Las estimaciones de crecimiento para el 2021 pasaron de 0,2 puntos al 6,4%. De esta forma, no se logrará recuperar el terreno perdido en el 2020. De poder materializarse esta proyección, la economía argentina se encontrará en diciembre un 4,1% por debajo del cierre de 2019. En este contexto, sobre el nivel de déficit fiscal no hubo variaciones significativas. En semanas donde a la tensión interna por el ajuste de tarifas de servicios públicos y subsidios, se le suman las negociaciones con el FMI.
Esta presión en torno al ajuste fiscal se traduce en medidas concretas. Por un lado, un sector del gobierno busca mantener el cuasi congelamiento de tarifas de servicios públicos (aumento de 9% de la luz y un tope del 7% en el gas). Por otro lado, incrementar la ayuda social, nuevamente con el programa ATP para las empresas y el IFE (una extensión del bono de $15.000) y un bono extra para jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH. Ya se pagó un bono para beneficiarios de AUH y monotributistas, categorías “A” y “B” que cobran Asignación Familiar solo para el AMBA, y tuvo un impacto fiscal de $16.500 millones de pesos. Por último, un aumento de retenciones a la soja y el trigo, entre otras.
No obstante, lo concreto hasta el día de la fecha, con el objeto de acomodar las finanzas públicas e iniciar un sendero de reducción fiscal, fueron los tres mayores recortes (en términos reales) jubilaciones y pensiones, AUH (y programas sociales) y salarios públicos. Los haberes jubilatorios y pensiones, junto con la AUH tuvieron un incremento de 8,07% a partir de marzo de 2021. Mientras que la inflación acumulada fue del 13% en el primer trimestre de 2021.
Dada la situación reinante dentro del propio gobierno y Hacienda, mantener la política de tarifas cuasi congeladas implicaría un gasto extra en subsidios económicos cercano al 0,7% del PBI. O dicho de otra forma, un costo de 260.000 millones extra a lo presupuestado para el año 2021, gasto extra que si bien podría compensarse por el lado de mayores ingresos fiscales derivados de la suba de la soja que ya roza los u$s600 (+ 91% interanual) y el maíz que subió más del 100% en los últimos 12 meses, no iría de la mano con la reducción fiscal planteada desde Economía, seguiría contribuyendo a la distorsión de precios relativos y tampoco sería una buena señal de cara a las negociaciones con el FMI. Dichos ingresos extra por retenciones serían aproximadamente unos $280.000 o $300.000 millones. Como así también los del impuesto a la riqueza, que tampoco figuraban en el presupuesto 2021 y que llevan recaudado más de $223.000 millones. También se incrementó a $250.000 millones el beneficio de la tarjeta alimentaria. Siendo la partida original del Presupuesto 2021 de $90.000 millones, con este cambio, se generó un gasto adicional de $160.000 millones.
Lo cierto es que desde el Palacio de Hacienda, se están concediendo pequeños incrementos en el gasto público, por fuera de lo fijado en el Presupuesto 2021. Y al margen de ello cabe señalar que contarán con ingresos extraordinarios, que rondarán los $500.000 millones, y que no han sido contemplados originalmente. En el primer trimestre del año 2021 el déficit fiscal primario (antes del pago de intereses) fue del 0,2% del PBI y el déficit financiero total (incluyendo intereses) llegó a 0,5% del PBI. La asistencia del BCRA al Tesoro Nacional, asimismo, implicó $190.000 millones (hasta el 4/05). Es decir, $135.000 millones en marzo y $55.000 millones en abril. Durante el 2020, a Mayo de ese año, la emisión ya era de $732.000 millones.
Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la expectativa inflacionaria aumentó 1,3 puntos respecto del mes anterior y alcanzó el 47,3%. Mientras que para 2022 aumentaría hasta 39,6%. La dispersión del mercado supera los 18 puntos. Como contrapartida, el tipo de cambio que se espera para diciembre se encuentra cercano a $113. La tasa de interés, por su parte, que hasta el momento aparece inalterada, descendería hasta 34% para mantenerse constante a lo largo del año.
El primer trimestre mostró una variación del gasto primario. La consolidación de una recuperación dependerá del saneamiento de las cuentas y las finanzas públicas. Más allá de cerrar el gap existente entre ingresos y egresos tras un año muy particular, corregir los desequilibrios estructurales es algo que va mucho más allá de lo que fue el 2020.
En conclusión, en medio de la negociación con el FMI, apelando a una reducción del déficit y de la emisión, desde Economía se busca descomprimir y quitarle posibilidades a un futuro escenario con una nueva crisis cambiaria y con un impacto inflacionario mayor al actual. Siendo este el cuarto año consecutivo de caída del salario real y con aumento permanente de la pobreza, no hay más margen en lo social y en lo político, para un agravamiento de la situación actual, en un año electoral, que licue aún más los ingresos de la mayor parte de la población.
*El autor es Profesor de la Universidad del CEMA
