la vida del país.
Con relación a Milei, le señalo que como decía el mismo Ricardo Balbín que " no todo lo que sirve para llegar, sirve para mantenerse”. Lamento sus agravios proferidos antes de ser gobierno y aún hoy sigue con sus denuestos. No importa, la UCR seguirá su marcha en búsqueda de la democracia y la permanente defensa de la República acreditada de más de un siglo.
*El autor es abogado. Convencional Nacional Constituyente por la UCR en la reforma de 1994.
