No ofendan mi inteligencia

El discurso sobre la casta sin denuncias concretas, pero cargados de generalizaciones, insultos, agravios y guaranguerías presidenciales, no se condice con acciones en serio para mejorar la calidad institucional del país y en particular terminan con la impunidad

No ofendan  mi inteligencia
Angelo Calcaterra.

Una de las escenas icónicas de Padrino Uno, por lo menos para el que esto escribe, es cuando Michael Corleone le dice a su cuñado Carlos, que niega su complicidad con el asesinato de Sonny: “Si algo me irrita es que ofendan mi inteligencia”.

El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal aceptando que los sobornos pagados por IECSA, la empresa de Angelo Calcaterra, eran contribuciones de campaña, ofende la inteligencia de los argentinos hastiados de la corrupción llevada a política de Estado en los años del kirchnerismo que hace de las de gobiernos anteriores pecadillos veniales.

No sorprende, desde los orígenes del movimiento triunfante en los comicios presidenciales se sospechaba de pactos de impunidad con el oficialismo anterior. Bastaba ver quienes hacían el armado, los empresarios que estaban detrás, algunos viejos amigos y sponsors del massismo. Los hechos lo van confirmando como la aparición en los puestos más altos del gabinete de quienes ocuparon altas posiciones en esos gobiernos, incluido su ex candidato presidencial de 2015 y ocho años gobernador de Buenos Aires o las primeras declaraciones poco antes de asumir el ministerio del Interior del actual jefe de gabinete cuando dijo que la culpa del desprestigio de la política era por las denuncias de Carrió. No se le dio la importancia suficiente a esas expresiones, que significan decir que no hay que denunciar a la corrupción porque desprestigian a la política.

De alguien que ocupa altas posiciones debería esperarse que expresara ideas elevadas, como señalar que para prestigiar a la política hay que acabar con la impunidad de los corruptos que usan la política para enriquecerse, olvidando que es el servicio más noble que puede hacer una persona o parafraseando a San Agustín: “la forma suprema de la caridad”.

El pedido de renuncia por parte de Santiago Caputo al vicepresidente de la UIF Manuel Tessio, un especialista en el tema lavado de activos, luego que ese organismo se presentara como parte querellante contra Martín Insaurralde, el ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, investigado por su patrimonio inexplicable desde la legalidad, agrega otro elemento para preocuparse sobre la voluntad del gobierno de atacar a la corrupción y aumenta las sospechas sobre pactos de impunidad.

El discurso sobre la casta sin denuncias concretas, pero cargados de generalizaciones, insultos, agravios y guaranguerías presidenciales, no se condice con acciones en serio para mejorar la calidad institucional del país y en particular terminan con la impunidad, porque la tentación está en la naturaleza humana desde los orígenes. La idea del pecado original que vemos en el Génesis. De lo que se trata es de generar instituciones e instrumentos que hagan más difíciles la corrupción y sobre todo evitar la impunidad. Es importante para el saneamiento del país que impere la idea de que “el que las hace las paga”.

Como si fuera poco debemos agregar la actitud del gobierno de hacer caso omiso a las impugnaciones a la postulación del juez Lijo, a cubrir una vacante en la Corte Suprema, una persona sin antecedentes académicos valiosos y cuya actuación como juez federal lo muestra como especialista en evitar que los defraudadores del estado sean condenados.

Para ser equilibrados, debemos reconocer que la lucha contra la inflación es un valor moral del gobierno. Paul Vocker, el presidente de la Reserva Federal nombrado por Carter y confirmado con Reagan que abatió la inflación de los setenta en Estados Unidos decía que la inflación era un pecado monetario y un pecado moral.

En un trabajo para la Universidad de Harvard en 2004 los investigadores Miguel Braun y Rafael Di Tella concluyeron que un nivel alto de inflación tienden a provocar más corrupción gubernamental y menos inversión de capital en un estudio que abarco a 75 países.

En la teología, ya en el siglo XIV, el obispo Nicolás Oresme escribió que los gobernantes tenían la responsabilidad de preservar la moneda y que adulterarla equivalía a enriquecerse ilícitamente a expensas de la comunidad.

Alejandro Chafuen en “Raíces de la Economía de Mercado en la Escolástica Católica” menciona al jesuita Juan de Mariana que escribió sobre el derecho de resistencia a la opresión y fue terminante en el tema monetario diciendo que la práctica de reducir el valor de la moneda por las autoridades era “un infame latrocinio, similar al de un ladrón que entra en un granero y roba parte de los cereales” y también la compara con los estupefacientes por el estímulo económico que esto produce en el corto plazo pero seguido de carestía (inflación), estancamiento y empobrecimiento agudizado por, decía, los controles de precios.

En esa época en que se usaba el metálico la estafa consistía en reducir la plata o el oro en las monedas, incrementando así la acuñación y estafando a consumidores y acreedores.

Una sociedad desarrollada es la que vive dentro de la ley y sanciona al que no la cumple.

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