Mayorías y minorías partidarias en la Corte

En el Gobierno están conformes. “Semana movida, pero muy positiva”, destacan en el entorno del gobernador Suárez. Se refieren al nombramiento de María Teresa Day en la Suprema Corte y al avance del proceso licitatorio de Portezuelo. Un alivio luego del sofocón que significó la reunión con las otras provincias de la cuenta del río Colorado del 26 de junio.

Solía decir el doctor Carlos Fayt, notable jurista y emblema de la Corte Suprema de la Nación desde la mismísima recuperación de la democracia, que “la Justicia no es un partido político”. Y era de los que defendían la distancia entre un juez y el poder político más allá de la supuesta correspondencia a quien lo nominara.

En Mendoza sería de una gran irresponsabilidad afirmar que la Justicia se ha convertido en un comité de la política. Pero lo que no pasa inadvertido es el tironeo de intereses partidarios, que salió más a la superficie luego de que el doctor Jorge Nanclares dispusiera renunciar al cargo de ministro que ocupó por 30 años.

La salida de Nanclares dio paso a la nominación de la doctora Day, profesional de confianza y consustanciada, desde su estratégica posición en el Ministerio Público Fiscal, con las reformas implementadas durante el gobierno de Cornejo. Su llegada generó un desequilibrio a favor de los miembros del máximo tribunal que provienen o están identificados con el radicalismo y los que provienen del justicialismo. Nanclares, de lejana raíz radical en tiempos del gobierno de Llaver, era en estos tiempos una suerte de figura consular con suficiente plafón como para generar el respaldo del ala justicialista de la Corte para volver a ser presidente del cuerpo, como ocurrió con su última designación. En realidad, desde el sector afín al PJ siempre miraron con afecto al ahora retirado magistrado. A partir de ahora las diferencias de origen partidario están más que nunca a la vista y la inserción de la doctora Day fue más determinante en ese sentido.

María Teresa Day no contaba con mayores objeciones dentro de la dirigencia y militancia del radicalismo. En el Gobierno siempre consideraron que la que politizó su camino hacia la Corte fue la oposición, en especial el PJ, apuntalándose en la interpretación del concepto de ejercicio de la magistratura que exige la Constitución, algo que, siempre según la mirada opositora, la mujer postulada por Suárez no reunía debidamente.

Está claro que los pasos impuestos por la Carta Magna para la designación de jueces de la Suprema Corte se dieron en tiempo y forma. Y en el Gobierno también justifican la toma de juramento rápida que dispuso el Ejecutivo poco después de que la votación mayoritaria, y en soledad, de los senadores oficialistas avalaran a la doctora Day. Evitar un caos institucional fue uno de los argumentos vertidos en el oficialismo para explicar esa maratónica jornada.

No se entendió mucho por qué los senadores de la oposición participaron de la audiencia pública no vinculante previa a la sesión de acuerdos y luego decidieron no participar de ésta, aunque sea para expresar en conjunto el voto en contra. Ahora, incorporada ya la nueva jueza, cualquier interpretación sobre los requisitos a cumplir para llegar a la Corte según lo que manda la Constitución debería considerarse hacia adelante, no para este caso puntual.

Otro hecho significativo: la presidencia de la Corte ejercida desde ahora por Dalmiro Garay se interpreta como el mejor posicionamiento de las ideas con respecto a la Justicia iniciadas durante la gestión de Alfredo Cornejo y continuadas con el actual gobierno. Esa función, la de presidente, era ejercida por Nanclares al momento de su renuncia y por lo tanto había que cubrirla. También el trámite fue rápido y no estuvieron presentes los tres jueces supremos del “ala peronista”. Uno de ellos, Julio Gómez, había ejercido interinamente la presidencia del cuerpo y fue el que firmó la convocatoria a elección del nuevo titular del tribunal supremo.

Detengámonos otra vez en Garay. Llegó en 2018 al máximo tribunal de la Provincia como gran inspirador y ejecutor de las reformas al sistema judicial promovidas durante el gobierno del ahora diputado nacional y titular nacional de la UCR. Pasó a ser en la Suprema Corte una suerte de brazo político de las ideas renovadoras de Alfredo Cornejo de las que él mismo había sido parte como ministro de Gobierno. Su presencia tuvo como objetivo fundamental garantizar que lo que se modificaba en materia legislativa tuviese correlato en la administración de justicia. Por eso en aquella oportunidad, desde este mismo espacio, señalábamos que la incorporación del entonces ministro de Gobierno al máximo tribunal no eran tanto un premio por su trabajo reformista sino, especialmente, una parte de la estrategia para consolidar la impronta cornejista en la Justicia.

La consolidación de Garay en la Corte es vista por los funcionarios del gobierno afines a los asuntos judiciales como una renovación generacional saludable en materia de conducción. También sería pertinente que esos nuevos aires buscaran terminar con las influencias políticas latentes de modo que la Corte local no sólo no sea un comité, sino dos comités.

En cuanto al gran desvelo de la administración de Suárez, Portezuelo del Viento, el rumbo por el emprendimiento avanza luego de la decisión del gobierno provincial de no interrumpir los pasos previstos tras el contratiempo en la reunión del Coirco. Haber decidido no interrumpir las etapas de la licitación permiten ahora analizar la única oferta que se presentó el viernes mientras se espera que llegue el dinero de la nueva cuota de la Nación, previsto para fin de mes.

Sin duda, con esta ratificación de la licitación, Mendoza retoma la ofensiva contra los embates pampeanos, ahora con el apoyo de las otras tres provincias del comité de cuenca, y puede predisponer a las autoridades de La Pampa a mirar con otros ánimos la reunión conciliatoria a la que llamó el ministro del Interior, luego del encuentro reciente organizado para tirar otra vez sobre la mesa la discusión por el impacto ambiental de la obra.

Aguardan en el Ejecutivo la fecha para el nuevo encuentro con el gobernador de La Pampa. Aún no han transcurrido los 15 días establecidos por el ministro De Pedro. Suárez y su equipo esperan, entre mañana y el martes, terminar de elaborar la propuesta de manejo de la presa por el Coirco para acercarla oficialmente.

Parte del optimismo mendocino es atribuible a la imagen de desamparo en la que, en general, la prensa del país ubicó a nuestra provincia y su gobierno tras la jugada orquestada por La Pampa con el guiño de la Nación. Pero esa sensación de desamparo político se termina cuando, en base a la confianza en los certeros pasos dados hasta el momento, Mendoza demuestra que hubo una encerrona política en el pedido de volver a estudiar lo que ya había sido debidamente aprobado.

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