Han tenido despacho favorable en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación dos proyectos de ley que, con el objetivo de afianzar la soberanía argentina en las Islas Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, el Ejecutivo envió al Congreso. Tanto en su discurso de asunción como en la apertura de las sesiones legislativas, el presidente Alberto Fernández ratificó que esta causa es uno de los ejes más importantes de las políticas del nuevo gobierno.
Lo planteó en un doble sentido.
Por un lado, porque recoge el reclamo que hace 187 años nuestro pueblo viene realizando ininterrumpidamente por la recuperación del ejercicio de la soberanía a partir de la usurpación británica. En este aspecto, el Presidente destacó que de esta manera también reafirma el texto de nuestra Constitución, que en su cláusula transitoria primera enuncia que este reclamo es imprescriptible.
Por otro lado, porque es necesario mirar hacia el Atlántico Sur como una estrategia de desarrollo, ya que la enorme extensión de plataforma continental que Argentina posee en esa región significa una importante potencialidad de crecimiento económico por la riqueza en pesca, hidrocarburos, minerales y biodiversidad.
Una de las iniciativas del Poder Ejecutivo que ha obtenido dictamen unánime promueve la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Situado en el más alto nivel político y de composición plural, su cometido será precisamente trazar y sostener políticas de Estado sobre esta causa. Lo encabezará el propio Presidente de la Nación y estará integrado por las fuerzas políticas con representación parlamentaria, notables académicos y juristas, la provincia de Tierra del Fuego y los excombatientes. Este Consejo deberá asesorar en una elaboración consensuada de estrategias en el plano global, regional y nacional, que nos permitan sostener el reclamo con continuidad y coherencia en los próximos tiempos. Es imprescindible que, con grandeza y generosidad, se construya un ámbito en el cual, al margen de diferencias partidarias y sectoriales, las fuerzas políticas y sociales generen un programa de acción de largo alcance que permita planificar acciones diplomáticas y legales que enfrenten satisfactoriamente el desafío de superar los calendarios electorales. El hecho de que el proyecto haya sido dictaminado con el acuerdo de todos los bloques muestra que las fuerzas políticas han reflejado la unanimidad que existe en el sentimiento de nuestro pueblo.
El segundo proyecto consiste en demarcar el límite exterior de nuestra plataforma continental más allá de las 200 millas. Es el resultado de una verdadera política de Estado que llevó adelante la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental desde 1997, en forma ininterrumpida y durante varios gobiernos de diferente identidad partidaria. Esta tarea permitió que la Argentina realizara ante el Secretario General de la ONU la presentación completa del límite exterior de su plataforma continental en el año 2009. Posteriormente, en 2016 y 2017, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental en Naciones Unidas adoptó por consenso las recomendaciones sobre la presentación que hizo nuestro país en las áreas en las que no había una controversia territorial.Esta norma contribuirá a proteger los derechos de soberanía sobre los inconmensurables recursos del lecho y subsuelo del mar. El mapa que se desprende del proyecto nos muestra una Argentina que, en la extensión de su plataforma continental, es el doble que en su territorio en el continente. Ello obliga a una mirada más integral, de un país bicontinental donde Ushuaia ya no es el extremo, sino el centro de nuestra patria.
En tanto, recientemente se presentó un tercer proyecto de ley al Congreso Nacional con el objetivo de defender los recursos pesqueros que pertenecen a 45 millones de argentinos. Ha sido elaborado junto con la Secretaría de Pesca del Ministerio de Agricultura y eleva considerablemente las sanciones y multas a quienes ejerzan la pesca ilegal en aguas argentinas, incluyendo las que circundan a Malvinas. La norma busca evitar el saqueo por parte de buques pesqueros que se introducen sin permiso en los espacios marítimos argentinos y fortalecer el trabajo de una mesa que se ha conformado recientemente con los Ministerios de Defensa, de Seguridad, de Agricultura y la Cancillería, y que tiene como objetivo la defensa de los recursos naturales nacionales en el Atlántico Sur. En el mismo sentido, se ha reactivado el programa Pampa Azul que, con la participación de siete ministerios, tiene como objetivo desarrollar la investigación científica y el trabajo integrado en el mar argentino.
Al mismo tiempo que estamos llevando adelante todas estas iniciativas en defensa de nuestra soberanía, también debimos realizar protestas diplomáticas por las maniobras militares que el Reino Unido está realizando ilegalmente en la zona circundante a las Islas Malvinas.
Es inconcebible que, en pleno siglo XXI, el gobierno británico siga utilizando sus fuerzas militares para afirmar su presencia colonial en el Atlántico Sur.
Estas maniobras contravienen todas las resoluciones de las Naciones Unidas que proponen el diálogo entre los dos países como única forma de resolver el diferendo y llaman a no realizar acciones unilaterales en la zona.
Es por eso que Argentina seguirá trabajando, diplomática y pacíficamente, en generar las condiciones que permitan restablecer el diálogo con el Reino Unido.
La aprobación de las tres leyes que hemos elevado al Congreso será un aporte sustantivo en la defensa de nuestros derechos soberanos y una excelente manera de connmemorar el año en que se cumple el 200 aniversario del primer izamiento de la bandera argentina en Malvinas.
*El autor es Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería
