Los destinos de Rodolfo Suárez y Anabel Fernández Sagasti están entrelazados. No sólo es el presente el que los anuda. Son también el pasado y el futuro. Como si obedecieran a un orden superior borgeano, cada paso de ellos está vinculado, pero no necesariamente el perjuicio para uno implica un beneficio para el otro. A veces, ganan los dos. A veces, pierden los dos.
Hace sólo un año y unos días, él celebraba su previsible triunfo interno en las PASO y la seguridad de una victoria en la general. Ella festejaba haber ganado la interna al “aparato” de los intendentes del PJ y cumplido el primer paso de un plan mayor: liderar el peronismo para llegar a la gobernación en 2023.
Protagonistas y antagonistas absolutos de la campaña posterior, los caminos de ambos volvieron a unirse apenas el radical asumió como gobernador. La modificación de la ley 7.722 los puso del mismo lado. Ya se sabe, la ola social arrasó la reforma y ambos casi por igual fueron apuntados como ideólogos de un plan para favorecer la minería.
El destino volvió a cruzarlos una y otra vez desde entonces, no siempre en la misma vereda, como con el endeudamiento, pero con un diálogo frecuente, mucho más del que trasciende.
Ahora Portezuelo del Viento los obliga a estar nuevamente del mismo lado, al menos en lo formal, tras aquella frase del presidente Fernández que puso en duda el envío del dinero que la Nación debe pagar.
Suárez necesita de la senadora nacional y su influencia para convencer a la Casa Rosada de que la obra no es perjudicial para las provincias que atraviesan el río Colorado, como dice el nuevo eje anti Portezuelo liderado por La Pampa.
Fernández Sagasti, cuya postura pública pasó de la ambigüedad a encolumnarse con el reclamo provincial desde aquella frase repleta de errores conceptuales y geográficos del Presidente, también necesita que la obra se haga, aunque no esté convencida de la estrategia confrontativa del Gobierno mendocino ni del proyecto que se ejecutará.
Por eso, cerca de Fernández Sagasti admiten que si el 26 se rompe la negociación, hará pública su furia.
Portezuelo se volvió una bandera mendocina amenazada por el poder central y nadie que tenga acá un objetivo político-electoral para los próximos años puede dejar de enarbolarla.
Si Fernández finalmente cumple aquello de que la Nación no avalará una obra rechazada por cuatro de las cinco provincias vinculadas al manejo del río Colorado, entonces Mendoza perderá y Suárez saldrá golpeado, pero tendrá el argumento servido para acusar al kirchnerismo hasta el final de su mandato.
La senadora precisa que la represa avance tanto o más que el oficialismo porque, como la máxima figura K en Mendoza, el castigo de los enojados recaerá sobre ella y es lo que menos desea para el año próximo, cuando buscará renovar su banca.
Desde el propio peronismo la aconsejan: “Anabel va a tener que enfrentarse a la Nación si no mandan la plata. Si no lo hace, se va a hundir sola porque los mendocinos no se olvidan de esas cosas, no perdonan”.
El mismo dirigente confía en que el grueso del PJ va a defender los 1.000 millones de dólares que debe la Nación a la Provincia, pero no descarta excepciones.
El poder detrás del poder
La meta de Fernández Sagasti es ganar o al menos no quedar tan lejos del oficialismo en 2021 para posicionarse en la carrera por la gobernación de 2023. Aunque falta mucho y puede pasar de todo en este país de los imprevistos, en su entorno saben que no será fácil: ven como potencial rival a Alfredo Cornejo y a Julio Cobos como un plan B.
Desde el entorno de Cornejo avisan que él no será de la partida. La labor legislativa le disgusta, la siente lejana, y quiere volver a la función ejecutiva. Queda en carrera Cobos, archirrival de Cristina pero de diálogo afable con la camporista.
Fernández Sagasti es la jefa de la oposición local y a la vez la figura mendocina de mayor influencia en la Nación. Una combinación que no tiene precedentes en la política local. Tiene trato frecuente con el Presidente y un contacto estrecho con Cristina. Eso hace que sea parte de la toma de decisiones.
Su protagonismo se asemeja al de aquellos dirigentes justicialistas que ocuparon la primera línea del gobierno menemista en los ‘90, como Bauzá, Manzano y Dromi. Pero la actual senadora tiene una ambición y un proyecto político-electoral que aquellos no tenían.
El caso Vicentin la catapultó la semana que pasó a nivel nacional. Su imagen junto al Presidente estuvo en todos los canales de TV del país y fue presentada como la autora intelectual del proyecto de expropiación del grupo empresario (a un costo aún desconocido), que implica además absorber su deuda de 1.350 millones de dólares. La medida, más allá de las explicaciones, sólo fue aplaudida por la tribuna K.
En el peronismo reconocen que Fernández Sagasti es quien “enciende y apaga la luz” de los despachos de la Casa Rosada cuando van los intendentes del PJ local. Su nombre, y su voz, destraban gestiones y aseguran fondos. Sin su visto bueno, nada avanza.
Esa misma dinámica funciona con Suárez. En el radicalismo precisamente le reprochan al Gobernador que no haya generado un vínculo directo con Fernández para evitar la intermediación de quien en definitiva es la cabeza de la oposición local y una segura contrincante electoral del oficialismo provincial.
Esa dependencia, aseguran, es contraproducente: los más duros acusan a la senadora de propiciar el ahogo financiero del Gobierno provincial para que a Suárez le vaya mal. Desde el peronismo dicen que si eso realmente fuera así, ella también perdería.
Nuevamente los destinos se cruzan. Y volverán a hacerlo sin pausa hasta 2023, al menos. Al fin de cuentas, Fernández Sagasti quiere el lugar que hoy ocupa Suárez y que el radicalismo sueña retener.
