De transferir los activos del fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro, hay que usarlos para cancelar la deuda que la ANSES tiene con los jubilados nacionales por juicios con sentencia firme y con las cajas provinciales no transferidas a la ANSES. En un comienzo, las provincias crearon cajas de jubilaciones para sus empleados. Por defectos en su organización, entraron en déficit fácilmente. En sí, los aportes y contribuciones de los empleados públicos en actividad no alcanzan para financiar las jubilaciones. De esta forma, las cajas previsionales pasaron a ser uno de los factores más desestabilizantes de las finanzas públicas de las provincias. En los años 90, se organizó un proceso de transferencia de las cajas provinciales a la ANSES para intentar sanear las cuentas. En aquel entonces, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago y Tucumán adhirieron a tal proceso. CABA nunca tuvo un régimen previsional propio. Y el resto, optaron por mantener las cajas de sus empleados (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, La Pampa, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego).
Las transferencias de las cajas tienen impactos en las finanzas públicas y, naturalmente, la forma de poder visualizarlo es con el déficit que las cajas transferidas le generan a la ANSES. Tomando datos del Ministerio de Economía, con referencia al 2023, vemos que los aportes y contribuciones de los empleados públicos que trabajan en provincias que transfirieron sus cajas fueron de $84 mil millones. Por otra parte, el gasto en jubilaciones y pensiones de los ex empleados públicos de las provincias que transfirieron sus cajas fue de $364 mil millones. El déficit que le generan las cajas transferidas a la ANSES asciende a $280 mil millones. ¿Qué significa esto? Sencillamente que por cada 3 pesos que la ANSES adjudica para pagar jubilaciones de ex empleados públicos de provincias con cajas transferidas, recibe tan solo 1 peso por aportes y contribuciones. En pocas palabras, subyace una gran inequidad dado que los ciudadanos de las 13 provincias que no transfirieron sus cajas pagan impuestos para financiar el déficit de las cajas transferidas al sistema nacional y, además, pagan impuestos provinciales para financiar el déficit de la caja de los empleados públicos de su provincia.
La situación, consecuentemente, generó tensiones con las provincias con cajas no transferidas. Para zanjar dicho conflicto, se instituyó por ley que la ANSES debe transferir a las 13 provincias que mantienen sus cajas un monto equivalente al que hubieran erogado si la caja se hubiese transferido. Así, se logra un procedimiento equitativo. Para instrumentarlo, las provincias tienen que brindar la información de sus aportantes y beneficiarios. ¿Con qué objetivo? Que la ANSES simule las reglas previsionales nacionales para calcular el desequilibrio que habría afrontado. Como se hace una vez concluido el año, la normativa observa adelantos en función del último desequilibrio estimado. Finalmente, se decreta el saldo entre el monto del desequilibrio y los adelantos efectuados.
En resumen, el esquema es consistente, ya que evita asimetrías. Aunque, por desgracia, en la práctica, funciona mal. La ANSES hoy amontona más de 4 años sin hacer los cálculos de simulación. Las distorsiones se aumentan porque los adelantos se hacen de manera arbitraria y a valores históricos. ¿La consecuencia? Acumulación de deudas de la ANSES con las provincias y, por lógica, varias judicializadas. La sostenibilidad fiscal exige abordar este problema y la manera es disponiendo que los activos del fondo de Garantía sean usados para cancelar los pasivos que acumula el sistema previsional.
*El autor es profesor de la Universidad del CEMA
