En una nota publicada recientemente en este diario, el economista mendocino Dante Moreno señalaba que la provincia de Mendoza tendía en los últimos años hacia una economía basada en los servicios, en desmedro de su aparato agrícola e industrial que tanto la caracterizó históricamente.
Esta, y algunas otras, son señales de la preponderancia de una economía neoliberal, donde el Estado se retira de su rol de liderazgo de los procesos de desarrollo que supo tener a fines de siglo XIX y mediados del siglo XX.
¿Ahora bien, puede hablarse en términos urbanísticos también de Mendoza como una ciudad neoliberal?
¿Cuáles son las características de un urbanismo neoliberal?
Algunos teóricos señalan que este tipo de urbanismo tiene lugar cuando el Estado se retira y deja la planificación y gestión del territorio en manos exclusivamente del mercado.
Esto implica que se produce una puja por la apropiación del territorio, donde el Estado mira desde afuera, es decir, se da lo que algunos llaman procesos de territorialización y desterritorialización.
En el caso del Área Metropolitana de Mendoza (AMM), esto se traduce en la pérdida de suelos productivos destinados a fincas, ya sean estas vitivinícolas o huertas suburbanas, las que son transformadas en urbanizaciones cerradas principalmente.
Básicamente, el mercado inmobiliario avanza sobre el territorio rural produciendo suelo urbano, gracias a un Estado que, por desidia, posibilita la transformación del suelo.
Se habla mucho de la necesidad de densificar el AMM, con una altura de unos 3 o 4 pisos al estilo de algunos sectores de Providencia (Santiago), pero no se hace nada al respecto.
El mercado no es zonzo, sabe de gustos locales -no nos gusta vivir en altura- y además va hacia donde obtiene mayor rentabilidad, que es justamente ese proceso de transformación de un suelo rural que se compra barato y se vende hasta diez veces el valor original. Un negocio redondo.
Ahora bien, ¿por qué no se orienta al mercado hacia un proceso de densificación?
Principalmente, porque, como decimos, el Estado se ha retirado de la planificación y gestión del territorio.
En segundo lugar, porque la legislación favorece el proceso de expansión de la mancha urbana en forma de urbanizaciones difusas.
Entonces, ¿en qué falla la legislación? La Ley 8051 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo, y su hermana la Ley 8999, no han legislado nada sobre la gestión del suelo que sigue siendo regulada por la Ley 4341 de Loteos, la cual da a la provincia la potestad de autorizar urbanizaciones en cualquier sitio del territorio provincial, aún en alta montaña, lejos de cualquier urbanización actual.
Por esta razón, por más que, de acuerdo a la ley 8051, los municipios decidan limitar sus zonas urbanas a un radio determinado, es la provincia de Mendoza la que autoriza los loteos (un eufemismo para no decir urbanizaciones) en cualquier sitio, donde luego se deberá llegar con todos los servicios como la higiene urbana, el alumbrado, el agua, etc., financiado por la totalidad de los contribuyentes del departamento respectivo.
Si se quiere un AMM más densificada y preservar el cinturón verde de huertas y viñedos en un oasis que -como todos sabemos- es limitado, deberemos empezar por sancionar una nueva Ley de Gestión del Suelo que reemplace a la Ley 4341, dando a los municipios, en lugar de la provincia, la potestad de autorizar las urbanizaciones (loteos) de acuerdo a sus propios planes de expansión urbana y preservación de áreas rurales y naturales, pudiendo aplicar los mecanismos de recuperación de plusvalías urbanas respectivos en cada proceso de expansión de dicha área urbana.
De este modo, los municipios tendrían un verdadero control sobre la planificación y gestión de sus territorios, de acuerdo a lo que solicita la hoy inconcreta Ley 8051.
Mientras esto no cambie, el AMM seguirá librada a una expansión desmesurada de su mancha urbana, con cada vez más tráfico vehicular en sus calles, donde además no está previsto ni posibilitado ningún ensanche, lo que volverá caótica la vida diaria de los ciudadanos mendocinos, gracias al desarrollo de un urbanismo, a juzgar por los expertos, típicamente neoliberal.
* El autor es Consultor en desarrollo territorial y políticas públicas. Es docente universitario.
