Durante la reciente visita presidencial, el gobernador Suárez, a través de su discurso, le reclamó a Alberto Fernández que desde la Nación se utilicen otros mecanismos para el reparto de los fondos nacionales. “Para que una economía regional sea más sana necesitamos que los criterios de distribución de los recursos que hace la Nación con las provincias sean previsibles y mensurables”, sostuvo aquel sábado Rodolfo Suárez en el predio del INTA de Luján.
Ese tramo del discurso en el marco de la cita anual vitivinícola expresaba, en gran medida, el fastidio del jefe del Ejecutivo local con el permanente tironeo con la Nación por recursos que no llegan como se espera aquí o porque las interpretaciones y ecuaciones no siempre son coincidentes. Los entredichos por la asistencia financiera nacional con motivo de la pandemia fueron bastante frecuentes aunque sin lograr quebrar la sintonía ejecutiva que siempre hubo con la Presidencia, en gran medida por el estilo moderado que suele caracterizar a Suárez.
Esa postura del gobierno local justificó, por lo tanto, la reacción por el decreto presidencial que pone en funcionamiento desde el próximo mes el llamado Programa de Promoción de Generación de Empleo para las 10 provincias que integran el llamado Norte Grande. Un reclamo políticamente válido en un contexto de crisis económica cuya finalización resulta complicado determinar. Pedido que se potencia desde el momento en que se supo aquí que a San Juan habrían aceptado sumarla tras el pataleo de su gobernador peronista Uñac.
Luego llegó una serie de cruces entre el oficialismo y la oposición sobre la autoría del planteo ante las autoridades nacionales o bien para determinar quién habló primero con los colaboradores del Presidente. La postura de la senadora Fernández Sagasti fue adecuada; no podía no estar presente en el reclamo mendocino, más aun perteneciendo al espacio que gobierna en el país. Y del lado del Ejecutivo fue válida la nota que se le envió al ministro Kulfas haciendo formal el petitorio mendocino. La intención de Mendoza es que se la incluya en el régimen acordado por la Nación con las provincias del noroeste y noreste, un arco territorial que, con otras medidas del mismo porte que la dispuesta ahora, puede llegar a poner en jaque a las economías de otras provincias, no solo de la nuestra.
Mendoza ya sabe de padecimientos por regímenes inequitativos que la perjudicaron muchísimo durante años. El cerco de promoción industrial que formaron San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca dejó malas consecuencias que el tiempo cicatriza pero no al ritmo que se pretende, justamente por la inestabilidad económica que no deja de afectar al país.
En el Gobierno seguirán a la espera del decreto nacional que amplíe los alcances del nuevo régimen de promoción laboral norteño y sume a Mendoza y San Juan. Los funcionarios de Suárez estiman que mañana podría existir algún avance que permita poner un límite a la indudable tensión generada. Como dijo el ministro Víctor Ibáñez (edición de ayer de Los Andes), todo cambiará para bien cuando Mendoza sea incluida en el nuevo régimen, porque el decreto de creación del programa de promoción ya existe, pero sin nuestra provincia. Esto lleva a suponer que hasta el pedido e Fernández Sagasti no fue tenido en cuenta, o bien llegó tarde.
Mientras tanto, el fiscal de Estado y el asesor de Gobierno le dan forma al planteo que harán si no hay novedades desde la Nación. La figura de inconstitucionalidad por omisión resulta interesante, porque no plantea que se quite el beneficio a las provincias alcanzadas por la medida sino que, con un criterio federal, todas estén alcanzadas. Sí podrían aplicarse distintos parámetros según las necesidades de cada zona.
En síntesis, una nueva situación de tensión con la Nación, como la ya creada por Portezuelo del Viento por la complacencia del ministro del Interior con el eterno reclamo de La Pampa sobre el impacto ambiental del emprendimiento.
En realidad, una innecesaria tirantez si se hace una ponderación de las reales urgencias que se presentan. En esa línea, el gobierno de Suárez viene controlando día a día el nuevo avance de la pandemia con el propósito de que la esperada nueva ola de coronavirus no sobrepase las previsiones sanitarias. Los antecedentes del año pasado en la provincia son alentadores, pero ahora también las autoridades tienen que prever la lentitud que por ahora se observa en el plan de vacunación que administra el gobierno nacional.
Todo aporta para la campaña
Al margen de la sorpresa por el decreto presidencial favorable a las provincias del Norte, está claro que las picardías políticas se potencian en el año electoral en marcha. El kirchnerismo necesita a Anabel Fernández Sagasti con buenos niveles de aceptación para reforzar su candidatura a senadora nacional por un nuevo período. Y después se verá su destino político, que puede tener mayor protagonismo en la escena nacional.
La puja ya es por momentos “picante”. Como señalamos la semana pasada, quienes tienden a ser los principales protagonistas también tuvieron su capítulo en la semana a raíz del revuelo que generó el plan promocional para el Norte. Alfredo Cornejo dijo, en declaraciones periodísticas, que a los referentes de la oposición mendocina “hay que mirarlos por lo que hacen y no por lo que dicen”, a lo que Fernández Sagasti respondió con sus promocionadas gestiones ante los ministros de su sello a nivel nacional y hasta con el propio Presidente. Y dijo haber tendido puentes con la Casa Rosada para que sea Suárez el que tome la iniciativa de los planteos de la provincia.
La apuesta del kirchnerismo mendocino es consolidar el espacio en las elecciones legislativas de este año aprovechando la pertenencia a la gestión nacional. En ese marco, la llegada de funcionarios seguramente será frecuente. Ya estuvieron a su turno los ministros Katopodis y Ferraresi. Aquí son bien recibidos, como corresponde a una provincia cuyas autoridades buscan la necesaria convivencia política republicana. Pero esos funcionarios llegan con planes de obras y promesas de recursos a las que necesariamente las autoridades locales deben sumarse. Y participan de actos que tienden a apuntalar la imagen de sus referentes e intendentes locales de su propio sello.
Por el lado del oficialismo local, existe la intensión de Suárez y sus colaboradores más cercanos de plebiscitar sus primeros dos años de gestión. Es lo que le proponen sus asesores y allegados. Pero, a la vez, están los que le aconsejan unificar con las elecciones nacionales para aprovechar el indudable empuje de los candidatos nacionales. Muchos dan por descontada la participación de Cornejo y Cobos liderando ambas listas para el Congreso. Hay, además, un pedido de Suárez a ambos referentes para que sean de la partida.
Si se cumple con el cronograma que establece la ley electoral de la Provincia, 8.967, estas legislativas deberán realizarse en febrero (PASO) y en abril. De lo contrario, sí deberá elaborar un decreto el Gobernador para sumarlas a las fechas nacionales de agosto y octubre. ¿Cómo estará la situación social y económica en los primeros meses del próximo año? ¿Quién lo sabe? ¿Estarán dadas las condiciones para plebiscitar una gestión? Tampoco se puede asegurar eso en esta Argentina ganada por la incertidumbre.
Dudas muy razonables que aquejan a muchos en el oficialismo local. Casi todas las encuestas le otorgan a Cornejo una ventaja difícil de equiparar en el mediano plazo. Para que decidan los estrategas.
