Este nuevo festejo vendimial, acotado por la emergencia sanitaria, encuentra a los sectores vitivinícolas en medio de una fuerte tirantez. A la acentuada discordia entre varias entidades y la Coviar se suma por estas horas la recientemente creada Mesa Nacional Vitivinícola, en la que se integró Bodegas de Argentina, con un fuerte planteo crítico hacia aquella corporación. De acuerdo con los objetivos expresados, sus componentes tienden a “trabajar en conjunto para que el sector en su totalidad contribuya al desarrollo económico y social sostenible del país”. Así se refleja ayer en la edición de Los Andes.
Lamentablemente la mencionada división, que comenzó a manifestarse hace un par de años, se fue profundizando y puede adquirir un punto de ruptura a partir de esta suerte de “mesa de enlace” creada recientemente.
El Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), independientemente de la mirada que cada organización tenga de los resultados obtenidos, permitió, de algún modo, que los protagonistas de la actividad estuviesen sentados a la misma mesa.
Abundaron las discusiones, pero primó el respeto y se buscaron canales indispensables de consenso.
La sólida conformación que se mostró a partir de Coviar se fue diluyendo cuando desde las distintas organizaciones componentes comenzaron a realizarse observaciones que no deben ser menospreciadas. Potenciar los mercados, en especial en lo referido a la exportación de vinos, es una premisa de la industria vitivinícola desde hace muchos años. En ese marco, todo acuerdo internacional suscripto entre países o bloques económicos debía ser bienvenido; sin embargo, hubo amplias diferencias.
Una corporación en el campo económico debe tender primordialmente a la protección de los objetivos de sus distintos componentes y sobre este punto existen muchas dudas. El encendido clima que soporta el sector fundacional de nuestra economía así lo demuestra. El carácter público-privado de la corporación en cuestión debe tender primordialmente a la toma de medidas que no dejen dudas sobre supuestas coincidencias de índole política. Debe ser una especie de filtro que canalice reclamos, no que los potencie, como ocurre en estos momentos.
Una de las causas de la discordia son los efectos del plan estratégico finalizado el año pasado, sobre el que las entidades ahora nucleadas en la nueva mesa vitivinícola tienen un punto de vista totalmente negativos. Parece que no están dadas las condiciones ideales para que se encare un nuevo plan con objetivos a diez años más. La sola convergencia en la nueva organización de bodegueros de entidades que históricamente han tenido marcadas diferencias es una prueba clara de que, posiblemente, no sobresalgan los canales de diálogo que deben contener a productores e industriales del vino.
La vitivinicultura necesita unificar criterios. Esa revisión de rumbo es vital, además, para la economía de Mendoza. Porque los choques y desencuentros que se expresan con el actual escenario inevitablemente conducen a un desacomodamiento en la relación entre gobiernos (nacional y provincial) y los actores del sector.
