«Verdaderos amigos de la libertad… deben estar constantemente alertas para evitar que el poder del gobierno sacrifique levemente los derechos privados de los individuos a la ejecución general de sus diseños. En tales ocasiones, ningún ciudadano es tan oscuro que no es muy peligroso para permitirle ser oprimido, ningún derecho privado es tan poco importante que pueda ser entregado con impunidad a los caprichos de un gobierno… (porque) los hombres se acostumbran a sacrificar el interés privado sin escrúpulos y a pisotear los derechos de las personas para acelerar más rápidamente cualquier propósito público».
De esta forma, Alexis de Tocqueville intentaba advertir sobre los peligros del “despotismo democrático” que implica una pérdida de la libertad, ya no en manos de un monarca o un tirano, sino en manos del Estado, que tiene la capacidad de aislar a los hombres de las prácticas ciudadanas, el cuestionamiento del poder, la interpelación y la crítica a sus representantes. El ciudadano se encuentra aislado frente a la acción del poder político que ocupa todos los espacios de la sociedad posibles, convirtiéndose en una especie de tutor de los individuos a quienes les hace concentrar sus esfuerzos casi exclusivamente en su propia subsistencia.
Resulta, por lo menos, paradójico que estas reflexiones escritas hace casi dos siglos y destinadas al sistema democrático estadounidense, encuentren un correlato casi a medida de la realidad actual de nuestro país.
A más de seis meses del Decreto de Necesidad y Urgencia que limitó drásticamente las libertades constitucionales, aniquiló la actividad económica y afectó seriamente la salud mental de la población, el gobierno nacional parece no encontrar, o no querer encontrar, un horizonte viable para la vuelta a la normalidad. Y con normalidad no me refiero solamente a la libertad de tránsito. Sino a la posibilidad de que cualquier persona desarrolle aquellas actividades con las cuales otorga sustento a su familia y a muchas más. A la capacidad de cualquier ciudadano o ciudadana de decidir sobre su vida cotidiana y sus bienes.
Nadie en su sano juicio duda que la pandemia es un problema global que afectó y afecta a todos. Pero sostener como principal estrategia el aislamiento, el miedo y la restricción de las libertades individuales es una ilusión, cuando no una deliberada forma de disciplinar a la sociedad y la única manera que encuentran para ocultar la falta de estrategia para dirigir este país. Imponer miedo para coartar y dominar, y lo que es peor, para tapar las tremendas consecuencias que ocasionará la escalada del dólar, la fuga de empresas, la caída en la recaudación, la desconfianza generalizada, y las filas en Consulados y Embajadas de quienes ya no aguantan más.
Estamos viviendo en un permanente estado de excepción. Un estado de sitio no declarado en donde la Nación define discrecionalmente casi todo. Desde el envío de recursos a las provincias a la declaración de servicio esencial de la conectividad. Todo esto con el resto de los poderes casi sin funcionar. Sin ningún tipo de control político y con la justicia en una virtual feria eterna.
En nuestra provincia entendemos la gravedad de la situación sanitaria, para eso estuvimos preparándonos durante el tiempo que no tuvimos transmisión comunitaria. Entendemos que los contagios son un hecho y que, eventualmente, debemos convivir con esta realidad. Apelando a las responsabilidades individuales y a administrar de la mejor manera posible los recursos con los que contamos para enfrentarnos a esta situación límite. Pero también sabemos que todos necesitan trabajar. Que las empresas necesitan producir y que es la única forma en la que se puede salir adelante en esta crisis. Sin salud no hay trabajo, pero sin empleo, tampoco hay salud. Es inviable pretender que todos vivan de una ayuda estatal. Ya es insostenible desde el punto de vista fiscal y lo es también desde el moral. Porque la mayoría de nuestros ciudadanos no están acostumbrados, ni quieren hacerlo, a recibir dádivas por parte del gobierno.
En vez de apoyar y reforzar a quienes con coraje y determinación intentan salir a flote, apelando a la responsabilidad ciudadana, la Nación apunta al desgaste y a la extorsión. Retaceando los recursos y presionando por el apoyo a proyectos extemporáneos y amañados.
El permanente cierre de comercios, la caída de la actividad industrial, la pérdida de puestos de trabajo legítimo y el desbarranco de la clase media hacia la pobreza, ya no son efectos “colaterales” de una situación global. Responden a una política pública definida y encarada a partir del aislamiento y la parálisis de la actividad comercial, que tiene como principal excusa una situación de emergencia sanitaria, pero cuyos resultados trascienden y trascenderán ampliamente la situación coyuntural hipotecando las posibilidades de crecimiento y desarrollo de generaciones enteras en la Argentina.
Mucho se escribe y se habla en nuestro país sobre la libertad y las libertades. Sobre los derechos y “los nuevos derechos”. Pero no es más que una retórica destinada a decorar de alguna manera las deslucidas ideas que presentan. Son ideas fuerza para la tribuna pero evidentemente, adolecen del verdadero sentido y valor que les da significado.
Para Tocqueville debía existir un celo extremo de los ciudadanos hacia el Estado, sobre todo cuando éste intenta limitar las libertades individuales “Es siempre un gran crimen restringir o destruir la libertad de un pueblo bajo el pretexto de que no la sabe usar”. Amparar bajo la excusa de la pandemia, hacer silencio frente a los atropellos es, en todo caso, asumir una actitud de cómplices y alcahuetes, pero no una posición política. Y más pronto que tarde, la Patria se los va a demandar.
