Hace 35 años, Brasil y Argentina coincidían en la restauración democrática. El último día de noviembre de 1985, en Foz de Iguazú, los presidentes José Sarney y Raúl Alfonsín protagonizaron una reunión histórica, que sentó las bases del Mercosur.
Se comprometieron a dejar atrás las mutuas desconfianzas que habían marcado las relaciones diplomáticas entre dos países vecinos; desconfianzas que habían llevado a que las respectivas fuerzas armadas imaginaran hipótesis de guerra.
La idea alternativa que forjaron aquellos presidentes, aunque utópica, fue promover una alianza supranacional semejante a la Unión Europea. Ellos daban el primer paso, pero de inmediato estimularían la incorporación de otros países.
Sabemos que el Mercosur no alcanzó a completar aquel sueño. Los miembros plenos nunca pasaron de ser cuatro, ya que a Brasil y Argentina sólo se sumaron en igualdad de condiciones Uruguay y Paraguay. Tampoco se avanzó todo lo necesario para imitar el modelo europeo. No obstante, se crearon múltiples mecanismos de cooperación y se desecharon para siempre las conjeturas de conflictos armados.
Aquella fecha histórica se convirtió en un símbolo que ambos países conmemoraran: el Día de la Amistad.
Como los actuales presidentes Jair Bolsonaro y Alberto Fernández se han mostrado distantes el uno del otro por supuestas diferencias ideológicas, hace casi un año que las relaciones entre Brasil y Argentina fueron puestas entre paréntesis. Hubo algunas reuniones formales en el marco del Mercosur, pero no se registró ningún avance concreto.
Por lo tanto, resulta muy auspicioso saber que el Día de la Amistad los presidentes mantuvieron una videoconferencia en la que se comprometieron a reactivar al Mercosur y la cooperación bilateral.
“Queremos que cada día crezca más la integración con Brasil”, dijo nuestro Presidente.
Es lo que correspondía. La relación entre dos países no puede depender de la ideología de quienes circunstancialmente los gobiernen.
En el marco de la democracia y el Estado de derecho, esa decisión le corresponde a cada sociedad cuando vota.
Por eso mismo, en cada nación, las líneas directrices de la política internacional integran el paquete más importante de las políticas de Estado que los distintos partidos acuerdan de modo periódico para que la proyección supranacional de su país no experimente perniciosas oscilaciones con cada cambio de gobierno.
Si algo semejante se admitiese como posible, para volver al ejemplo que tomaron Alfonsín y Sarney en su momento, la Unión Europea, con todas sus instituciones y sus normas, jamás hubiera sido posible.
De hecho, en nuestra región, la Alianza del Pacífico –integrada por México, Colombia, Perú y Chile–, al aceptar ese principio básico ha logrado una gran integración en muy poco tiempo.
Como contrapartida, coaliciones por afinidad ideológica, como la Alianza Bolivariana (Alba), no han demostrado viabilidad, ya que circunscribieron la unidad al sesgo político de quien gobierna en cada caso.
En otras palabras, la misma política de consenso que debe regir las cuestiones internas debe aplicarse a las alianzas regionales.
