Otra de las mejoras en la provincia, a través de la obra pública, será la urbanización de barrios populares en cuatro municipios mendocinos.
Esto lo consiguió la gestión del gobernador Rodolfo Suárez en acuerdo con el Gobierno nacional (Ministerio de Desarrollo Social) y, de esa forma, administrar dinero del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que impulsa los proyectos de urbanización de 4.400 barrios y asentamientos en el territorio nacional, contabilizados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
El objetivo del programa es avanzar con 400 barrios por año en todo el país y para ello el FISU dispone de 11 mil millones de pesos recaudados a través del impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria y de aportes del Tesoro Nacional. El FISU fue creado durante la administración nacional anterior, de Mauricio Macri.
Con esta ejecución se dará un paso importante pero no definitivo en la mejora de la calidad de vida de muchos mendocinos y mendocinas que viven en condiciones precarias.
Los trabajos empezarán el año próximo y recaerán en nueve precarios conglomerados: Luz de Vida y Estación Buena Nueva (Guaymallén); Don Bosco y Nueva Esperanza (Las Heras); Belgrano, La Soledad, loteos Mursi y Olivia (Lavalle) y Unidos por una Esperanza (Maipú).
Las tareas consistirán básicamente en urbanizar, abriendo calles públicas. Luego se procederá al mejoramiento de viviendas, con núcleos húmedos, cocina y baño y una habitación más, de forma de resolver o atemperar el problema de hacinamiento de muchos casos. Otros pobladores podrán disponer de servicios en lotes carentes de ellos y así poder levantar un techo. Aunque modesto, mejor que lo que ahora poseen.
La ejecución de esta operatoria brindará trabajo, ya que los emprendimientos deberán adjudicarse, en 25% como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por los vecinos/as.
Esta política para barrios populares deberá dinamizarse y ampliar su horizonte de ejecución porque por ahora se observa que las metas son muy modestas al alcanzar a unas pocas villas y asentamientos.
En nuestra jurisdicción son 250 los barrios censados en el Renabap. El hecho de que la gran mayoría queden en “lista de espera”, lleva a reflexionar sobre la urgencia de no dejarlos relegados hasta fechas inciertas de intervención. Por ello, se impone la planificación provincial abarcativa por el IPV y los municipios, del conjunto de los barrios populares que se reparten en los departamentos.
Numerosas autogestiones podrán llevar a cabo cada una de las comunidades no incluidas en el reciente convenio Suárez-Arroyo.
Entre las de mayor relevancia, estaría el estudio y resolución de la regularización dominial de los terrenos ocupados, de posible solución a alcanzar por acuerdos entre propietarios particulares y oficinas de bienes del Estado.
Igualmente prevé mejoras en los accesos vehiculares y peatonales y el inmediato suministro de agua potable, electricidad y conectividad digital.
Podría concluirse afirmando que cada barrio informal es un conjunto con “deficiente salud urbana”, lamentablemente agravada por la presencia del Covid19.
