Los combustibles registran aumentos permanentes, en una repetición que ya no causa sorpresa pero sí indignación, por la frecuencia de los mismos. Las naftas ya registraron 15 subas desde la asunción del presidente Alberto Fernández. Además del impacto en el bolsillo, tales incrementos inciden en los transportes públicos y privados de personas y bienes.
En el primero de los casos, provoca un desfase que no siempre es cubierto por los subsidios económicos que dispone el Gobierno nacional, cuya inequidad perjudica al país del interior.
Las diferencias de precios en las naftas, el gasoil y el GNC rondan el 40% entre los valores que se abonan en las principales ciudades del país y los que se cobran a los habitantes porteños y del Gran Buenos Aires.
Las diferencias de precios tienen una clara intencionalidad electoral, ya que allí se concentra buena parte de la población argentina.
Además, algunas de las administraciones cuyas autoridades mantienen diferencias con la Nación deben soportar precios más caros en los combustibles.
Por otra parte, los esquemas de precios y bonificaciones que plantean las empresas petroleras a las estaciones de servicio colocan a estos prestadores al borde de la quiebra.
Dos de cada tres estaciones de servicio operan en rojo, según informes de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la Argentina (Cecha), que alertó que ese quebranto podría conducir al cierre de muchos establecimientos.
Este complejo cuadro debe obligar al Ejecutivo nacional a establecer una clara estrategia para alcanzar niveles óptimos de extracción y de distribución de un bien clave para la economía.
Esa política debe guardar concordancia, además, con la generación y distribución de gas natural, otro de los pilares de la provisión de energía.
Argentina careció durante los gobiernos de 2003 a 2011, y en la actualidad, de una política energética estable que permita lograr el autoabastecimiento del mercado interno y atender las necesidades de eventuales compradores en la región, como es el caso de Chile, cuyos contratos de provisión de gas natural fueron incumplidos durante las administraciones kirchneristas.
Argentina posee los recursos necesarios en el subsuelo para la extracción y posterior industrialización del petróleo y del gas natural, cuya actividad no puede estar sujeta –en sus remuneraciones– a las conveniencias políticas del Gobierno.
La sociedad merece, en forma paralela, la explicación de una estrategia clave para el desarrollo, en un entorno global donde los precios de la energía tienden a la suba por la mayor actividad y el incremento de la demanda de este insumo básico para las diferentes actividades humanas y de producción.
El país necesita asumir una estrategia en una cuestión básica para su expansión, más que la repetición semanal –incomprensible, para la mayoría– del anuncio de un aumento de los combustibles.
