Imposible haberlo imaginado. El presidente Alberto Fernández y el gobernador Rodolfo Suárez están a punto de cumplir nueve meses de gobierno, más de cinco de los cuales los habrán pasado en medio de una cuarentena que mantiene a sus gestiones en una suerte de limbo donde lo que sobran son urgencias y lo que faltan son perspectivas.
La pandemia de Covid-19 clausuró toda iniciativa con que se ilusionaban, pero la realidad también los puso en sendas paralelas. Ambos cargan con una suerte de debilidad de origen, con elocuentes tropiezos de gestión política y con proyectos que, como mínimo, suenan extemporáneos con una economía al borde del colapso, una situación social acuciante y problemas estructurales que golpean a la Nación y la Provincia.
La candidatura a gobernador de Suárez decantó de una negociación cuyo fracaso hubiera llevado al posible quiebre de la coalición oficialista. De la postulación de Fernández ya se sabe: fue Cristina Kirchner quien lo llevó a ese lugar. Ambas situaciones hacen que, por un lado, el PJ mendocino vea detrás del gobernador la figura de su antecesor, Alfredo Cornejo y, por otro, no sean pocos los que ven la sombra de Cristina en cada movimiento presidencial.
A Suárez no lo favorece haber mantenido algunos funcionarios de la gestión cornejista ni tener bloques legislativos donde predominan diputados y senadores de esa extracción. El PJ no aprobó siquiera el Presupuesto y no deja de perseguir el sueño de que Suárez “denuncie” el estado en que quedaron las cuentas públicas provinciales tras la gestión “del Petiso”.
A Fernández le pasa algo parecido. El armado de sus equipos ministeriales combina funcionarios de su confianza y otros que responden a su Vice. Eso si, cada “albertista” tienen al lado un cancerbero K. Los bloques del Congreso, en tanto, son dominados en persona: Máximo Kirchner es el jefe de la bancada de diputados y su madre, preside el Senado. “Albertítere” es la expresión acuñada en las redes sociales para caricaturizarlo.
Suárez jugó sus primeros días de gobierno a modificar la ley 7.722 que prohibía el uso de sustancias tóxicas en explotaciones de minería metalífera. Así, sancionó una ley muy festejada por empresas y gremios del sector minero pero rechazada por el ambientalismo. Duró días. Las movilizaciones callejeras lo hicieron derogarla. No faltan quienes le achacan falta de convicción para sostener una legislación “políticamente incorrecta” pero necesaria para diversificar la matriz productiva mendocina.
Fernández, según confesión propia, escuchó a la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti y dispuso intervenir para luego expropiar la cerealera Vicentín. Muchos lo vieron como una suerte de reedición de aquella resolución 125 que desató la guerra con el campo. Tropiezos judiciales y el fracaso de intentos por moderar la iniciativa la llevaron a languidecer, tanto que la propia Anabel se negó a volver a hablar del tema.
El cierre del noveno mes los encuentra embarcados en proyectos que enfrentan cuestionamientos. El Presidente avanza con una reforma judicial cruzada por sospechas de búsqueda de impunidad para casos de corrupción que involucran a la Vicepresidente. El Gobernador se lanzó al tercer intento desde 1983 por reformar la Constitución de Mendoza. Acá no hay sospechas graves sino reproches a lo que aparecen como justificativos débiles, al momento elegido y a la falta de consenso previo con que el proyecto entró a la Legislatura. ¿Qué pasa si vuelven a fracasar?
Para evitarlo, Suárez ya designó a su vicegobernador, Mario Abed, como el operador político con el PJ, Protectora y el Frente de Izquierda. Pero también para que convenza a los propios: legisladores demócratas ya anticiparon su oposición a puntos centrales de la reforma. Mientras, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, ya avisó que frenará la discusión de la reforma judicial hasta que haya suficientes “consensos” para asegurar el éxito. Es decir, cuando tenga los votos que le faltan (entre 11 y 4) para lograr el quorum y la aprobación.
Las vidas de Fernández y Suárez se cruzaron, de manera virtual, este martes cuando el Presidente relanzó la Variante Palmira. Suárez agradeció y elogió la pluralidad del mandatario. Necesita como agua del dinero nacional si quiere, al menos, navegar con alguna tranquilidad los próximos meses. Fernández ni siquiera recordó que la obra fue licitada por la gestión de Mauricio Macri y la mayor parte de lo hecho en esa ruta -que describió como esencial- corresponde a esa administración. No estamos para esas cortesías.
