Burocracia e ideología son las dos lamentables características que posee nuestro sistema de justicia penal.
Por un lado, existe un Poder Judicial fuertemente mecanizado, con empleados y funcionarios que trabajan de manera inercial y sin motivaciones.
Las laberínticas oficinas de los tribunales, la falta de atención amable y eficaz al público, las dificultades que se poseen para lograr una comunicación telefónica son algunos de los ejemplos de la odisea que deben atravesar quienes han sido víctimas de un hecho delictivo.
A ello se suma el deliberado y expreso desinterés de muchos judiciales por intentar solucionar en forma eficaz y solvente los problemas que se suscitan a diario, así como también debe mencionarse que, como contrapartida a esta despreocupada forma de trabajar, existe un denodado esfuerzo por “sacarse de encima” las causas penales, ingresándolas a un círculo burocrático bajo un universo de justificaciones irrisorias: “falta una firma”, “no figura la fecha de la resolución”, “la foja no tiene número”, etc.
Bien es sabido por los propios empleados y funcionarios del fuero penal que todas estas cuestiones pueden ser resueltas con un poco de esmero y responsabilidad en el transcurso de una mañana.
¡Cuidado que no falten el mate y la charla matutina de varias horas! De todos modos, el trabajo puede esperar.
No se trata aquí, naturalmente, de que sean suprimidas la cordialidad y la camaradería entre los compañeros de trabajo sino de comprender que detrás de cada causa penal hay una persona, una familia y hasta incluso la propia sociedad que han sido víctimas de un hecho delictivo.
El descubrimiento de la verdad y el deseo de que se alcance justicia por el crimen sufrido no pueden estar sujetos a demoras.
Por otro lado, y para colmo de males, reina en el ámbito académico, y por añadidura dentro del propio poder judicial, una peligrosa ideología kitsch denominada abolicionismo penal, que se propone destruir con ahínco y poco a poco la Justicia.
Hay que admitir aquí que esto sí se dice y se denuncia: Usina de Justicia ha desenmascarado la forma en que esta ideología erosiona paulatinamente al sistema penal argentino.
Quienes militan de manera férrea en esta corriente ideológica fueron diseñando a los largo de varios años diversos institutos jurídicos tendientes a favorecer la suerte de los delincuentes.
Han justificado las liberaciones masivas que el año pasado se efectuaron bajo la artera excusa del Covid-19 y hasta proponen ahora la implantación de una justicia restaurativa para reemplazar a la actual Justicia penal, con la idea de que la víctima y el victimario se sienten pacíficamente en una mesa a “resolver el conflicto”, como si se tratase de una cuestión meramente contravencional.
Todas estas cuestiones que tiñen a la Justicia penal argentina y generan impotencia y hasta resignación en los ciudadanos son escondidas debajo de la alfombra.
Quienes están dentro del sistema penal no son capaces de hacer mea culpa y admitir estos desparpajos, ya que ello implicaría el deber de esforzarse y mejorar la calidad de justicia brindada.
Obviamente, no puede generalizarse en modo absoluto todo lo que se viene diciendo: existen excelentes excepciones de empleados y funcionarios que justifican con creces los sueldos de los que gozan.
Sin perjuicio de esta minoría respetable y diligente, se advierte la imperiosa necesidad de que se entienda de una vez por todas que el Poder Judicial debe velar por el otorgamiento de un sólido, eficaz y ágil servicio de justicia.
La ciudadanía en general y las víctimas en particular, que pagan con sus impuestos por ello, se lo merecen.
El día que se comprenda esto tendremos un Poder Judicial prestigioso que con orgullo podremos resaltar los argentinos.
