Muchas y autorizadas voces se han expedido sobre la inviabilidad de Portezuelo del Viento y lo han hecho desde diversos enfoques: hidrológico, energético, jurídico, económico, financiero, ambiental, político, regional, etc.
Hoy la situación ha quedado en un limbo, alimentado por el miedo al costo político de asumir la realidad y por la especulación mediocre de una puja interna sobre quién va a hacer el plan B, para el destino de los 1.000 millones de dólares.
Pero resulta que el cambio de destino, requiere que el Gobierno Provincial se siente con el Gobierno Nacional para acordar un nuevo convenio.
¿Puede hacerse eso sin el respaldo de la amplia mayoría de las fuerzas políticas, productivas, de los trabajadores organizados, de las organizaciones sociales y ambientales?
La legítima dimensión de la política se debe basar en el interés del pueblo y de la provincia y eso está dejado de lado.
Dentro de la larga crisis nacional, Mendoza tiene una propia y mucho más preocupante, que se traduce en una declinación de la producción, el agotamiento de su modelo, la falta de trabajo digno y consecuencias para el Estado como la caída de la recaudación y el crecimiento de la deuda a niveles insostenibles.
Aumenta día a día la sensación de ausencia de futuro y la resignación a no poder hacer nada para cambiarla. ¿Es la resignación una salida? ¿Es el desinterés por la cosa pública la respuesta? ¿Es la descalificación de “clase o casta política” un camino viable?
¿No es este el momento de comprender que nos tenemos que involucrar Todos en la construcción de un modelo social, ambiental y económicamente sostenible para las próximas décadas?
¿No es imprescindible la construcción colectiva de un Plan Estratégico participativo con el involucramiento de todas las instituciones y organizaciones de la comunidad? Universidades, organismos de ciencia y tecnología, partidos políticos, CGT, CTA, sindicatos, centros de estudiantes, municipios, movimientos sociales, organizaciones culturales, artísticas y deportivas, movimientos vecinalistas, organizaciones de adultos mayores, cámaras empresariales, colegios profesionales y toda institución de bien público, deberían participar.
Una decisión que afecta a las próximas décadas no puede ser tomada por este Gobierno porque trasciende a su gestión. Tampoco por la Legislatura sin una verdadera consulta popular organizada y participativa, condición indispensable de una política moderna al servicio del Pueblo.
Debemos participar todos, para lograr la mejor síntesis de todas las ideas en danza. Obras de irrigación y de agua potable para el equilibrio territorial, generación de energía solar e hidroeléctrica, conectividad energética e informática, vivienda social distribuida en los municipios, infraestructura cultural y educativa, integración vial, créditos para agro e industria, promoción de industrias creativas, etc., son algunos de los ejemplos del debate que nos debemos.
Por eso, finalmente decimos: “Con los ciudadanos, todo, sin los ciudadanos, nada”.
*El autor es ingeniero agrónomo. Ex rector de la UNCuyo
