El presidente Alberto Fernández fue rescatado desde Santa Fe por un modesto juez de provincia y un gobernador afligido.
Fabián Lorenzini, juez en el concurso de la empresa Vicentin, tomó el decreto presidencial de intervención, lo dejó a un costado de su escritorio, admitió que el Estado nacional colabore con veedores, y se mantuvo en el rol que la ley le asigna.
El gobernador santafesino Omar Perotti le recordó por enésima vez al Presidente el tajo irremediable que estaba abriendo en su relación con la sociedad; le recomendó abstenerse de una visita a Rosario -y no precisamente por razones de salud- y consiguió que ponga en pausa el proyecto de ley de expropiación.
Desde Córdoba y con la misma preocupación, Juan Schiaretti coincidió. Un pronunciamiento unánime y contundente del empresariado cordobés le pidió con altura que aporte una dosis de sensatez. Los diputados del peronismo cordobés le esquivaron al proyecto de expropiación cuando Perotti ya anunciaba lo mismo desde Olivos.
¿Por qué la moderación jaqueada de un gobernador tuvo que rescatar la moderación agónica de Alberto Fernández? ¿Por qué el Presidente quedó enfrentado a una reacción social en ciernes, que pese a las restricciones de la cuarentena le promete banderazos persistentes, de protesta y contestación?
Hay una razón política de primer orden: Cristina Fernández, más que expropiar Vicentin, intervino en la Presidencia.
La breve conferencia de prensa en la que Alberto Fernández anunció la idea de expropiar la cerealera -custodiado por una senadora, pretoriana de su vice- fue la mayor donación voluntaria de capital simbólico, del Presidente hacia su jefatura política, desde su asunción en diciembre pasado.
¿Y por qué ese daño a la investidura presidencial resultó más perjudicial que otros tantos desgastes pergeñados en el Instituto Patria? Porque Cristina saltó de su agenda judicial y parlamentaria al manejo central de la economía. El caso Vicentin fue percibido como una amenaza concreta a la propiedad construida con el esfuerzo privado.
¿Por qué Cristina acelera de ese modo su presión sobre la Casa Rosada? ¿Qué escenario inmediato está leyendo la estratega de la presidencia vicaria?
Néstor Kirchner solía recordarle a sus allegados: hay dos insumos de gobernabilidad inevitables en Argentina. Uno es la reserva de dólares en el Banco Central. El otro es el control de la calle. Para disputar el poder, Kirchner siempre pensó a la política en los términos pragmáticos de la convertibilidad. Y a la sociedad con los criterios restrictivos de un feudo.
Cristina percibe hoy un escenario social devastador, con una emergencia sanitaria peor que extensa, irresuelta. Sin horizonte de salida. Con el ánimo social exhausto y el proceso de contagios en alza, en especial en el conurbano bonaerense, su trinchera electoral. Con el prestigio de los asesores científicos del Gobierno dañado por pronósticos inexactos y alguna que otra dosis de soberbia política.
Observa también que la destrucción de la economía es inocultable. ¿Cuarentena o pandemia?. Es una discusión semántica irrelevante. Nadie admite ya las opiniones que posponen todo para el día después. Es un argumento que genera irritación. En especial en los sectores más vulnerables, la base electoral del oficialismo.
En medio de la travesía por el desierto, el Gobierno también descubre que se está quedando sin combustible. Se gastó todo el keynesianismo que tenía reservado para el año electoral en la emergencia sanitaria que aún no termina. A medida que se flexibilice la cuarentena eterna, la emisión monetaria descontrolada comenzará a demandar que se esterilice algo del circulante. Inflación más recesión seguirá siendo el virus después del virus.
La inversión privada externa ya se aleja de ese país. ¿Cómo responsabilizar a otros de la retirada de Latam cuando el sindicalista Pablo Biró extorsiona al Presidente ofreciendo su hangar para apropiarse de aviones ajenos? Hace la cuenta en dólares de los subsidios y aportes que administará si Aerolíneas absorbe a los trabajadores cesantes. Biró también es capitalista. No piensa renunciar a su banderazo.
Queda entonces, para el Gobierno, rezar para que no se cierre del todo el crédito externo. Eso explica por qué el ministro Martín Guzmán prorrogó la negociación del default. Se prepara para discutir su enésima última oferta.
El ministro de la deuda externa ya navega sin brújula. Su mentor, Joseph Stiglitz, le dibujó un mundo financiero global devastado por la pandemia, que arreglaría la deuda argentina por monedas. Nada de eso ocurrió. Los meses pasan y no sólo se encarece la solución: los acreedores ahora plantean que el país debe acordar un plan con el FMI.
En esa discusión surgen nuevas revelaciones. Los bonistas piden algún incentivo, como un bono atado a las exportaciones. Y cláusulas legales menos estrictas que aquellas que firmó Mauricio Macri. El viejo mito del desendeudamiento kirchnerista se descascara. Se vé que el bono lavagnista, atado al PIB, resultó carísimo y no resolvió el default. Lo hicieron el macrismo y los gobernadores del PJ, aprobando en el Congreso el pago a los fondos buitre.
La idea clave de la tesis universitaria de Guzmán ha caducado. No la salvó ni el suspicaz amparo conceptual del principal acreedor, el FMI. A la hora de los bifes, poco interesa la sustentabilidad académica de la deuda, si no se respalda en la sustentabilidad cotidiana de la economía.
* Corresponsalía en Buenos Aires
