En una entrevista reciente, Ernesto Sanz reflexiona sobre la situación en la que se encuentran las coaliciones de los dos lados de la grieta. Dice con total contundencia: “No se logra domar el potro del Estado. Y el tiempo pasa. Un Estado incapaz de generar resultados y soluciones, de generar estímulo a la actividad privada, de cumplir un rol. Un Estado que termina imponiéndose frente a las coaliciones políticas. La política termina devorándose a sí misma. Sin embargo, creo que la política puede tener una oportunidad”. (Fuente www.perfil.com).
El análisis es claro y exacto. En efecto, los argentinos nos hemos mostrado de manera consuetudinaria, incapaces de gobernar el Estado.
Mendoza, en su lucha contra el desierto acechante, ha persistido gracias a la capacidad de los mendocinos de administrar el agua que supone siempre generar acuerdos. Es, entonces, una provincia que prospera en la medida que sus dirigentes se muestran capaces de avanzar sobre la construcción continua de consensos amplios que pongan bajo control el carácter querellante de la sociedad argentina. Sin embargo. los mendocinos en ocasiones tenemos dificultades para pensar el Estado de manera integral. Ejemplo de esto, lo dijimos ya, es pensar una reforma de la constitución sin incluir el tema educativo.
Esta incapacidad de pensar el Estado integralmente también se ve en el texto del borrador de la ley de educación recien propuesto. No es solo el contexto es también el texto.
Las leyes nacionales rigen el sistema educativo a la manera de un todo disperso, provocando su carácter refractario a todo abordaje sistémico. A nivel nacional contamos con tres leyes: la Ley de Educación Nacional (Nº 26.206), la ley de Educación Superior (Nº 24.521 ) y la ley de Educación Técnico Profesional (Nº 26.058)).
La existencia de estas tres leyes refleja una incapacidad técnica y política de pensar el Estado como un todo integrado, de administrar y gobernar un sistema educativo (y no componentes yuxtapuestos) tanto en lo que respecta a la experiencia del ciudadano que atraviesa ese sistema como a una justa y equilibrada distribución de los recursos.
No son pocas las tensiones que se producen entre el nivel superior universitario y los niveles obligatorios o entre la educación técnica y el resto del sistema a la hora de distribuir fondos o de pensar la formación horizontal y vertical del sistema. Esas leyes inconexas responden al pensamiento lineal, que divide con la ilusión de dominar las partes, y muestran la renuncia de los argentinos a abordar la complejidad del sistema.
Los mendocinos deberíamos ser capaces de hacer el intento de superar la fragmentación reinante, al menos en lo que respecta a la jurisdicción. Debería entonces mantenerse los principios de estas leyes rectoras sin renunciar a consensuar en un diseño integral el sistema educativo.
Tal como ha sido presentado a la ciudadanía, el borrador aspira a constituirse en una ley marco. Sin embargo no se observa un master plan que organice el texto. De allí que, por ejemplo, se desarrolle con tal nivel de detalle el nivel superior o la educación privada mientras que la compulsa del borrador con la ley nacional evidencia que lo que se presenta en los demás niveles es una copia de la ley 26.206 sin ninguna contextualización al escenario local ni ninguna actualización a los tiempos que corren habida cuenta de que ya han trascurrido 14 años desde que la ley nacional fuera sancionada. Es necesario, focalizando en el ciudadano que el Estado mendocino del siglo XXI aspira a formar, profundizar el trabajo técnico sobre el texto del borrador para avanzar hacia un planteo integral del sistema superador de esa suma de yuxtaposiciones descontextualizadas.
Un ejemplo de esta ausencia de master plan se ve en el inciso g del artículo 3 del borrador. Allí los grandes principios del sistema educativo (educación integral, inclusiva, de calidad, laica) han sido postulados solo para la educación pública de gestión estatal. Se trata de una peligrosa omisión.
Las leyes a menudo reflejan no sin tensiones los intereses diversos que sustentan los distintos actores que conforman el campo sobre el cual aspira a legislar, de allí que en lo educativo se avanzara con tres leyes diferentes. Pero hacia el interior mismo de cada una también hay tensiones.
Tal es el caso, por ejemplo, de la ley 26.206. Allí asistimos a una estructura del sistema compuesto por niveles y modalidades sin explicitar las relaciones sistémicas entre ambos constructos. Esto termina generando estructuras superpuestas que difícilmente interactúan para resolver los problemas de los ciudadanos y, sobre todo, de garantizar sus derechos. Pongamos si no como ejemplo la modalidad especial y su relación con los distintos niveles del sistema. No hay nada menos resuelto que la inclusión de las personas con discapacidad. Lo saben los padres, los sabemos los docentes y lo saben los estudiantes que padecen un sistema que no ha logrado configurarse como tal debido a la escasa claridad de la ley. El borrador de la ley debería avanzar en llevar el sistema desde una estructura complicada, que ha dado muestras de su ineficiencia, hacia una compleja, con mayor capacidad de comprender y operar sobre la realidad.
Se impone entonces profundizar el trabajo sobre el diagnóstico y sobre el proyecto para avanzar en un rediseño del sistema orientado a preservar primordialmente los derechos de los ciudadanos. Semejante tarea requerirá trabajar en torno de grandes consensos. El sistema educativo requiere ser pensado atendiendo a su complejidad. De lo contrario seguirá creciendo de manera caótica en respuesta solo, como ahora, al poder de lobby de algunos actores. Siguiendo a Sanz, esta ley puede ser una oportunidad para la política de dominar el potro del Estado. Ojalá, no la desaprovechemos.
Profesora Universitaria. Especial para Los Andes.
