Hace 39 años que en la Argentina se vota regularmente para elegir a los gobernantes. Es uno de los pocos logros en casi cuarenta años, como lo muestra el comportamiento de la economía y el deterioro de las condiciones de vida de una gran parte de los argentinos.
También es cierto que si bien hemos logrado respetar los ciclos que impone el calendario electoral no se ha logrado el perfeccionamiento de las instituciones, o dicho en otras palabras, incrementar la calidad de nuestra democracia.
Esa calidad se obtiene con instituciones más fuertes y elencos dirigentes formados y cultos, basta observar el debate público para lamentar la decadencia de los elencos políticos y de los cuadros de la administración del Estado.
Cada vez hay más personas con formación académica de excelencia, pero que no están en el servicio público, que huyen o se apartan de él.
A los pocos años del restablecimiento de la democracia, Córdoba hizo punta iniciando procesos de reformas constitucionales provinciales, que pretextando modernizaciones, tenían por objeto implantar el reeleccionismo de los gobernadores, primero por un período, luego por dos adicionales y algunos con la reelección indefinida.
A esto, en varias provincias, se orquestaron reformas del sistema electoral, para, asegurarse la hegemonía en la legislatura, con una sobre representación sin equivalencia con los votos obtenidos, mediante, circunscripciones que violan el principio de “igual valor del voto”.
El otro elemento que deterioró la calidad institucional fue la negociación para obtener la nominación de jueces federales amigos de los gobernadores aunque sus antecedentes profesionales, como lo muestran los resultados de los concursos, no fueran respetados. Ni hablar de las justicias provinciales.
“Un país fuera de la ley” así describía Carlos Nino a la Argentina de los ochenta.
Hoy podemos decir que la situación se ha agravado.
Cuando una turba cree que puede modificar una sentencia judicial, cuando un presidente viola la Constitución Nacional con contumacia como lo hizo en estos días el señor que lleva el título de presidente de la Nación o cuando alguna referente de derechos humanos, en vez de defender la justicia, como si fuera jefa de una banda parapolicial dice, “no vamos a permitir que la condenen a Cristina”, estamos ante un cuadro de deterioro institucional tan grave como la decadencia económica, el retroceso educativo o la permanente degradación del tejido social.
El poder político es el primero que debe promover la convivencia civilizada, el debate de ideas y propuestas, en vez de la descalificación o el agravio y aceptar las reglas que rigen el funcionamiento del resto de los poderes de la República.
Cuando se descalifica a la oposición o se desconoce y ataca a los otros poderes se degrada la paz social.
Con discursos como el del presidente Alberto Fernández ante el atentado a la vicepresidente Cristina Fernández, que sigue atacando al poder judicial o a la prensa que sólo hacen lo que deben hacer, se deteriora la democracia. En vez de atacar al que piensa distinto y de seguir apostando a la división, se debería intentar unir a todos frente al intento del repudiable magnicidio
Hay un clima de crispación que es el resultado de una política explícita desde el 2003 hasta la fecha, de dividir a los argentinos.
Con la grieta se pretende ocultar el fracaso de los gobiernos de los Kirchner que tuvieron la oportunidad de solucionar problemas estructurales del país si hubieran tenido la capacidad de aprovechar el ciclo de precios internacionales más altos desde principios del siglo XX.
Es que a la corrupción se le unió la ineptitud, la ignorancia de las reglas básicas de la economía y del funcionamiento del mundo.
Esto junto al anacronismo, los prejuicios y la soberbia de los educados o medias, no podía lograr otra cosa que el tremendo fracaso a la que han conducido al país.
Si fueron incapaces de promover el desarrollo cuando contaron con ingresos inesperados en divisas, menos pueden sacarnos de la decadencia en tiempos difíciles.
Por eso solo quieren instalar en los medios de comunicación los problemas judiciales de Cristina Fernández y su círculo de cómplices. Cuando ese es un problema de la justicia y punto. Así debe ser en toda República constitucional que se precie de tal.
Los problemas de la Argentina no pasan por inventar extravagancias como ignorar la Constitución con el disparate de terminar con la autonomía de la ciudad de Buenos Aires.
Por eso provocan el clima de discordia, así disimulan la ausencia de ideas, de propuestas innovadoras, de creatividad. Los argentinos deberemos elegir entre seguir este camino que nos lleva a la degradación como sociedad e inhibe la esperanza o reaccionar de una buena vez por todas y entrar en los carriles que nos hagan recuperar nuestro rango y posición en el mundo civilizado.
Creación de una moneda, política exterior profesional al servicio de los intereses nacionales, recuperar la educación son algunas de las asignaturas pendientes.
Por eso es necesario que los jueces y fiscales se encarguen de los acusados de corrupción y la dirigencia política se ocupe de los problemas de la sociedad en vez de buscar la impunidad de algunos de sus integrantes.
* El autor es miembro de número de la Academia Nacional de la Historia
