El dato inflacionario de diciembre fue como un chapuzón en agua fría que muchas veces hay que dar. Era necesario que se conociera al fin. Se sabía que los números serían dramáticos, pero faltaba la confirmación, que indica la realidad con la que el país tendrá que convivir por un tiempo prolongado, aunque se pueda bajar, siempre con dos dígitos, a porcentajes a los que nos acostumbró el kirchnerismo en su etapa final de gobierno.
Esa cifra, esperada por todos, pero impactante al fin, encontró al Congreso en plena actividad para tratar de ordenar el tratamiento de los temas propuestos por el gobierno de Milei en la llamada “ley ómnibus”. Como se pudo observar, la pelea es, básicamente, entre la oposición kirchnerista y los funcionarios del gobierno nacional que pasan por Diputados para informar sobre los que les toca en sus respectivas áreas. Pero también hay puntos de vista desde los sectores que formaron Juntos por el Cambio que alertan en las filas del oficialismo sobre el real respaldo que pueden llegar a tener a la hora de votar en el recinto.
Por ello no debe pasar inadvertido el nuevo contacto entre los ministros Francos y Caputo y los diez gobernadores de Pro, radicalismo y aliados de espacios provinciales. El planteo de las provincias es muy concreto en cuanto a la necesidad de que cesen las retenciones a las exportaciones de productos emblemáticos de las economías regionales. El caso del vino es uno de los reclamos más fuertes. También está en agenda el tema de Ganancias, que desvela a los gobernadores por el recorte coparticipable que significa.
Hubo dos caras del lado del Ejecutivo en este primer reencuentro de la Nación con las provincias: la del ministro de Interior, Guillermo Francos, dialoguista en virtud del cargo que ostenta, de plena relación con los gobernadores, y Luis Caputo, el duro de los números que abre la ventana para escuchar las quejas, pero luego no tarde un instante en insistir con la necesidad que tiene el Estado de combatir el déficit presupuestario de tantos años.
Habrá nuevas reuniones y seguramente serán muy pronto, porque el gobierno de Milei anhela tener la mayor parte de su Ley de Bases aprobada en la Cámara baja antes de que finalice enero. Para que ello ocurra hacen falta voces de apoyo, desde las bancas, que pertenezcan a los espacios a los que representan los gobernadores. Son éstos los que más pueden influir para que el Ejecutivo tenga gran parte de su propuesta aprobada, primero en comisiones y finalmente en el pleno, en el recinto.
En ese caso habrá méritos compartidos. Por un lado, como ya señalamos, del gobierno nacional al obligar al Congreso a sesionar en pleno verano. Por el otro, de los mandatarios provinciales, urgidos por soluciones financieras que sólo les puede garantizar la Nación si ésta resigna un poco sus pretensiones. Los próximos días tal vez determinen quién cede y quién no.
Siempre en ese contexto, se destacó en la semana el llamado anticipado del gobierno de Cornejo a paritarias estatales. Fue para la primera semana de febrero ni bien se conoció el elevado índice inflacionario de diciembre.
En general, la decisión del Gobierno fue bien recibida por la dirigencia gremial. Pero de inmediato hubo un llamado de refuerzo de Cornejo a la prudencia en materia de pedidos de mejoras salariales. Si los dos dígitos mensuales de inflación quedan instalados durante bastante tiempo, aun lográndose bajar el febril 25% que dio a conocer el Indec el jueves, nadie descarta que la periodicidad en materia de encuentros paritarios tenga que acortarse obligadamente.
Pero el pedido de “sensatez” del Gobernador tiene asidero. El Estado provincial queda con poco margen de maniobra por la caída de la recaudación, tanto por la crisis como por lo que se proyecta de merma a raíz de la quita del impuesto a las Ganancias. En dicho sentido Cornejo hizo mención al contexto general, al que enmarcó en una estanflación que viene de arrastre de la gestión kirchnerista y que difícilmente se supere en los próximos meses.
Por lo tanto, tiempo de análisis para los gremios estatales con el propósito de llegar a la mesa de negociación de febrero con números que cubran sus expectativas pero que, a la vez, no resulten excesivas para el gobierno local.
En lo estrictamente partidario, no hubo una respuesta explícita por parte del cornejismo a aquel convite a la pacificación que hizo públicamente De Marchi con el argumento de la necesidad de gobernabilidad en la provincia. El Gobernador continúa desdoblando su tiempo entre las responsabilidades provinciales y la situación nacional, que, como hemos visto y analizado, de tanto en tanto requiere de su participación y la de los demás jefes de provincias.
Sí se advierte por aquí que existe un cierto interés en el cornejismo por asegurar el respaldo político de varios de los que integraron las boletas de La Unión Mendocina en las últimas elecciones. En especial, lógicamente, con quienes son cercanos a De Marchi y provienen de Pro u otros espacios afines. Tal vez el inicio de una estrategia que apuntará a no tener mayores sobresaltos en el primer año de gestión en el plano legislativo, teniendo en cuenta lo difícil que resultará acomodar las cuentas en el actual contexto.
Además, el gobierno local busca tener diálogo con los intendentes de otros signos políticos. El jueves Cornejo participó en un acto de entrega de viviendas en Drummond, Luján, departamento del demarchismo. Puede ser una casualidad, pero también un gesto hacia quien conduce ese territorio.
De Marchi, mientras tanto, se acomoda a su nuevo destino político en la Jefatura de Gabinete de la Nación como nexo entre su inexperto jefe (políticamente hablando), Nicolás Posse, y la variopinta dirigencia de la oposición. Ahora, en pleno debate en comisiones de las propuestas del gobierno de Milei. Sin embargo, dicen que el lujanino, concentrado en lo que le compete, entre la Casa Rosada y el Congreso, ha descuidado bastante el ámbito local. Y hay quienes esperan o necesitan de sus lineamientos pensando en el año político ya en curso, pero que seguramente ganará en intensidad desde febrero.
La Unión Mendocina estaba llamada a ser la principal oposición al gobierno cornejista de Cambia Mendoza de acuerdo con el segundo lugar obtenido en setiembre y la considerable ventaja que obtuvo sobre el kirchnerismo. Aunque diferencias no faltan dentro del espacio, en especial luego de la crisis que generó la situación generada con Orozco en Las Heras.
Otra definición importante, con carácter aclaratorio, fue sobre el uso de los recursos para Portezuelo del Viento. Cornejo supo ponerle freno a la presión existente, tanto política como empresaria, para que se redefina cuanto antes la utilización de dichos fondos, cuya entrega está a punto de completar la Nación.
Como se sabe, sin la posibilidad de Portezuelo del Viento sobran tironeos para una distribución de dicha plata en diferentes obras. Al respecto, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, fue claro y contundente: el Gobierno esperará, por lo menos, hasta octubre, cuando la Nación complete la totalidad del pago, “para tener la seguridad de que los fondos están en la Provincia y evitar cualquier riesgo”.
El planteo es muy prudente, lógico, porque una distribución supuestamente abierta y generosa suele terminar en estos casos en una segura necesidad de rendición de cuentas no mucho tiempo después.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que Cornejo es partícipe del entendimiento logrado con la Nación, en tiempos de la presidencia de Mauricio Macri, cuando hábilmente se indicó por cláusula en el acuerdo que las sumas de dinero remitidas a la Provincia tienen por objeto la realización de Portezuelo del viento “y/u otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial”.
Justamente, fue Cornejo, en su primera gobernación, quien moldeó la idea que quedó plasmada en el referido artículo. Lo hizo en aquella oportunidad ante la certeza de que por eventuales trabas políticas, que luego se dieron y padeció Rodolfo Suárez, el proyecto podría volver a quedar demorado o bien en vías de extinción, como finalmente ocurrió. Por otra parte, el titular del Ejecutivo también intuyó que, independientemente de esos vaivenes políticos, semejante emprendimiento podía resultar inconveniente en estos tiempos.
Se puede indicar, por lo tanto, que cuando trabajó en aquella cláusula ampliatoria del acuerdo inicial vislumbraba la optimización del uso del agua que ahora pretende llevar a cabo. Habrá que esperar, por lo tanto, que el Estado nacional termine de pagar los 1.023 millones de dólares.
Ahora el pago de la Nación está en vías de cancelación. Se completará a fines de octubre. A partir de ese momento el convenio con el Estado nacional quedará superado, virtualmente caído, al completarse el pago de lo vuelto a pactar a mediados de 2019. Por ello el Gobernador dice que, en realidad, esos recursos podrán utilizarse “para lo que quiera Mendoza”. Sin embargo, el mandatario provincial sabe muy bien que las necesidades en materia hídrica y de uso del agua en general son grandes. Pretende, válidamente, dejar en marcha obras hídricas que sólo con esos recursos la Provincia puede encarar.
Probablemente haya en su momento presiones, por qué no, de sectores interesados a los que aludíamos, pero el manejo en la distribución de recursos que se efectúe cuando se decida utilizar esos fondos deberá demostrar la habilidad política con que se cuente.
