Con el propósito de aportar soluciones frente al duro déficit habitacional del país, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, anunció que saldrá a comprar tierras como parte del proceso de gestión de suelo urbano para alcanzar la construcción de 240.000 viviendas.
Lejos está esta operatoria de cubrir la demanda de techo propio de miles de argentinos, pero es un paso que puede ir arrimando alivio a muchos conciudadanos que no pueden acceder a la casa propia.
La Nación anunció que adquirirá tierras para unidades habitacionales populares hasta 2023, dentro de los planes Procrear. Con este cometido, se formalizarán licitaciones públicas para que el Estado adquiera los dominios que ofrezcan propietarios del sector privado.
Lo interesante es que el ministro de la cartera, Jorge Ferraresi, aclaró que no habrá expropiación de terrenos para este programa de compra de inmuebles, lo cual en principio podría haberse considerado un avance sobre la propiedad privada, sino que los oferentes determinarán los precios de venta de sus tierras a valores convenientes para ellos y aceptables por las oficinas públicas que se encarguen de hacer las transacciones.
El propio funcionario afirmó que no debían preocuparse los vecinos de Argentina que ofrezcan terrenos con destino a la construcción de unidades habitacionales. De cumplirse la cláusula licitatoria, no habría perjuicio para ninguna de las partes.
En el marco del plan de suelo urbano, el Estado contempla distintas estrategias para la generación de espacios aptos para construir viviendas destinadas a familias de clase media y baja, para acceso a la primera vivienda.
La palabra oficial es que la compra de terrenos se hará en áreas consolidadas de ciudades o pueblos donde los propietarios no hayan desarrollado propuestas privadas y ofrezcan al Estado predios dentro de planes de desarrollo urbano en coordinación con los gobiernos locales.
Por ello, la gestión de tierras anunciada involucra a múltiples actores, sean particulares, comunitarios o gubernamentales, en los niveles municipal, provincial y nacional.
Asimismo, las tierras a adquirir deberán responder a localizaciones y superficies requeridas para el desarrollo de los proyectos previstos en la planificación habitacional previa.
Los beneficiarios podrán acceder con créditos hipotecarios a tasa cero, a reembolsar en cuotas de hasta 25% del ingreso familiar y variable por el índice de ajuste salarial, y con pago en hasta 360 meses.
El Plan Nacional de Suelos contempla también la disponibilidad de tierras a través de acuerdos con provincias y municipios, ya sea mediante compras del Estado Nacional, o inversión conjunta con el sector privado.
Sólo en casos de terrenos abandonados, se activaría el mecanismo de expropiación con destino a construcción de viviendas.
Para la etapa de consolidación de los planes habitacionales, algunos especialistas indican que sería importante contar con el aporte académico de las facultades, así como se acordó entre la Universidad Nacional de La Plata y el ministerio competente.
Otras opciones previstas incluyen la gestión de áreas no consolidadas urbanizables, donde el Estado adquirirá macizos para lotear terrenos a adjudicar con créditos individuales para construcción de viviendas, y la de propietarios de terrenos que han loteado, aunque sin posibilidad de construir.
Asimismo, se contempla la figura de los consorcios urbanísticos, que es cuando el propietario, sin desprenderse de la tierra, se asocia con el Estado que invierte en la construcción de viviendas o loteo de terrenos.
