La tregua en el conflicto con los anestesiólogos también le puso pausa a uno de los clásicos de la política durante la actual gestión: las críticas desde el justicialismo a la gestión de la ministra de Salud. Como muy bien se advierte en otro artículo de esta sección de Los Andes, no es un dato más que desde el gobierno provincial hayan aceptado modificar el proyecto de emergencia con tal de que fuese ley lo más rápido posible.
Pero repasemos algunos de los cruces políticos por la gestión en Salud, especialmente a partir de la pandemia. Hace un año el justicialismo miraba en detalle cada número estadístico del gobierno local en materia de salud para encontrar alguna debilidad que le permitiese embestir contra la conducción del área. Era una manera práctica de intentar contrarrestar la fuerte crítica que, con mucha lógica, recaía sobre las autoridades nacionales por el manejo de la pandemia. Y no sólo eran críticas de la oposición nacional, sino, principalmente, de gran parte de la sociedad.
Luego de mucho tironeo, el gobierno de Suárez aceptó que la ministra Nadal concurriese a la Legislatura a responder las inquietudes del peronismo. El Ejecutivo argumentaba que periódicamente remitían a las cámaras informes por escrito a modo de respuesta a los requerimientos que partían de los despachos del PJ. Pero no era suficiente para la oposición. Hacía falta la presencia de la ministra de Salud. Y el oficialismo terminó aceptando.
Las inquietudes pasaban, fundamentalmente, por la ocupación hospitalaria existente en esos momentos, pacientes que se habían recuperado del Covid-19, número de fallecidos, presencialidad o no en las aulas por razones sanitarias y otros argumentos que el peronismo tenía en la mano para intentar mantener activa la discusión política.
En ese tenso mayo de 2021 mucho contribuyeron para que el Gobierno liberara a la ministra de Salud las sugerencias del Vicegobernador y legisladores de Cambia Mendoza. En el oficialismo estaban seguros de poder otorgarle la correspondiente contención a una funcionaria que debía someterse a la supuesta ferocidad de los representantes de la oposición.
En el PJ aclaraban, por su lado, que lo que pretendían era exigir una rendición de cuentas a la ministra Nadal, pero sin que ello supusiera una falta de consideración hacia la investidura de la funcionaria. En la práctica, lo que ocurrió fue que todos bajaron decibeles en el principal sector de la oposición luego de varios días de declaraciones públicas subidas de tono que hacían temer por una interpelación en términos para nada políticos.
Sin embargo, la esperada visita ministerial a la bicameral encargada del seguimiento y control de las políticas sobre el Covid-19 en la provincia no pudo escapar al clima de tensión política que se aventuraba. Mucho contribuyó a ello la muy criticada decisión del oficialismo de no permitir la presencia de periodistas en la interpelación. Una aberración. Esa postura volvió a predisponer mal a diputados y senadores del PJ, donde nadie se manifestó conforme.
La ministra Nadal siempre constituyó una fuerte apuesta del gobernador Suárez, independientemente de la necesidad de hacerse cargo de la conducción política de un fenómeno inesperado, como fue la pandemia. Pero, el abordaje de las políticas para hacer frente al virus terminó potenciando la confianza depositada en la funcionaria. Esa alta valoración por su funcionaria llevó al Gobernador a exigir que fuese defendida a capa y espada, muy especialmente en los tiempos difíciles de los contagios.
El de los profesionales de la salud es un problema aparte. Tal vez por ello esta vez hubo acuerdo para acomodar el proyecto de ley que creó el Ejecutivo, más allá de las diferencias y críticas cruzadas una vez más vertidas desde las bancas.
La necesidad de actuar con premura fue reconocida a ambos lados de la “grieta”. Fueron posturas demostrativas de que la actitud de los demandantes esta vez sí merecía celeridad en las decisiones.
Nadie se puede dar por desentendido. Algo está funcionando mal. Médicos de distintas especialidades dejan sus lugares en el Estado provincial para iniciar actividades en lugares mucho mejor remunerados, en otras provincias o directamente fuera del país.
Hasta la reciente eclosión de los anestesiólogos, los profesionales médicos mendocinos prácticamente no habían planteado a la política sus problemas. Sí admitían carencias para poder desempeñarse, pero siempre se supo que, en mayor o menor medida, la guerra contra el coronavirus supo de falencias prácticamente en todo el país. Como se ha dicho en más de una oportunidad, los reproches, que no eran pocos, no llegaban a tener un color político determinado. Todo fue un aprendizaje desde que el virus pisó suelo argentino.
Por lo tanto, la actual tregua (dicen que aún nadie puede cantar victoria cuando de pandemia se trata) permite a los profesionales expresar su descontento e inquietudes y plantear una situación límite, como a la que condujeron los anestesiólogos a gobierno y oposición en nuestra provincia.
Y no es menor (todo lo contrario, en realidad), que luego de la aprobación de la ley que quería el Ejecutivo, pero con reformas que sugirió la oposición, se diera paso a la primera cita de una mesa de diálogo con los anestesistas. Un ámbito que en cuatro meses deberá encontrar la llave que evite que en materia de salud la explosión sea inevitable.
