Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó una evaluación sobre el programa Stand By otorgado en 2018. En dicho documento se hace hincapié en que la principal causa de las continuas crisis es el crónico déficit fiscal y que este trasciende las diferentes administraciones.
La necesidad más imperiosa es sanear las cuentas públicas, tras décadas de desequilibrio fiscal. Para lograrlo, frecuentemente se considera como prioridad corregir el sobredimensionamiento del plantel de empleados públicos. Pero la pregunta es si efectivamente el gasto en personal es el más decisivo como determinante del déficit fiscal.
Considerando los datos del Ministerio de Economía y del BCRA, como así también los intereses que paga este último por sus pasivos como parte del gasto público total nacional, se observa que el gasto en personal representa el 9% del gasto público nacional y el gasto en subsidios a la luz, gas y transporte representa el 12%. Mientras que, por su parte, el gasto en intereses pagados por el Tesoro y el BCRA representa el 19%. Esto implica que el gasto en salarios de los empleados públicos es menor que lo que el Estado gasta en subsidios a la luz, gas y transporte. Por otra parte, representa menos de la mitad de lo que el Estado paga de intereses por sus deudas. En sí queda más que claro que el camino para equilibrar las cuentas públicas es a través de los subsidios económicos y los intereses de deuda, que por los recortes al empleo público.
Hoy por hoy, son los subsidios el factor más urgente para reducir el déficit fiscal y aun cuando el sinceramiento tarifario sea gradual hay amplio espacio para reducirlos. Lo cierto es que con menos subsidios el déficit puede ir disminuyendo y, por carácter transitivo, la posibilidad de pagar menos intereses por la deuda. Son los intereses que paga el BCRA por las Leliqs y Pases que debe colocar en los bancos para absorber los excedentes monetarios, por una parte, como los que paga el Tesoro por la deuda que emite para financiar el déficit, por otra. Después del gasto social, los subsidios y los intereses son las dos partidas que más peso tienen en el gasto público. No obstante, están vinculados, ya que la reducción de los subsidios trae aparejado la reducción de los intereses.
Las evidencias muestran que para comenzar a revisar los desequilibrios de las finanzas públicas es mucho más pertinente normalizar el punto tarifas, ya que reduciendo el déficit fiscal la cuenta de intereses a pagar también se morigerará. En sí, en referencia al empleo público, el desafío está mejorar su productividad. Corregir ciertos desvíos es relevante, no tanto por el ahorro, sino porque permitirá elevar la capacidad de gerenciamiento público. Tener un enfoque moderno e innovador dentro del Estado es un tema prioritario porque es un paso decisivo en la búsqueda de un sector público más eficiente.
Poner blanco sobre negro sobre estas cuestiones es fundamental, puesto que este año traerá consigo el acuerdo con el FMI. Aunque sería un error pensar que el acuerdo solucionará los enormes desequilibrios que se arrastran desde antes de la pandemia. No caben dudas que es una condición necesaria para evitar una fuerte crisis macroeconómica que se dispararía a partir de un ajuste disruptivo del tipo de cambio, una escalada inflacionaria y una contracción del consumo y la inversión privada. Aun llegando a un acuerdo virtuoso, las medidas correctivas serían recesivas en el corto plazo (sinceramiento de tarifas, una aceleración del ritmo de devaluación para detener la perdida de las reservas, entre otras). Aunque todas ellas sean necesarias para una estabilización de largo plazo.
*El autor es Profesor de la Universidad del CEMA
