El INDEC publicó esta semana el informe sobre incidencia de la pobreza y la indigencia en los aglomerados urbanos del país durante el segundo semestre de 2021. A partir de la reactivación económica producida durante el año pasado, luego de la salida del confinamiento y la importante campaña de vacunación, se esperaba una disminución de la tasa de la pobreza hacia la segunda parte del año, a pesar de los altos niveles de inflación. Esto sucedió a nivel nacional, donde la tasa para personas pasó de 42% en el segundo semestre de 2020 a 37,3% en el mismo período de 2021, pero no en Mendoza.
Por el contrario, se confirmó la tendencia que veníamos advirtiendo, no solo los y las cientistas sociales, sino también las organizaciones sociales y la ciudadanía de a pie: la pobreza y la indigencia aumentaron en el Gran Mendoza a pesar del comportamiento positivo que presentaron algunos de los indicadores laborales hacia fin de año. La pobreza alcanzó al 44,6% de la población y la indigencia al 7,2%.
Lo que determina la pobreza, en la medición oficial que realiza el INDEC, son los ingresos que perciben los hogares. En su mayoría, los ingresos provienen de fuentes laborales, por lo que se espera que ellos mejoren si se observan comportamientos positivos en las variables del mercado de trabajo. Esto no pasó en Gran Mendoza: hay más personas ocupadas, pero muchas de ellas aún perciben ingresos por debajo de la línea de la pobreza.
Si complementamos el análisis con otras variables del mercado de trabajo, como la tasa de actividad, se observa que en 2021 registró el valor más alto de los últimos cinco años (50,5%), lo que muestra que hubo más personas que se incorporaron al mercado laboral para aumentar los ingresos de sus familias.
Por otro lado, si bien disminuyó el desempleo (hubo 11.000 desempleados menos en 2021 comparado con 2020), se incrementó la cantidad de personas ocupadas demandantes, es decir, personas que ya tenían un empleo, pero buscaban activamente otro. Durante 2021, los ocupados demandantes aumentaron en 20.000, lo que hizo un total de 126.000 personas que, si bien salen a trabajar todos los días, sus ingresos no les alcanzan y tienen que buscar aún más trabajo. De este modo, mientras que a nivel nacional el porcentaje de ocupados demandantes fue de 16,9% en 2021, en Gran Mendoza fue de 24,2%.
Además, la informalidad en Gran Mendoza continuó aumentando durante 2021 y alcanzó la cifra más alta por lo menos desde 2008. En promedio, con datos hasta el tercer trimestre, se registró que el 42,6% de los asalariados tenía un empleo no registrado (10 p.p. por encima del valor nacional). A este panorama se suma la situación de los empleados públicos que realizan labores fundamentales para el funcionamiento de la sociedad, quienes perciben uno de los salarios más bajos del país, como pueden dar testimonio los y las trabajadores y trabajadoras de la salud y de la educación.
En síntesis, si bien hay problemas que son de índole nacional, como el control de la inflación, la provincia presenta características particulares: un mercado de trabajo que genera cada vez más empleo precario con remuneraciones insuficientes para satisfacer las necesidades de los hogares mendocinos, incapacidad de crear empleo formal, ingresos muy bajos. Necesitamos una dirigencia política provincial que asuma su responsabilidad en el deterioro que han tenido las condiciones de vida de los mendocinos y las mendocinas en el último tiempo, que esté a la altura de priorizar las necesidades de la población y que encuentre soluciones para revertir la pobreza y la precariedad.
*Valentina Ledda es Licenciada en Sociología y becaria doctoral del Conicet
