Como un espejo de la situación económica, la política argentina decidió que esta vez no habrá gradualismo, sino disrupción y shock. La irrefutable gravedad de la crisis es el argumento más sólido de Javier Milei para explicar la potencia con la cual comenzó su administración. Es el mismo fundamento que arguyen sus opositores para defender una inédita decisión estratégica: desconocerle al Gobierno sus credenciales democráticas desde el primer minuto de su gestión. Hay un abismo entre esas dos posiciones. Ninguna matriz de análisis explicará por completo la escena política si no contempla esas dos realidades, que sólo en conjunto describen la totalidad del sistema.
Durante los primeros días de cualquier gobierno, la figura presidencial es el centro solar de un sistema. Atrae con su gravedad y encandila al resto. El combustible que alimenta esa iridiscencia es la fuerza de los votos. La legitimidad de estreno. Es un hecho dado, constatable en el presente, que proyecta expectativas en carrera contra el tiempo. Los protagonistas de ese momento suelen ser conscientes de ese grado irrepetible de concentración de poder.
Javier Milei percibió la aceptación de dos de sus decisiones inaugurales: el señalamiento al Congreso como epítome de la casta política y la restauración del orden callejero mediante un protocolo estricto para el ejercicio de la protesta. Sobre esa plataforma, anunció un decreto de necesidad y urgencia (DNU 70/23) que introdujo novedades políticas de primera magnitud.
Desde la perspectiva material, los contenidos reformistas del decreto son tan amplios que suponen un principio cierto de reformulación normativa general del marco de relaciones entre la sociedad y el Estado. Un abordaje integral, orientado a la desregulación de esas relaciones que durante décadas acumularon capas geológicas de un dirigismo estatal asfixiante. Un pliego de aplicación práctica para una idea dominante: el regreso al espíritu liberal de la Constitución Nacional de 1853.
Desde el aspecto formal, el procedimiento utilizado para el impulso reformista aplica una herramienta de constitucionalidad controvertida, pero gestada precisamente por quienes señalan a Milei como el emergente de un pensamiento fronterizo con la deliberación democrática. Los decretos de necesidad y urgencia fueron admitidos por la reforma constitucional de 1994 y regulados por el gobierno kirchnerista en 2006.
El debate constitucional debería abarcar en realidad esa enorme avenida de disfunciones que ha sido en Argentina la “doctrina de la emergencia”: la herencia de las normas de períodos de facto, la profusión de facultades extraordinarias y poderes delegados y también el uso de los decretos a semejanza de las “órdenes ejecutivas” en el derecho comparado.
Pero el procedimiento actual de “sanción ficta” de los DNU tiene su propia historia. Era hasta 2006 un motivo de oposición principista de la entonces senadora Cristina Kirchner y tras un giro copernicano pasó a ser una idea admisible. A instancias del entonces presidente Néstor Kirchner, obtuvo sanción parlamentaria.
La novedad presente podría resumirse en esta ecuación: Néstor Kirchner fue el presidente que más usó la herramienta; firmó un DNU 236 veces, en cuatro años de mandato. Javier Milei sólo firmó uno en 15 días; pero con un articulado operativo tan vasto que es casi equivalente al de aquel ideólogo del mecanismo. Una delicia argumentativa para los aficionados a la realpolitik: de aquellos polvos, estos lodos.
Deliberación
La combinación de la amplitud conceptual del DNU de Milei y lo controversial de su procedimiento ejecutivo abrió un debate sobre la Constitución, las libertades que protege y los procedimientos que admite. El politólogo Andrés Malamud ensayó una aproximación axiomática: “Si te otorgan la libertad por decreto, te la pueden quitar por decreto”. Los liberales responden: “Entonces está claro: oponerse cuando la quitan”.
La deliberación parlamentaria no está obstruida por el decreto. Milei convocó a extraordinarias y el Congreso puede rechazar o admitir las reformas del nuevo Gobierno. Es aquí donde entra a jugar un aspecto menos doctrinario del camino elegido por la Casa Rosada. ¿Cuál es el cálculo táctico implícito en el contenido y la forma del DNU 70? ¿La aprobación por sanción ficta? ¿La metamorfosis en leyes, pero tomando la iniciativa de la legitimidad social? ¿La supervivencia histórica en carácter testimonial, como declaración de principios?
Se ha hecho hincapié en la fragilidad parlamentaria del Gobierno y en la judicialización previsible del DNU 70. Pero es notorio cómo el análisis político dominante sólo se ha orientado a medir esa debilidad de Milei y no la de sus opositores, igualmente congénita tras el año electoral.
Si se observan los movimientos de las corporaciones identificadas con el gobierno saliente, da la impresión de que también están en una encerrona estratégica. ¿Acaso su única prospección inmediata será la de la negación ideológica y la práctica destituyente?
¿No perciben ningún riesgo, de cara a la nueva mayoría emergente, en el ejercicio de la obstrucción sistemática cuando acaban de dejar como herencia un país incendiado? ¿Qué estimación real están haciendo de sus chances políticas si la oposición cerril a las reformas llegase a la instancia -por ahora no enunciada- de una vía plebiscitaria no vinculante?
Por otra parte, en el contexto de cambios drásticos en la representación política (las dos coaliciones dominantes hasta 2023 cayeron en las urnas) hay una dimensión adicional que está afuera de la Casa Rosada y el Congreso. El protocolo para protestas que estrenó el Gobierno funcionó frente al desafío de las organizaciones de izquierda, pero prescindió de un despliegue orgánico ante los primeros cacerolazos.
No sólo Milei es fuerte. El Congreso actual también nació del voto. No sólo Milei es débil. También los parlamentarios están interpelados por la crisis.
La mejor foto del sistema político no será la que muestre únicamente a la estrella solar. Tampoco la que exhiba en soledad a los planetas más lejanos que lo orbitan. La imagen real es la tensión inestable y sistémica entre el voto y el veto, que quedó dibujada tras el año de las urnas, sobre el telón de fondo caótico de la crisis.
