Hay muchos asuntos que deberían encararse para mejorar la vida de la población, son cuestiones que se postergan o se usan para las campañas electorales o para maquillajes que disimulan los problemas pero siempre dilatando el estudio y propuestas de reformas sostenibles, nos referiremos a algunas de ellas.
Hace pocos días se debatió, otra vez, la fórmula de ajuste de las jubilaciones, que han perdido poder adquisitivo en el gobierno de Alberto Fernández y con los aumentos por decreto del gobierno actual. Seguimos con los cambios de índices de actualización pero las reformas estructurales ni siquiera se debaten, en un país donde de cada tres trabajadores solo uno está registrado, es decir aporta y con el agravante que los jubilados del futuro tendrán una enorme desventaja con los actuales como lo es las dificultades para convertirse en propietarios. A esto debemos sumar cuestiones como la unificación de la edad para jubilarse de hombres y mujeres y la subsistencia en trece provincias argentinas de regímenes jubilatorios insostenibles que son subsidiados por el tesoro nacional al que poco o nada aportan la mayoría de esas provincias. Es indudable que el actual sistema es insostenible y requiere reformas profundas para cambiar las fuentes de financiación ya que los aportes disminuyen como fuente de financiación del sistema.
La discusión sobre el sistema impositivo y la coparticipación es otras de las cuestiones que no se encaran con la seriedad que requiere y en el que predominan los lobbies corporativos por sobre el interés general y la necesidad de modernizar el sistema de ingresos públicos, manteniendo la vigencia de impuestos distorsivos y regímenes de privilegio como el de Tierra del Fuego que se ha convertido en un símbolo del disparate como lo fueran los regímenes de promoción industrial de los 70, fuentes de escándalos y corrupción.
Las discusiones sobre el mal llamado impuesto a las ganancias muestran el anacronismo del sistema fiscal. En todo el mundo desarrollado la base es el impuesto a los ingresos, que genera seis a siete veces más que en la Argentina. Con el IVA, los derechos aduaneros a las importaciones, y los inmobiliarios son la base de la recaudación
No hay ni retenciones a las exportaciones, ni impuestos País ni al cheque. Todos distorsivos y que hacen que los precios se incrementen en perjuicio de los consumidores, porque cuando compramos alimentos una parte substancial del precio son tributos. Ni hablar de los ingresos brutos provinciales una rémora del pasado, también inexistente en los estados desarrollados, donde en estados federales coexisten un Iva federal y otros estadual.
La cuestión de la vivienda es otra asignatura pendiente pues las medidas que se instrumentan desde hace tiempo como el FONAVI solo han servido para promover la “patria contratista”, mientras las carencias se incrementan. En una política de vivienda está el tema de los alquileres, que ha sido objeto de leyes que con el pretexto de asegurar los derechos de los inquilinos solo han agravado el problema. Es que no se registra la realidad de un país donde la economía informal es equivalente a la registrada. Las exigencias para alquilar han alterado el mercado inmobiliario dificultando el acceso a la vivienda, aunque se cuente con ingresos suficientes. Sin embargo, la solución es sencilla, se trata de facilitar el desalojo expeditivo en cuanto el inquilino incurra en incumplimientos. Esto hace innecesario demostrar ingresos y buscar garantes.
Las normas sobre uso del suelo han contribuido al problema porque sus exigencias incrementan los costos que solo pueden cumplir loteos para barrios privados y countries.
El reemplazo de los planes de vivienda estatales por el crédito y usar los fondos públicos para subsidios y garantías a los que por sus ingresos no pueden acceder al financiamiento, es la mejor política de vivienda.
El problema alimenticio de millones de personas expulsadas a la pobreza y la marginalidad desde la crisis del 2001 provocado por ineptitud y corrupción de una dirigencia gobernante, que no fue capaz de aprovechar un escenario internacional ampliamente favorable, para dar un salto adelante en el desarrollo nacional dio lugar a la aparición de los “gerentes de la pobreza”. Solo se atinó a dar planes sociales y subsidiar comedores comunitarios. Además de las trapisondas de los gerentes de la pobreza y burócratas corruptos el hecho de comer fuera de la mesa familiar es una anomalía que debió ser evitada. Se trata solamente de aplicar soluciones como las que imperan en otros países. En los Estados Unidos las familias con carencias reciben apoyo con estampillas o vouchers para adquirir los alimentos en los comercios, como si fuera dinero o tarjeta de débito sin intermediaciones ajenas al estado.
Una población con problemas de nutrición no tiene posibilidades de afrontar con éxito los aprendizajes que le permiten ganarse dignamente la vida y contribuir a la prosperidad social.
Por eso no sólo debe castigarse a los que medran con las necesidades de los grupos carenciados sino encarar las reformas que permitan solucionar esos déficits tan importantes con el fiscal.
* El autor es presidente de la Academia Argentina de la Historia y miembro del Instituto Argentino de Historia Militar.
