En breve, Argentina recibirá del FMI, en concepto de derechos especiales de giro (DEG), unos 4.300 millones de dólares. El bloque de senadores kirchneristas quiere que el ministro de Economía, Martín Guzmán, los destine a gastos extraordinarios para paliar los problemas sociales y sanitarios originados por la pandemia.
Por las fuertes restricciones a la libre circulación de personas que impulsa el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, con apoyo de La Cámpora, podría sospecharse que de aquí debieran salir fondos para relanzar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
En ese sentido, el bloque oficialista de la Cámara Alta ha presentado un proyecto de declaración, cuyo autor es el senador Oscar Parrilli, presidente del Instituto Patria, con la expectativa de que sea tratado en los próximos días en el recinto parlamentario. Por supuesto, no tendría el valor de una ley. Pero implicaría un gesto político muy fuerte si una o las dos cámaras legislativas lo aprobasen.
El primer problema es que la petición tiene como punto de partida lo que el resto de los mortales calificaría como un error grave. Los DEG no son plata contante y sonante, sino una unidad de cuenta que sólo sirve para pagos entre países o con organismos multilaterales. Por caso, la deuda que debemos pagarle dentro de poco al Club de París, que ronda los 2.400 millones de dólares y que forma parte de las actuales negociaciones entre el ministro Guzmán y las autoridades del FMI. En otras palabras, se trata de una asistencia técnica para que Argentina y otros países solucionen compromisos inminentes sin echar mano a sus reservas. Sólo eso y no una especie de lluvia de dólares.
Ahora, como se trata del kirchnerismo el que moviliza la propuesta y no es la primera vez que comete este tipo de errores, es imprescindible analizar la cuestión como parte de su tendencia a la transgresión de las normas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
Hace unos meses, estos mismos senadores le reclamaron al FMI que refinanciara nuestra deuda con el organismo a 20 años, cuando sus estatutos estipulan un plazo límite de 10 años. Piden cosas imposibles, como si el mundo debiera cambiar sus reglas de juego para la Argentina.
El segundo problema es la falta de diálogo con la oposición. Los senadores de Juntos por el Cambio no saben si se trata de “una marcada de cancha” al ministro de Economía –una más, en medio de la eterna interna oficialista– y se preguntan si esta declaración favorecería o entorpecería sus negociaciones con el FMI.
El kirchnerismo elige no responder, como si la oposición no mereciese recibir información sensible sobre el curso de las gestiones. Claro que si no vota de manera favorable, se la acusará de “antipatria”.
¿Entenderemos algún día que el diálogo con quien piensa distinto es consustancial a la democracia?
