Un asunto diferente sobre la mesa del Gobernador. El juez Pedro Llorente le comunicó personalmente que antes de que finalice el próximo verano le dirá adiós a la Suprema Corte, que integra desde 1987, cuando el entonces gobernador Llaver premió su lealtad partidaria nominándolo con éxito para el máximo tribunal poco antes de dejar su sillón gubernamental a José Octavio Bordón.
No se trata de algo no explorado por Cornejo. En su primera gobernación debió designar a dos miembros de la Corte. En uno de los casos, el más trascendente desde lo estratégico, dispuso que uno de sus más eficaces colaboradores se situara en el máximo tribunal para verificar cómo se aplicarían las ambiciosas reformas en materia judicial orquestadas desde el Ejecutivo bajo la inspiración, justamente, de su ministro de Gobierno.
Dalmiro Garay representó en aquel momento el más puro pensamiento cornejista en la función pública y para nada escondió, más allá de su imagen siempre moderada, su predisposición para hacer valer dichas premisas a partir del puesto que en esa oportunidad pasaba a ocupar.
En efecto, en aquel acto de asunción de Garay en la Corte, Cornejo aparentaba lamentar la pérdida del colaborador en el gobierno: “… es como perder un brazo”, decía con respecto a la importancia que le daba a Garay en su equipo de gestión. Sin embargo, la nueva función del ex ministro era, por un lado, un reconocimiento a su trabajo y lealtad política, y por el otro, fundamentalmente, y como se señaló en un párrafo previo, la garantía de supervisión de que lo que se venía gestando políticamente se llevase a la práctica en lo judicial. Una suerte de brazo político del Ejecutivo en el máximo tribunal de justicia. Y no había en aquel momento motivos para suspicacias, ya que Garay llegó a la Corte con fuerte aval del Senado (28 a 9), para remplazar a un gran jurista, pero no político, el doctor Alejandro Pérez Hualde, que dejó su lugar en el máximo tribunal debido a su jubilación.
Ya durante el gobierno de Rodolfo Suárez hubo otra vacante en la Corte. Para cubrirla el entonces gobernador no supo aceitar el mecanismo de gestión y aprobación que sí había sabido adecuar en su momento Cornejo con Dalmiro Garay. La nominación de Teresa Day acentuó diferencias partidarias que venían siendo disimuladas y dejó expuesto por un tiempo el juego entre mayorías y minorías partidarias en el tribunal supremo de la Provincia. Algo que, con el tiempo, todos los miembros de la Corte terminaron, de algún modo, disimulando por ejercer una virtud al fin: ayudar a que las heridas cicatricen en el menor tiempo posible.
Day llegó para ocupar el lugar que dejaba vacante Jorge Nanclares, otro jurista de prestigio identificado con el radicalismo, pero con la suficiente vocación judicial como para imponer solvencia por encima de la siempre latente tentación de incidencia partidaria.
Nanclares, también de origen judicial cercano a los tiempos de arranque democrático, se había constituido en una especie de figura consular, con habilidad y credibilidad para generar confianza y el respaldo de la llamada ala justicialista del máximo tribunal para, por ejemplo, renovar su cargo de presidente de la Corte varias veces en reconocimiento a sus virtudes.
Todo cambió a partir de la incorporación de la doctora Day, postulada por Suárez en base a su trabajo en el Ministerio Público Fiscal y por encontrarse bien consustanciada con las reformas en materia judicial gestadas durante el gobierno anterior de Cornejo. Además, es bueno recordar que, más allá de sus méritos por dedicación e interpretación de la función judicial, a Day desde la oposición se le objetó no haber cumplido en plenitud el requerido tránsito por la magistratura. Allí hubo un choque interpretativo sobre lo que establece la Constitución provincial como requerimiento ineludible.
Como consecuencia, Day no llegó con respaldo opositor. Su votación en el Senado fue avalada nada más que por la mayoría de Cambia Mendoza, aunque, curiosamente, los legisladores de la oposición sí habían estado presentes en la audiencia pública no vinculante previa a todo pronunciamiento de la Cámara alta para decidir sobre una postulación.
Desde esa designación, claramente quedaron más expuestas las diferencias entre una y otra ala partidaria del máximo tribunal provincial. Aunque es bueno reiterar que la templanza de los jueces supremos, a uno y otro lado de la línea divisoria (el término grieta queda feo cuando se habla de la Justicia), permitió hasta hoy disimular bastante los enojos y desencuentros.
De no mediar alguna otra renuncia por cuestiones jubilatorias, todo conduce a imaginar una Corte sin grandes cambios en cuanto al equilibrio partidario. El gobernador Cornejo no desaprovechará la oportunidad que le brinda la renuncia del doctor Llorente para nominar a algún jurista vinculado con la UCR. Sólo se deberá observar qué nivel de injerencia político-partidaria tiene quien sea propuesto. Se comenta que hasta podría sorprender con la postulación de una mujer jurista. El nombre de la doctora María Gabriela Ábalos siempre se encuentra en carpeta en estos casos y, de concretarse, no merecería objeciones, todo lo contrario.
En cambio, si la elección femenina apuntase hacia los colaboradores del Gobernador, en el equipo de gestión quien puede tener chances es la actual ministra Mercedes Rus. El área que tiene a cargo, Seguridad, generalmente es controversial, pero en estos momentos hay un cotejo de números y estadísticas entre oficialismo y oposición en medio de una sensación entre la población que nunca termina de equilibrarse.
De todos modos, Cornejo, que suele ser reservado y hasta enigmático en este tipo de decisiones, ha prometido esperar hasta fines de febrero, o tal vez antes, para decidir y comunicar su elección. No se advierte a primera vista algún foco de conflicto. La oposición justicialista debería reconocer que la conformación mayoritaria del sector filo radical seguramente se mantendrá, con más razón dejando sus funciones un histórico personaje con participación en la política y la justicia desde el retorno de la democracia y de la mano, justamente, de la UCR. Puede llegar a balancear el resto de la oposición legislativa no peronista, probablemente más exigente a la hora de reclamar un juez supremo apoyado más en el derecho que en la política; es una posibilidad.
Tarea para el Gobernador, misterio para la política.
* El autor es periodista. jtoso@losandes.com.ar
