En un cambio brusco de postura, la Cancillería argentina llamó en consulta a su embajador en Nicaragua para que informe sobre las claras acciones represivas que lleva adelante el gobierno de Daniel Ortega.
Esta decisión fue tomada por nuestro país pocos días después de haberse negado a votar en la Organización de Estados Americanos (OEA) a favor de una moción de condena a los abusos del régimen nicaragüense.
Ya no caben dudas de que Nicaragua está gobernada por un presidente con características dictatoriales, más allá de que su acceso al cargo que ocupa y sus reelecciones hayan provenido del voto popular.
El poder acumulado le ha servido a Daniel Ortega, recordado referente del sandinismo que derrocó por la fuerza hace 42 años al dictador Anastasio Somoza, para dotarse de tal arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones que se da el gusto de encarcelar a sus opositores, reprimir y mandar a asesinar a disidentes y ejercer presión sobre la prensa crítica de su país.
Sin embargo, esa totalitaria forma de gobernar había sido avalada, con su abstención, por la representación argentina ante la OEA, compartiendo postura con México y otras administraciones minoritarias siempre alineadas con los violentos, no con los republicanos.
Como nuestro país, finalmente México también varió su posición y llamó en consulta a su embajador en Managua.
El representante de nuestro país ante la OEA, Carlos Raimundi, había justificado la irritante postura de la Argentina en base al “principio de no intervención en los asuntos internos de los países”.
Postura similar a la que adoptó el año pasado, también en la OEA, en defensa del régimen del venezolano Nicolás Maduro, argumentando aquella vez que éste se hallaba “asediado por el intervencionismo”.
Sin embargo, en los últimos días hubo más hechos dramáticos en Nicaragua que, sin duda, llevaron a recapacitar a nuestra Cancillería. El domingo la policía detuvo al periodista Miguel Mora, otro posible rival de Ortega en las elecciones de noviembre, en las que el mandamás busca su tercera reelección.
Es la quinta detención de un adversario del dictador en sólo tres semanas.
Este papelón internacional demuestra, una vez más, que los dirigentes más radicalizados del kirchnerismo insertos en las estructuras del poder, en este caso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, deciden según su propia voluntad.
Y con esa torpe posición en materia de política exterior lo único que logran es que el país esté cada vez más alineado con los regímenes repugnantes desde el punto de vista institucional.
Una tremenda contradicción para una gestión presidencial que, movida por las urgencias económicas, lleva a cabo gestiones intensas tendientes a convencer a las grandes potencias económicas de que la Argentina puede negociar y honrar sus deudas con los principales organismos internacionales de crédito.
Es de esperar que después de este torpe accionar impere la reflexión y se llegue a la conclusión de que, sin una política exterior amplia, que no simpatice con los autoritarismos, será muy difícil dotar de credibilidad internacional a la Argentina.
