¿Hay solución para aquellos candidatos que llegan a obtener una banca mediante el voto popular, y luego incumplen las promesas de campaña? Sí, depende de nosotros, sus votantes. La iniciativa que deberíamos instrumentar los mendocinos, es sencilla. Todos los postulantes a cargos públicos elegidos democráticamente deben presentar sus propuestas de campaña por escrito, y en caso de llegar a ocupar el puesto deben cumplirla. Si no lo hacen deben ser sancionados.
Existe un principio jurídico universal que sostiene que no hay obligación sin sanción. Debe existir –entonces- una rendición de cuentas a la sociedad que los votó, lo cual, es un principio republicano, y si no ha cumplido o lo que rinde es rechazado por la sociedad, tiene que tener una sanción correlativa.
Dicha sanción debería consistir en no presentarse como candidato a ningún cargo público por el plazo de 10 años. De esta manera, vamos saneando el sistema político, y generando mayor responsabilidad, seriedad y compromiso en nuestra dirigentes.
Las promesas son las materias primas en las campañas. Debieran impactar en el futuro Gobierno de quien triunfe en las elecciones, especialmente si hay promesas incumplidas o bien políticas exactamente al revés de lo que se prometió.
Pongamos un nombre a estas promesas: contrato electoral El contrato electoral son los compromisos que el candidato adquiere con sus potenciales electores para ponerlos en práctica si triunfa.
Una de las principales causas de la crisis de confianza y legitimidad, es la falta de veracidad en las propuestas que los candidatos presentan en las campañas, así como en la falta de cumplimiento de sus compromisos. En efecto, en mucho contribuyen los candidatos a cargos de elección popular, quienes suelen presentar programas, proyectos o propuestas durante sus campañas, pero en el ejercicio de gobierno no se sienten obligados a cumplirlas, por lo que terminan generando un desánimo generalizado entre la ciudadanía.
De hecho, cada vez es más recurrente que los gobernantes apliquen programas diametralmente opuestos a los prometidos en campaña, convirtiéndose en gobernantes oportunistas que abusan de la voluntad de los ciudadanos al confiarles su representación.
Nada le garantiza al ciudadano que las medidas programáticas de los candidatos van a ser cumplidas.
Nada le garantiza al ciudadano que sus políticos, en quien estadísticamente no confían, asumirán sus responsabilidades una vez que asumen el poder. Por ello cada vez son más frecuentes los reclamos de una ciudadanía que se siente engañada y defraudada por tantas promesas incumplidas por candidatos de todos los partidos.
Este choque de expectativas entre gobernantes y gobernados genera que los ciudadanos estén decepcionados no solamente de la democracia, sino de los políticos mismos. Las promesas electorales de candidatos que tantas veces caen en saco roto al asumir aquellos sus respectivos mandatos - lo cual sucede y ha ocurrido con frecuencia en el ámbito político argentino -, tanto como el total desconocimiento de un aspirante al cargo de gobierno para el cual se postula -, se verían de esta manera jaqueadas por un sistema que premiaría la presentación de candidatos con propuestas con suficiente contenido y su posterior ejecución y publicidad de acuerdo al compromiso efectuado con la población.
Mas resulta que una vez asumido y transitado los primeros pasos en el poder, los representantes ejecutan medidas contrarias a aquellas por las que fueron electos. Surge así el interrogante acerca de cuanto sustento tiene un gobierno que no cumple con el mandato por el que se obligó en aquel “contrato o pacto” con sus electores.
Hoy la realidad da cuenta que, uno de los mayores peligros que se presentan es el debilitamiento y su manifestación dando por resultado Democracias de baja intensidad.
A modo de conclusión, la presente iniciativa encuentra sus antecedentes en procesos electorales de otros países, tales como Colombia, México y Chile, lo cual lleva a suponer que podría funcionar de igual manera en la Argentina, alentando la honestidad y decisión de los candidatos en pos de una política planificada, previsible, efectiva y transparente.
