Últimamente se ha puesto en boga la idea de que las obras públicas se hagan con capitales privados (“a la chilena” o PPP, como propuso el gobierno macrista).
En síntesis, que los empresarios se ocupen de hacer las obras a cambio de usufructuarlas durante una determinada cantidad de años. Esos ingresos deben permitir recuperar el capital invertido y obtener razonables ganancias.
La idea es buena, pero hay que superar la natural desconfianza que inspira el Estado en la Argentina. No sólo varían frecuentemente las reglas del juego, sino que, además, existen casos concretos que demuestran el fracaso de esos negocios. Uno de estos ejemplos se produjo en Mendoza. Se trata de la construcción de la planta depuradora de líquidos cloacales Campo Espejo. Vale la pena recordar lo sucedido, en aras de no caer en el mismo error.
En 1994 la Provincia convocó a quienes estuvieran interesados en hacer la obra (once grandes lagunas, con una superficie de 330 hectáreas, equipos de bombeo, etc.) y operar las instalaciones durante 20 años. Durante ese plazo Obras Sanitarias Mendoza Sociedad del Estado se comprometía a pagar determinado precio por metro cúbico de líquidos tratados. La oferta que ganó la licitación fue presentada por una UTE integrada por tres importantes firmas constructoras, una financiera y una especializada en tratamiento de efluentes. Pese a que al poco tiempo OSM se privatizó, los nuevos empresarios (de origen francés) asumieron los compromisos contractuales y la relación se desarrolló sin inconvenientes hasta finales del año 2001, cuando explotó el régimen de convertibilidad y se desató un fenómeno inflacionario y cambiario de magnitud. Ya habían transcurrido 6 de los 20 años de explotación de la Planta que establecía el contrato original, período a todas luces insuficientes para recuperar la inversión realizada. El precio quedó congelado, porque la Ley de Convertibilidad prohibía la indexación.
A Obras Sanitarias Mendoza SA (privada) le fue retirada la concesión en el año 2010, dando nacimiento a la actual Aysam, sociedad estatal. Se fueron sin haber obtenido actualización adecuada de sus tarifas y, consecuentemente, sin haber ajustado el precio correspondiente a los servicios que prestaba la UTE en su planta depuradora. Los franceses pudieron hacer su reclamo -que fue satisfecho- ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), porque eran inversores extranjeros, pero ese foro les está vedado a los empresarios mendocinos.
Después de largas tratativas, pedidos, audiencias, cambios de autoridades, intervención del EPAS, Fiscalía de Estado, Asesoría de Gobierno, letrados de varios ministerios y secretarías, se pudo entregar la planta a la Provincia en 2018 (tres años después de haber vencido el plazo contractual) sin haber obtenido un ajuste adecuado al precio pactado contractualmente. A cambio, el gobierno de la Provincia fijó arbitrariamente una indemnización insuficiente, que fue cobrada parcialmente en bonos y en varios años. La última cuota la percibió la UTE durante el año en curso, treinta años después de que las incautas empresas mendocinas afrontaron una cuantiosa inversión confiando en las condiciones que ofrecía la licitación.
En conclusión: es difícil en Argentina implantar iguales sistema que en Chile u otros países del mundo si no se crea un contexto serio, estable, con seguridad jurídica. Serán pocos los interesados en acudir a la convocatoria del Estado y los que lo hagan agregarán sobreprecios en sus ofertas, para cubrir riesgos como el descripto. No obstante, ante la falta de recursos públicos, habrá que poner el sistema de PPP en marcha.
Después de demostrar buen comportamiento en varios contratos y durante un razonable número de años, es de esperar que la contratación “a la chilena” funcione. Pero es indispensable que nuestros gobernantes cumplan los compromisos tomados por el Estado, aunque sean fruto de administraciones anteriores. Como un país “normal”. Ojalá.
* El autor es Contador Público Nacional.
