El intendente sale a correr varias veces por semana. Lo ven quienes van por la ciclovía que él transita ida y vuelta. En ese ir y venir, no falta quien lo pare. Y entre pedidos de más bebederos o alguna luz, escucha palabras que no dejan de sorprenderlo: “Los vamos a apoyar, seguí para adelante”.
La sorpresa es porque ese banque no es para su gestión, ni la provincial, que sería lo lógico, al fin de cuentas es radical desde siempre. “Creen que soy intendente de Milei”, asume resignado y a la vez preocupado. No sabe cuándo ese apoyo “por asociación” se le volverá en contra si las medidas nacionales salen mal. Aunque él no tenga nada que ver y tema el escenario que se avecina como cualquiera.
Esa identificación entre el oficialismo provincial y el Presidente no es casual. En primer lugar, comparten electorado. Buena parte de los que votaron a Milei en Mendoza antes lo habían hecho por Alfredo Cornejo y los intendentes radicales en la provincial.
También comparten discurso. El ajuste del Estado es un objetivo recurrente desde que gobierna Cambia Mendoza. También cierta propensión a potenciar el sector privado. No es casual que una y otra vez asocien muchas de las medidas dispuestas en la Nación con las ya tomadas acá.
Además, ha habido gestos, sobre todo del Gobernador, para asociarse a Milei desde que Patricia Bullrich quedó fuera de juego en las elecciones generales. Por ejemplo, nunca dijo a quién votó, pero sí dejó en claro que no lo hizo por Sergio Massa.
Cornejo está convencido de que le viene bien un gobierno de derecha que impulsa un cambio cultural en el mismo sentido que él pretende.
Ahora, con los hechos consumados, cree y ha dicho que el DNU y la ley ómnibus plantean reformas estructurales que van en la dirección correcta. Salvo algunos artículos puntuales, a los que califica desde “invotables” a “barbaridades que no muestran más que improvisación”.
Entre estos, hay un punto en el que el radical marcó una diferencia clara en las declaraciones de los últimos días: no hay lugar para superpoderes al Presidente. En esa postura, confluyen la experiencia y la conveniencia.
Ya se sabe lo que pasa cuando se delegan facultades legislativas al Presidente. La cuasi extinción de un poder anula el sistema republicano. La emergencia económica pos 2001 concedió al primer kirchnerismo facultades extraordinarias que llevaron a abusos, aunque ahora sus referentes se hagan los escandalizados. La memoria humana es selectiva.
Pero dar superpoderes a Milei por dos años no sólo es peligroso para el sistema, también implica para los gobernadores perder la única posibilidad real de negociación que tienen hoy: los votos en el Congreso. Justamente lo que le falta a este oficialismo escuálido en bancas, que busca con sumar facultades para eludir la obligación de discutir y conceder ante cada proyecto.
Por ahora, el trato que la cúpula del Gobierno nacional dispensa a Cornejo es “perfecto”. De hecho, Jorge Faurie, designado embajador en Chile pero también hombre de consulta en materia de relaciones exteriores, antes de la confirmación lo llamó en nombre del Presidente y la canciller Diana Mondino para saber qué opinaba. O si tenía algún candidato para proponer. El Gobernador le dio su aval.
El estilo Milei ha desconcertado a la oposición. Como antes lo había hecho en la campaña. Parece querer acorralar, avasallar a sus rivales. La jugada de Ganancias es una muestra: dejó fuera de la ley ómnibus la reducción del mínimo no imponible. Si ayudan a aprobar el paquete de reformas que presentó, que implica casi un giro de 180 grados al rumbo que tenía el país hasta ahora, entonces cambiará Ganancias. De lo contrario, deberán pasar el año sin esos recursos esenciales.
Los gobernadores ya tienen una muestra de lo que les espera: en diciembre, las transferencias automáticas a las provincias por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones cayeron 18,2% interanual, una vez descontada la inflación, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Ese porcentaje es el promedio nacional, pero en Mendoza fue aun más: 19,5%.
¿Cómo se explica la caída? Precisamente por el impuesto a las Ganancias que dejaron de pagar los empleados en relación de dependencia como consecuencia de un acto de campaña desesperado de Massa.
Ese 19,5% de fondos nacionales perdidos equivale a 10% de los ingresos totales que tuvo Mendoza este mes y es sólo un anticipo de lo que puede venir. El futuro próximo depara una caída mayor del consumo y por lo tanto de los impuestos atados a ventas como IVA e Ingresos Brutos, que repercutirá muy duro en las cuentas provinciales y también municipales.
Por eso, algunos intendentes del Gran Mendoza entraron en pánico cuando leyeron la entrevista a la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, publicada el domingo 23 en Los Andes. Analizan el pedido para que se involucren en la lucha contra el delito como la transferencia de una parte del costo del sistema de seguridad pública. Una coparticipación a la inversa.
La idea, a primera vista, viene a completar un plan que Cornejo empezó a desarrollar en su primer mandato. Al igual que muchas de las propuestas que hizo en la campaña. Como si entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023 hubiese habido una larga transición a la espera de su regreso.
Fue a fines de 2017 cuando, a través de una ley, obligó a todos los municipios a crear una policía vial. Por entonces, hubo muchas quejas y resistencia de los intendentes. Incluso, hubo planteos de inconstitucionalidad de San Rafael y Lavalle. Básicamente, reclamaban la transferencia del dinero para costear el sistema.
Hoy, la resistencia tiene la misma raíz. La cuenta es simple: crear un cuerpo de preventores implica más personal y una estructura jerárquica; comprar, mantener y renovar móviles; tecnología para que los agentes puedan cumplir su función; tener un centro de operaciones donde funcione y se guarden los móviles. O sea, dinero, dinero y más dinero.
El único de los seis departamentos del Gran Mendoza que cuenta con ese cuerpo como pretende el Gobierno es Capital. Y los costos que tiene asustan a los municipios vecinos. La seguridad se llevará el 15% del presupuesto 2024, o sea unos 5.000 millones de pesos, que por supuesto ya han quedado desactualizados.
Hay una realidad financiera que Cornejo conoce y que lo lleva a respaldar la idea: desde el acuerdo por la coparticipación entre Provincia y comunas de 2009, cuando gobernaba Celso Jaque, las municipalidades pasaron a ser “ricas” en su mayoría y muchas están sentadas sobre sumas millonarias que tienen resguardadas en fondos comunes de inversión, plazos fijos y demás. Algunas tienen acumuladas más de cinco nóminas salariales. Mientras a la Provincia el ahorro siempre le cuesta mucho más o directamente le resulta imposible.
Los apuntados por la declaración de Rus son tres departamentos radicales (Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras), uno peronista (Maipú) y el único de La Unión Mendocina (Luján).
Uno de los intendentes que debería crear un cuerpo de seguridad no podía ocultar su enojo varios días después de enterarse del plan por la entrevista: “¿Qué ganás con los preventores? No es lo mismo que tener policías en la calle. Es más, si ven algo raro o detectan un delito, deben llamar a la Policía porque si ellos se bajan del móvil seguro los cagan a palos”.
Esos argumentos y otros, la ministra Rus debió escucharlos personalmente. Los intendentes involucrados le hicieron saber su enojo. El argumento provincial es que los preventores sirven y mucho para la “disuasión”. Esa es la palabra clave. Su presencia, entienden, da tranquilidad a los ciudadanos, asistencia, una primera mano ante un hecho delictivo.
Para explicarlo apelan a un ejemplo de Salud: los preventores serían los centros de salud y la Policía, los hospitales. “Son la contención primaria”, definen para completar la idea.
El que se ha mostrado predispuesto a seguir la idea del Ministerio de Seguridad es Francisco Lo Presti, de Las Heras, que “heredó” de Daniel Orozco la Guardia Urbana, un cuerpo numeroso pero sin formación ni móviles que por ahora trabaja en el control en puntos fijos. Aunque tiene otras urgencias, como equilibrar las cuentas municipales en rojo, ya tiene en carpeta licitar la compra de autos.
Las estadísticas que procesan en el Ministerio de Seguridad indican que más del 80% de los delitos denunciados en la provincia ocurren en el Gran Mendoza y por eso son los municipios del área metropolitana los apuntados por Rus. Por ahora, no miran hacia otras regiones. Aunque remarcan que el artículo 10 de la ley orgánica de Municipalidades ya dispone que cada comuna debe crear su propia policía. “Se podría decir que casi todos están incumpliendo una ley clave”, torean desde el Gobierno.
Un ministro, quizás sabiendo del enojo de algunos intendentes propios, intentó bajar el tono a la polémica: “Las declaraciones de Mercedes son un mensaje de Cornejo al peronismo”.
El único peronista que se puede dar por aludido es el maipucino Matías Stevanato. Siempre desconfiado, en el Gobierno le achacan hacer campaña con la inseguridad en su departamento, sin involucrarse en las soluciones. El cuerpo de preventores que tiene, aseguran, sólo se ocupa de temas viales y se ha hecho imposible la coordinación con la Policía. En Maipú, dicen que sí hacen prevención.
Las quejas por supuesto llegaron al Gobernador y buscó bajar la polémica hacia adentro con un mensaje: “Vamos a trabajar juntos, no va a haber problemas”. Pero también dejó en claro que va a avanzar con la idea. Es el primero de los cambios planeados que anunció y promete más para el largo verano que hay por delante.
